El propietario de una vivienda ocupada ilegalmente debe responder por los daños derivados de un incendio en la misma

Un piso ocupado arde y la Audiencia culpa al propietario​

¿Cómo se evita un incendio en una casa en la que no puedes entrar? La Audiencia Provincial de Tarragona considera que la propietaria de un piso ocupado ilegalmente que ardió el 1 de enero de 2020 en Deltebre (Cataluña) responde de los daños causados a la comunidad de vecinos, aunque no tuviera la posesión del inmueble. El fuego, de origen desconocido, se propagó con el humo hasta las dos plantas del edificio. La resolución, difundida el 22 de diciembre de 2023, no deja margen: responsabilidad extracontractual de la dueña, que —esto es lo que escuece— no realizó ninguna actividad diligente para evitar el daño.

Sin perjuicio, eso sí, de su derecho a repetir contra los ocupantes si se acredita que el siniestro nació de su conducta. Ese matiz ha bastado para encender la mecha.

¿Quién responde por los daños del incendio en un piso ocupado?​

Responde el titular del inmueble, y responde aunque no haya pisado la casa en años. El razonamiento se apoya en la responsabilidad extracontractual: la propiedad no queda exenta de su deber de conservación porque un tercero haya tomado el inmueble por la fuerza. Para la Sala, la dueña no desplegó actividad diligente alguna orientada a impedir el daño.

Ahí arranca el problema. Sin llaves, sin acceso y con la vía judicial atascada, la diligencia exigible se convierte en una aspiración. Como apunta un participante, actuar por cuenta propia —cambiar la cerradura, tapiar, entrar— puede acabar calificado como realización arbitraria del propio derecho, esto es, como delito. La trampa queda dibujada: no puedes entrar y, si entras, delinquen; y como no entras, pagas. Y entre lo pagado están los desperfectos de las viviendas vecinas, alcanzadas por el humo hasta las dos plantas del edificio.

¿Por qué se libra la aseguradora del edificio?​

Porque la sentencia coloca la factura en el patrimonio del propietario y no en el de la compañía, un reparto que ha sorprendido tanto como la propia condena. La comunidad afectada cobra del dueño del piso siniestrado, no de una póliza. Y flota la pregunta incómoda: ¿para qué paga su seguro quien no puede echar al inquilino que no invitó?

El contraste con otros litigios civiles es inevitable. Como resume un participante, en muchos siniestros con causante identificado la aseguradora indemniza y después repite contra quien originó el daño. Aquí el origen del fuego nunca se determinó, y esa ausencia, lejos de diluir responsabilidades, las ha desplazado al eslabón más fácil de localizar. Hay quien anticipa un recurso de casación que fije doctrina, aunque a la fecha de esta discusión no consta desenlace posterior.

El Estado que no desaloja y la ley que no se aprueba​

Existe un tercer sospechoso en esta discusión: la administración. La línea argumental es sencilla. Si el desalojo se hubiera ejecutado cuando se denunció la ocupación, no habría habido fuego, ni humo, ni daños en dos plantas. Desde ese punto de vista, la negligencia no nació en el salón del piso ocupado, sino en el atasco institucional.

La propuesta que más circula apunta al legislador: una norma que permita recuperar la posesión en plazos cortos y sin años de procedimiento. Se sostiene, además, que la propiedad sigue asumiendo cuotas de comunidad, suministros, basuras e IBI de una vivienda que no puede usar mientras el expediente duerme. Son afirmaciones de quienes describen el sistema como un embudo, y conviene tratarlas como lo que son: el resumen amargo de una experiencia, no una estadística oficial.

Ruina, demolición y más de 50.000 euros por un fuego que no encendió el dueño​

Los casos que nunca llegan a los tribunales son los que más duelen. Se relata el de un edificio incendiado por quienes lo ocupaban y que su propietario llevaba años intentando desalojar: además de responder por los daños, el ayuntamiento declaró el inmueble en ruina y le obligó a demolerlo pagando licencias, impuestos y tasas. Más de 50.000 euros por una broma que los autores del fuego no abonaron.

Otro relato describe un bloque de viviendas donde el fuego prendió con unas velas en un piso ocupado, dejó las escaleras destrozadas y afectó al vecino de arriba, con la factura acabando, otra vez, en el mismo bolsillo. Se menciona también un local ocupado incendiado en el centro de Barcelona, como prueba de que el fenómeno no es solo residencial. Son experiencias de terceros, no resoluciones firmes: nadie debería leerlas como doctrina. Explican, en cambio, por qué este tipo de sentencias se recibe con la mandíbula apretada.

La resolución tarraconense deja una pregunta abierta y una respuesta demasiado cerrada: el propietario paga primero y, si acaso, ya reclamará después. Que el incendio fuera de origen desconocido es lo de menos. El destinatario de la factura parecía decidido de antemano.