Policia Nacional abate a zaino de 35 años en Coruña, tendremos el George Floyd a la española

A Coruña: un disparo policial y dos relatos que no encajan​

Un agente de la Policía Nacional mata a tiros a un hombre en A Coruña y el suceso deja de ser un suceso en cuanto se conoce su identidad. Ocurre en plenas fechas navideñas. La primera versión hablaba de un varón de 35 años; la identificación posterior situó a la persona fallecida en los 34, nacida en La Habana en 1989, con nacionalidad española y residencia oficial fijada en Torrejón de Ardoz. Entre una cifra y otra caben dos relatos incompatibles, y en España la costumbre es elegir uno antes de saber nada.

Qué se sabe del fallecido y por qué su origen reordena el caso​

Los datos llegaron por goteo y en desorden. El hombre murió por los disparos de un agente; después se supo que tenía nacionalidad española y que había nacido en Cuba. En televisión se repitió que era «de origen cubano». Una parte de las reacciones se agarró a ese detalle para reconducir el asunto hacia la política migratoria; otra lo utilizó para exigir que se dejara de hablar de nacionalidades. La etiqueta que más circuló, hispanocubano, no aclaró gran cosa: servía para describir a la vez a un vecino de Torrejón de Ardoz y a un extranjero, según lo que conviniera al argumento de turno.

Tener 34 años, nacionalidad española y domicilio en el cinturón madrileño no encajaba en ninguno de los dos guiones preparados de antemano. Uno exigía un «George Floyd español»; el otro, un reincidente sin papeles. El caso real estropeaba los dos, y eso explica buena parte de la virulencia de la conversación.

Táser que no funcionan y el manual del uso de la fuerza​

El detalle técnico más discutido es el fracaso de los medios menos letales. Se relató que se emplearon varios lanzamientos de táser que no surtieron efecto porque el hombre llevaba muchas capas de ropa, y que se intentó disparar a las piernas antes de recurrir al resto. En el oficio se repite que a las piernas no se dispara: es un blanco pequeño, se mueve y no garantiza detener a nadie. Otros sostienen justo lo contrario, que un país con controles internos debería poder acreditar un protocolo escalonado y verificable.

Ninguna de las dos cosas puede confirmarse con lo publicado. Y ahí está el problema: se conocen antes las capas de ropa del fallecido que el número de agentes implicados o si existía una orden previa. Ese desequilibrio, más que un vídeo concreto, alimenta la desconfianza. La discusión sobre si el agente merece una paga extra o una medalla —hubo quien lo pidió sin pestañear— dice bastante del nivel del debate.

El precedente de Lavapiés y el miedo a los disturbios​

Sobre la mesa se puso el episodio de Lavapiés, en Madrid: un hombre con problemas cardíacos conocidos sufrió un paro, un policía municipal le practicó la reanimación hasta que llegó la ambulancia, y aun así corrió por redes la versión de un vendedor ambulante perseguido y agredido. Hubo disturbios. Ese precedente funciona hoy como argumento para pedir calma y, en la misma frase, como excusa para no investigar nada.

La pelea de fondo no es si habrá altercados, sino quién los rentabiliza. Se argumenta, desde un lado, que cualquier crítica al agente multiplica los saqueos y los coches incendiados; desde el otro, que precisamente por eso conviene que un juez fije los hechos cuanto antes. También asomó el reflejo de siempre: culpar al gobierno de turno de lo que pasa en la calle y suponer que con el partido contrario en La Moncloa media España estaría ardiendo. Apuestas macabras, todas gratis.

[HEADING=2]El otro suceso de la misma ciudad y el bulo que se adelanta[/HEADING]
En paralelo se difundió la muerte de un peruano de 22 años al que, según ese relato, habrían clavado un cuchillo en el corazón en A Coruña. El dato desmonta la lectura más simple, la que presenta la seguridad ciudadana como un asunto de una sola bandera o de un solo color de piel. La violencia letal en la calle no distingue pasaportes cuando se cuenta por unidades. De ese segundo caso se sabe aún menos: ni autoría confirmada, ni móvil acreditado, ni detenciones hechas públicas.

Circuló además información según la cual algunos cargos del Ayuntamiento de Madrid habrían difundido bulos en un episodio anterior de características parecidas. Conviene manejarlo con pinzas: son señalamientos publicados, no hechos establecidos en firme, y afectan a personas con responsabilidad pública, donde el escrutinio es legítimo y la cautela también. Lo relevante es el patrón. [B]Primero llega el bulo; después, si llega, la corrección[/B], casi nunca con el mismo alcance. Ese ciclo se ha repetido tantas veces que ya nadie espera una versión oficial limpia.

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Hay quien añade a la ecuación el dinero: se repite una cifra, la de [B]20.000 euros de penalización[/B] por cada persona que no se admite en frontera, para sostener que el control migratorio sale caro en los dos sentidos. Es un cálculo que circula, no un dato cerrado, y mezcla seguridad, presupuesto y política en el mismo párrafo.

Que la instrucción judicial acabe aclarando qué pasó en A Coruña es lo razonable. Apostar fuerte a que esa aclaración cambie el relato, en cambio, es de ingenuos: cuando los hechos lleguen —si llegan— buena parte del público ya habrá elegido su versión, y volverá a elegirla en el siguiente caso, con otros nombres y la misma prisa.