El pais: el 75% de la gente en el estado español se declara racista >:(

Tres de cada cuatro asocian la inmigración a un concepto negativo​

Tres de cada cuatro asocian la inmigración a un concepto negativo. Ni matices ni condicionales: el 74,8% la liga a la inseguridad, a la saturación de los servicios públicos, al conflicto o a la criminalidad. Es el dato central del monográfico que el Instituto 40dB realizó para El País y la Cadena SER con 2.000 entrevistas online entre el 25 y el 27 de septiembre, y el titular que ha corrido más rápido que cualquier otra cifra del estudio. El matiz llega después: esa misma población convive, trabaja y comparte ocio con personas migrantes, y cuando responde sobre su experiencia directa la valoración mejora. La distancia entre lo que se ve en el rellano y lo que se cree del país entero es, con toda probabilidad, el hallazgo más incómodo.

Qué dicen los datos: 29,5% inseguridad y 41% de inquietud​

El desglose no admite lectura amable. La inseguridad lidera con un 29,5%, seguida de la sobrecarga de servicios y recursos públicos (27,2%), la conflictividad social (21,2%), la criminalidad (19,2%), el desempleo (16,7%) y la pérdida de identidad cultural (7,6%). La inmigración no aparece como primer problema del país; pesan más la inflación y el coste de la vida, la vivienda, las desigualdades y el paro. Pero el 41% la mira con mucha inquietud, 16 puntos más que año y medio antes.

Hay una paradoja en la tabla. El porcentaje que asocia la inmigración a algo negativo (74,8%) es muy superior al que la señala como primera preocupación. La lectura más razonable es que funciona como depósito de malestares concretos —la lista de espera, el alquiler, el sueldo que no llega— más que como inquietud autónoma. Y una preocupación que sube dieciséis puntos en dieciocho meses no necesita encabezar ninguna lista para ordenar el debate público.

¿Por qué empeora la percepción si mejora el contacto diario?​

Porque la opinión sobre la inmigración se forma más en el relato que en la experiencia. El contacto personal —vecindario, trabajo, ocio— se traduce en valoraciones más positivas; la percepción general, en cambio, se mueve en negativo. La brecha es más ancha entre hombres de la generación Z (18 a 27 años), y ahí el discurso de Vox y Se Acabó La Fiesta cala más allá de sus propios votantes.

El sondeo se cerró en una semana densa. El centro de análisis del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y la Fundación Europea de la Cultura advirtieron de una «deriva peligrosa hacia una concepción étnica de la europeidad»; la fiscalía de Canarias reclamó al Gobierno autonómico un protocolo de acogida de menores migrantes no acompañados; la Fiscalía abrió diligencias de investigación contra el segundo teniente de alcalde de Valencia y portavoz de Vox en el Ayuntamiento por atribuir falsamente un crimen a una persona migrante, y el PP aceptó en el Congreso una regularización que los promotores de la iniciativa legislativa popular calificaron de «inútil».

El 54% cree que hay más inmigrantes de los que hay​

La percepción del volumen está inflada. En España viven 48,79 millones de personas y 9 millones nacieron en el extranjero, el 18,5%, según la última Estadística Continua de Población del INE. Aun así, el 54% cree que la proporción real es superior, la estimación media se dispara hasta el 30,2% y el 57,2% sentencia que son «demasiados». Solo un 25,5% los considera el número adecuado y un 4,1% opina que son pocos.

La principal fuente del INE es el padrón continuo, y para empadronarse no hace falta tarjeta de residencia, un matiz técnico que a veces se usa para discutir la cifra oficial. El vocabulario público tampoco ayuda a ajustar la escala: «efecto llamada» y «deportaciones masivas» son expresiones que el líder del PP ha utilizado, y «invasión» la que emplea el de Vox, términos que el propio informe vincula con esa percepción inflada.

Voto, edad y fuente de información: el mapa de la inquietud​

La preocupación se reparte de forma desigual. Se declaran muy preocupados siete de cada diez votantes de Vox y SALF, el 46,4% de los del PP, el 29,2% de los del PSOE, el 24,1% de los de Sumar y el 15,4% de los de Podemos. El 59% de la población considera que está bastante o muy informada sobre el fenómeno, y son precisamente los votantes de la extrema derecha quienes se ven mejor informados.

La televisión sigue siendo la primera fuente (71%), seguida del periódico (30,9%). Las redes sociales escalan hasta el 52,7% en la generación Z, el 37,8% entre votantes de Vox y el 57,1% entre los de Alvise Pérez. Los canales de WhatsApp y Telegram suman más de diez puntos de diferencia entre estos últimos y la media general, y los influencers o youtubers ganan 6,5 puntos entre los menores de 28 años.

Si hay demasiados, ¿quién paga las pensiones en 2053?​

Es el punto donde el relato choca con la aritmética. Un informe del Banco de España advirtió en abril de que España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y jubilados en 2053, cuando el INE espera 14,8 millones de pensionistas. El mismo sondeo que registra ese 16,7% que asocia inmigración y desempleo convive con un mercado laboral que envejece. El cálculo completo —cuántos cotizantes hacen falta por cada pensionista y con qué productividad— está en el informe, y no lo resuelve ninguna consigna.

Regularización, Canarias y el límite legal del discurso​

El terreno jurídico también se ha movido. Las devoluciones en caliente tienen limitaciones y las expulsiones exigen un procedimiento que lleva tiempo, dinero y la cooperación del país de destino, lo que convierte cualquier eslogan de expulsión inmediata en papel mojado. En paralelo, la regularización de personas sin antecedentes penales llegadas antes del 1 de noviembre de 2021 se tramitó en el Congreso con el apoyo del PP, aunque los promotores de la ILP la consideraron equivalente al mecanismo de arraigo social ya existente.

Sobre el conjunto sobrevuela la pregunta de dónde está la frontera entre opinar y delinquir. Hay quien sostiene que señalar el volumen migratorio no es racismo; enfrente pesa el argumento de que promover la discriminación de grupos vulnerables encaja en el delito de odio según el código penal vigente, y de ahí las diligencias abiertas contra un cargo público por vincular un crimen a una persona migrante sin fundamento.

Con la inquietud subiendo 16 puntos en año y medio y una percepción del volumen que duplica la cifra real, el margen para que la política migratoria deje de ser el eje del próximo ciclo electoral es estrecho. La encuesta, eso sí, deja un contrapeso: la experiencia directa sigue puntuando mejor que el titular. Si esa brecha se cierra, será por arriba o por abajo, y ninguna de las dos opciones es neutra.