Milei autoriza deuda por 2 billones y su promesa de no emitir se tambalea
El gobierno de Javier Milei ha autorizado la emisión de instrumentos de deuda pública por un monto de 2 billones de pesos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 56/2023, publicado en el Boletín Oficial. La medida, destinada a afrontar compromisos previstos para 2023 con vencimiento en el año siguiente, incluye además un incremento de 1 billón en el monto contemplado en la ley de Presupuesto para operaciones con un plazo mínimo de amortización de 90 días, y un aumento de 4.000 millones para la colocación de bonos de consolidación décima serie. La decisión contradice el compromiso de campaña del presidente, que había prometido no imprimir más billetes para combatir la inflación.
Qué dice exactamente el decreto y qué no
El texto oficial establece la emisión de instrumentos de deuda pública para afrontar compromisos previstos para 2023, pero con vencimiento en el próximo año. No se trata, según la lectura técnica que circula, de una emisión de moneda en sentido estricto, sino de deuda. La distinción no es menor: en un sistema de moneda fiduciaria, emitir deuda y emitir moneda son operaciones relacionadas, pero no idénticas. La emisión de deuda para cancelar otra deuda supone, en términos netos, una emisión de moneda de cero.
El decreto también contempla un incremento de 1 billón en el monto autorizado por la ley de Presupuesto para operaciones con plazo mínimo de amortización de 90 días, y 4.000 millones adicionales para bonos de consolidación décima serie. Son cifras que, sumadas, dibujan una operación de reestructuración financiera más que una expansión monetaria pura.
La diferencia entre emitir deuda y emitir billetes
La confusión entre ambos conceptos es el eje del desacuerdo. Una parte del análisis sostiene que la emisión de deuda pública no equivale a imprimir billetes, y que de hecho puede ir en dirección contraria: sirve para «secar» moneda del sistema, contener la inflación e ir introduciendo dólares de forma paulatina. Otra parte responde que, en un sistema fiat con moneda propia, emitir deuda equivale a emitir moneda, y cancelar deuda equivale a destruirla. La diferencia práctica está en el efecto neto: si se emite deuda para cancelar otra deuda, el impacto monetario neto es nulo.
Hay quien va más allá y señala que la medida busca cargarse las Leliqs, los instrumentos que rendían un 133% a los bancos, sustituyéndolos por pases a un día con un rendimiento del 100%. El objetivo sería quitar al banco central de en medio y limpiar el balance. La operación, en ese caso, sería una jugada de reestructuración de pasivos: cambiar deuda a corto plazo por deuda a medio y largo, y ganar tiempo.
El coste de financiación y el problema de fondo
El problema estructural de
Argentina no es solo la emisión, sino el precio al que se financia. Según un cálculo que circula en el debate, los bonos argentinos rinden en torno al 180%, y los pases se han dejado en el 110%. Con esos tipos, cualquier inversión productiva es inviable: si el coste del capital supera el 25% mientras medio mundo se financia al 3%, no hay proyecto que cierre. La discusión sobre si se emite deuda o moneda queda en segundo plano cuando el coste financiero hace imposible pagar la deuda con retornos reales.
La alternativa del default aparece en la conversación. Hacer default destruiría la poca financiación disponible y dejaría al país sin crédito, sin inversión y sin capacidad de reestructurar. La opción de ganar tiempo y reconstruir credibilidad para bajar las tasas a un año vista es la que se defiende desde el lado optimista. El escenario pesimista parte de que la inflación desbocada fuerce igualmente el default, con un nivel de miseria difícil de imaginar.
El apoyo al ajuste y la sombra del incumplimiento
El respaldo a Milei se sostiene sobre la idea de que el ajuste es inevitable y de que cualquier alternativa habría sido peor. Se argumenta que el gobierno lleva apenas dos semanas y que culparlo de todos los males mientras se ignoran los años de desastre previo es un ejercicio de cinismo. La réplica es que la emisión de deuda contradice el discurso de campaña y que la coherencia del relato oficial queda en entredicho.
La discusión deriva hacia el papel del Estado y el sector privado. Una corriente defiende que cuanto menos interviene el Estado, menos corruptelas hay por lógica. Otra responde que el problema no es la intervención en sí, sino la falta de una legislación brutal contra la corrupción, y que los mecanismos de control sin esa legislación funcionan a medio gas. El caso argentino, con ochenta años de peronismo y una élite económica señalada, se usa como ejemplo en ambas direcciones.
Qué puede pasar ahora
La operación de deuda busca limpiar el balance del banco central y ganar tiempo. Si funciona, el efecto sería una reducción del pasivo a corto plazo y una mejora gradual de la credibilidad. Si no funciona, el resultado sería más déficit, más inflación y un default forzado por las circunstancias. La predicción con reservas es que el ajuste genere un rebote económico visible en un par de años, suficiente para una reelección, seguido de un arrastre de entre dos y seis años según cómo se gestione. A partir de ahí, el que venga que apechugue.