Botones Sacarino
Madmaxista
.... según unos papeles desvelados en el programa código 10. El desgobierno de okupación sorosiano habría cerrado (uno de ellos incluso firmado en septiembre según las fuentes) 2 contratos con fondos buitre por más de 100 millones de euros de dinero público para la gestión de la cartera inmobilairia de la Sareb. Uno de ellos sería el fondo buitre Blackstone. Esto se une a la reciente venta de un edificio que perteneció a la hacienda pública a los fondos buitre LAR y Blackstone, para hacer pisos de lujo y una residencia de estudiantes.
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Unos papeles revelados en el programa ‘Código 10’ han sacado a la luz dos adjudicaciones por un total de 115 millones de euros a empresas vinculadas a fondos de inversión para gestionar parte de las viviendas de la Sareb. La documentación apunta a una contradicción entre las críticas del Gobierno a los denominados fondos buitre y la contratación de compañías pertenecientes a estos grupos para administrar ese patrimonio inmobiliario.
Las adjudicatarias son Servihabitat y Aliseda, relacionadas, respectivamente, con Pollen Street Capital y Blackstone. Los encargos afectan a una parte de los inmuebles de la Sareb, la entidad bajo control público cuyo parque residencial el Ejecutivo ha situado entre los recursos para ampliar la oferta de alquiler asequible.
La adjudicación de mayor cuantía corresponde a Servihabitat, con 63 millones de euros. Según la información difundida, el encargo ya ha sido asignado, aunque el contrato todavía no se ha firmado. La compañía pertenece al fondo internacional Pollen Street Capital.
Por su parte, Aliseda, propiedad de Blackstone, ha obtenido un contrato de 52 millones de euros que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2026. Su duración se extiende hasta 2028, con la posibilidad de prolongarlo otros dos años. Blackstone figura entre los grupos a los que el Gobierno ha dirigido sus reproches por su actividad en el mercado de la vivienda.
La información ha sorprendido a Susana Díaz, que ha planteado que el Ejecutivo reconsidere estas decisiones. La ex presidenta andaluza ha señalado que los encargos afectan a viviendas de la Sareb con mayores dificultades para reunir las condiciones necesarias para salir al mercado, aunque esa explicación no le ha impedido defender una rectificación: «Es algo que tiene que reflexionar el Gobierno y que yo no vería mal que dieran marcha atrás, al revés, lo vería bien».
Blackstone, el fondo de inversión inmobiliaria más señalado por miembros del Gobierno y sus socios como buitre en los últimos años, ha conseguido a través de Aliseda un contrato de 52,45 millones de euros con la Sareb, la sociedad controlada por el Estado, según ha confirmado El Mundo. El acuerdo encomienda a su gestora la administración de activos inmobiliarios, incluidas viviendas sociales, y se extiende hasta diciembre de 2028, con posibilidad de prolongarlo hasta 2030.
Entre las tareas adjudicadas figura la preparación de inmuebles para su incorporación a Casa 47, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda. La Sareb ha reservado más de 40.000 viviendas para ese traspaso, un proceso que requiere actuaciones para garantizar su habitabilidad. Aliseda también se encargará de vender pisos, locales y terrenos, administrar alquileres y elaborar informes sobre impagos y arrendatarios vulnerables. El contrato incluye la gestión de ocupaciones y la recuperación de la posesión de inmuebles, siempre bajo las instrucciones de Sareb.
La adjudicación contrasta con los mensajes que el Ejecutivo ha empleado para defender sus decretos de vivienda. «O se está con los buitres o con la gente», afirmó Isabel Rodríguez antes de la votación del viernes. Sánchez había declarado la víspera: «Me gusta ser traidor a los fondos buitre». Sin embargo, según el periódico, el contrato con la filial de Blackstone quedó firmado en agosto, mientras la ministra preparaba las medidas que posteriormente fueron rechazadas por el Congreso.
El acuerdo amplía las funciones que Aliseda desempeñaba desde 2022 y fue comunicado internamente a los trabajadores de Sareb el mes pasado, aunque no se ha difundido una nota oficial sobre su firma. Aliseda y Servihabitat habían obtenido las mejores puntuaciones del concurso. El consejo de administración ya ha autorizado el contrato de la primera, mientras que la adjudicación correspondiente a la segunda permanece pendiente de una impugnación que podría resolverse en octubre, de acuerdo con EL MUNDO.
Blackstone se convirtió en uno de los mayores propietarios de vivienda en España mediante compras de carteras procedentes de antiguas cajas de ahorros y administraciones públicas, y llegó a gestionar más de 30.000 pisos a través de sus filiales. Aunque ha reducido su patrimonio residencial, mantiene una presencia destacada en el país. El fondo, que ha negado las irregularidades denunciadas por algunos inquilinos, conserva ahora mediante este contrato un papel relevante en la gestión de inmuebles destinados a ampliar el parque público.
La escasez de oferta constituye, además, uno de los factores que el grupo identifica como respaldo para su negocio residencial. En su informe anual compara las 118.692 viviendas construidas al año con las 714.005 del periodo 2003-2007 y añade la previsión de que la población aumente en cinco millones de personas en quince años. Su diagnóstico apunta a que esa combinación de demanda creciente y construcción insuficiente sostiene la fortaleza de los precios, precisamente en un mercado cuya falta de vivienda asequible el Gobierno pretende combatir.
