El mayor fallo de la matrix que recuerdo fue durante la plan-demian

El confinamiento fue inconstitucional y nadie pagó​

Un dato descoloca a poco que se repase: la norma que encerró a toda la población en su casa durante semanas fue declarada inconstitucional. Y no pasó nada. Ni una condena, ni una indemnización masiva, ni una dimisión. La norma dejó de ser válida a partir de aquel momento, y ahí se agotó todo el castigo. Es la mejor prueba, dicen los críticos, de que los derechos fundamentales no son un blindaje: son un permiso que se puede revocar cuando alguien invoca la fuerza mayor.

Qué se dijo sobre la declaración de inconstitucionalidad​

La resolución que tumbó el encierro domiciliario decretado en 2020 llegó con retraso: para entonces el confinamiento duro ya era historia. El instrumento usado para retener a millones de personas sin haber cometido delito alguno quedaba sin cobertura. El efecto práctico, sin embargo, se agota en lo formal: se anula la norma, no se repara el daño.

Hay quien va más allá y sostiene que ni siquiera tiene sentido discutir su constitucionalidad, porque el estado de alarma no figura como tal entre las figuras previstas: lo que el texto contempla es el estado de sitio, el de guerra o el de excepción. Bajo ese prisma, el encierro no fue un exceso dentro de la ley, sino una herramienta sacada del sombrero a la que después se le dio apariencia jurídica. Muy Paco todo, resumía una intervención.

Por qué una norma anulada no lleva a nadie a prisión​

El argumento más repetido para explicar la ausencia de consecuencias es sencillo: en ningún país del mundo los responsables políticos acaban entre rejas porque una norma que dictaron quede anulada por una instancia superior. Es la misma lógica por la que un juez no va a prisión porque otro tribunal le quite la razón. Equivocarse no es prevaricar, y esa frontera es la que separa la mala gestión del delito.

La réplica no se hace esperar. Si el error de cálculo se hubiera traducido en una norma abiertamente absurda, alguien habría acabado respondiendo. Y de ahí sale la pregunta incómoda: por qué una pérdida de libertad de semanas se archiva como error y no como daño indemnizable. El sistema, dicen los más críticos, solo sabe cerrar el expediente.

Los huertos cerrados y las fincas abiertas​

El recuerdo más amargo que se repite tiene que ver con las excepciones. Se prohibió a los particulares acudir a sus huertos justo en primavera, la estación de plantar: muchos se quedaron sin recoger los cultivos de invierno y sin sembrar los de verano. La excepción era tener animales, porque entonces sí se justificaba ir a darles agua y pienso.

En paralelo, los trabajadores migrantes contratados en las grandes fincas de las multinacionales siguieron acudiendo a trabajar, eso sí, con un límite de tres personas por furgoneta. Dos varas de medir dentro de la misma norma. Y en esa misma línea, el pasaporte COVID, las mascarillas obligatorias en el transporte, los colegios y los hospitales, o la prohibición de estar de pie en la vía pública frente a la terraza donde uno podía sentarse sin protección.

La coerción que no figuraba en ninguna ley​

Durante meses se repitió que nadie estaba obligado a vacunarse. Formalmente, cierto: no hubo una imposición legal directa. Pero el cerco se construyó con prohibiciones que hacían la vida imposible sin el certificado, de modo que la presión administrativa y social funcionó como una obligación de hecho. Se prohibía entrar en un bar a tomar unas cañas, viajar o mantener según qué rutinas sin pasar por el pinchazo.

El resultado fue una obediencia masiva sostenida en el miedo, no en la ley. Y el corolario que muchos extraen es más incómodo: si el permiso se concede y se retira por decreto, la libertad no depende de la Constitución, sino de la correlación de fuerzas de cada momento.

Querellas sin recorrido: el coste de denunciar​

Después del fallo, la vía penal se abrió y se cerró casi al mismo tiempo. Las querellas contra el Ejecutivo fueron tumbadas por la propia Fiscalía, que debía actuar como parte acusatoria. Y quien pensó en llevar el asunto a los tribunales se topó con un muro económico: litigios de esa escala implican costas astronómicas para quien pierde.

Un participante manejaba un cálculo elocuente. Si un 30% de los españoles, ni siquiera la mitad, se hubiera organizado para sostener el pleito, el escenario habría sido otro. La justicia, también, es una cuestión de recursos: sin músculo social dispuesto a pagar el pulso, la causa muere sola.

Del aplauso en los balcones al «solo queda VOX»​

La evolución de la conversación es un termómetro en sí misma. Primero se discutió la conveniencia del encierro y los protocolos aplicados en hospitales y residencias, donde se aisló a los mayores. Después llegó la reflexión jurídica: si todo esto era inconstitucional, alguien tendría que responder. Y al final, el giro político.

Varios participantes sostienen que solo VOX denunció el encierro y se opuso al estado de alarma. De ahí el estribillo que recorre la parte final: solo queda VOX. Muchos añaden otra coletilla, entre la broma y el cansancio: solo queda el meteorito.

Queda el dato que descoloca: el encierro fue declarado contrario a la Constitución y, a día de hoy, nadie ha explicado qué impediría repetirlo si mañana se invoca otra emergencia.