El Gobierno vendió un edificio al fondo Blackrock
Los dos contratos del Gobierno con empresas vinculadas a fondos buitre: "La prueba documental de la hipocresía"
El Gobierno de Sánchez cerró dos contratos con empresas vinculadas a fondos buitre por más de 100 millones de euros.
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Unos papeles revelados en el programa ‘Código 10’ han sacado a la luz dos adjudicaciones por un total de 115 millones de euros a empresas vinculadas a fondos de inversión para gestionar parte de las viviendas de la Sareb. La documentación apunta a una contradicción entre las críticas del Gobierno a los denominados fondos buitre y la contratación de compañías pertenecientes a estos grupos para administrar ese patrimonio inmobiliario.
Las adjudicatarias son Servihabitat y Aliseda, relacionadas, respectivamente, con Pollen Street Capital y Blackstone. Los encargos afectan a una parte de los inmuebles de la Sareb, la entidad bajo control público cuyo parque residencial el Ejecutivo ha situado entre los recursos para ampliar la oferta de alquiler asequible.
La adjudicación de mayor cuantía corresponde a Servihabitat, con 63 millones de euros. Según la información difundida, el encargo ya ha sido asignado, aunque el contrato todavía no se ha firmado. La compañía pertenece al fondo internacional Pollen Street Capital.
Por su parte, Aliseda, propiedad de Blackstone, ha obtenido un contrato de 52 millones de euros que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2026. Su duración se extiende hasta 2028, con la posibilidad de prolongarlo otros dos años. Blackstone figura entre los grupos a los que el Gobierno ha dirigido sus reproches por su actividad en el mercado de la vivienda.
La información ha sorprendido a Susana Díaz, que ha planteado que el Ejecutivo reconsidere estas decisiones. La ex presidenta andaluza ha señalado que los encargos afectan a viviendas de la Sareb con mayores dificultades para reunir las condiciones necesarias para salir al mercado, aunque esa explicación no le ha impedido defender una rectificación: «Es algo que tiene que reflexionar el Gobierno y que yo no vería mal que dieran marcha atrás, al revés, lo vería bien».
Blackstone, el fondo de inversión inmobiliaria más señalado por miembros del Gobierno y sus socios como buitre en los últimos años, ha conseguido a través de Aliseda un contrato de 52,45 millones de euros con la Sareb, la sociedad controlada por el Estado, según ha confirmado El Mundo. El acuerdo encomienda a su gestora la administración de activos inmobiliarios, incluidas viviendas sociales, y se extiende hasta diciembre de 2028, con posibilidad de prolongarlo hasta 2030.
Entre las tareas adjudicadas figura la preparación de inmuebles para su incorporación a Casa 47, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda. La Sareb ha reservado más de 40.000 viviendas para ese traspaso, un proceso que requiere actuaciones para garantizar su habitabilidad. Aliseda también se encargará de vender pisos, locales y terrenos, administrar alquileres y elaborar informes sobre impagos y arrendatarios vulnerables. El contrato incluye la gestión de ocupaciones y la recuperación de la posesión de inmuebles, siempre bajo las instrucciones de Sareb.
La adjudicación contrasta con los mensajes que el Ejecutivo ha empleado para defender sus decretos de vivienda. «O se está con los buitres o con la gente», afirmó Isabel Rodríguez antes de la votación del viernes. Sánchez había declarado la víspera: «Me gusta ser traidor a los fondos buitre». Sin embargo, según el periódico, el contrato con la filial de Blackstone quedó firmado en agosto, mientras la ministra preparaba las medidas que posteriormente fueron rechazadas por el Congreso.
El acuerdo amplía las funciones que Aliseda desempeñaba desde 2022 y fue comunicado internamente a los trabajadores de Sareb el mes pasado, aunque no se ha difundido una nota oficial sobre su firma. Aliseda y Servihabitat habían obtenido las mejores puntuaciones del concurso. El consejo de administración ya ha autorizado el contrato de la primera, mientras que la adjudicación correspondiente a la segunda permanece pendiente de una impugnación que podría resolverse en octubre, de acuerdo con EL MUNDO.
Blackstone se convirtió en uno de los mayores propietarios de vivienda en España mediante compras de carteras procedentes de antiguas cajas de ahorros y administraciones públicas, y llegó a gestionar más de 30.000 pisos a través de sus filiales. Aunque ha reducido su patrimonio residencial, mantiene una presencia destacada en el país. El fondo, que ha negado las irregularidades denunciadas por algunos inquilinos, conserva ahora mediante este contrato un papel relevante en la gestión de inmuebles destinados a ampliar el parque público.
La escasez de oferta constituye, además, uno de los factores que el grupo identifica como respaldo para su negocio residencial. En su informe anual compara las 118.692 viviendas construidas al año con las 714.005 del periodo 2003-2007 y añade la previsión de que la población aumente en cinco millones de personas en quince años. Su diagnóstico apunta a que esa combinación de demanda creciente y construcción insuficiente sostiene la fortaleza de los precios, precisamente en un mercado cuya falta de vivienda asequible el Gobierno pretende combatir.
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