El juez peinado figura con dos dni distintos como propietario de varios inmuebles

El juez Peinado y dos DNI: el error registral que acabó en guerra política​

Un nombre común, dos documentos distintos y tres sótanos. La historia del supuesto doble DNI del juez Juan Carlos Peinado arranca con una comprobación registral y termina, de momento, con un ciudadano de Elche cuyo piso aparece vinculado al DNI del magistrado. El origen del embrollo no es una trama de identidades falsas: es un error de conciliación en el Registro de la Propiedad que casa a M.D.G.M. con dos Juan Carlos Peinado diferentes.

El caso se instaló en la conversación pública como prueba de corrupción judicial. El propio medio que lo publicó terminó matizando el alcance: el Registro adjudica al juez tres sótanos y un garaje, confunde el DNI de varias personas y, en realidad, hay varios ciudadanos con ese mismo nombre y apellidos. La noticia pasó de escándalo a noticia sobre un error administrativo. Y ahí empezó el problema para quien la había usado como munición.

Qué dice exactamente el Registro de la Propiedad​

El dato duro es limitado. El Registro de la Propiedad inscribe propiedades a nombre de un Juan Carlos Peinado con un DNI terminado en una letra, y a otro Juan Carlos Peinado con un DNI distinto. Comparten domicilio y bienes con la misma mujer, lo que disparó todas las alarmas. La explicación técnica más citada es más aburrida: coincidencia de nombre y apellidos entre personas distintas, un fenómeno estadísticamente trivial en España.

El propio medio que dio la exclusiva publicó después que el Registro «casa a M.D.G.M. con dos Juan Carlos Peinado distintos» y que confunde el DNI de varias personas. Es decir: el sistema registral, no el juez, es el que mezcla identidades. Quien sostiene la versión del doble DNI como prueba de delito tendría que explicar cómo se sostiene esa acusación cuando la propia fuente la rebaja a error.

El ciudadano de Elche y el piso con DNI ajeno​

El giro más concreto del caso tiene nombre y dirección: un vecino de Elche descubrió que su vivienda aparecía registrada con el DNI del magistrado. No es una trama, es un despiste de oficina con consecuencias reales para un particular que no pidió nada de esto. Ese detalle, que en un titular sensacionalista desaparece, es el que mejor explica la naturaleza del asunto.

La discusión derivó hacia si el juez debería querellarse contra el medio que publicó la información. Hay quien argumenta que, si la noticia fuera falsa, la querella ya debería estar presentada; y quien responde que un error registral no se combate con querellas sino con una rectificación. La pelota está en el tejado judicial y nadie ha movido ficha de forma visible.

De la propiedad al relato: cómo escaló el caso​

El asunto saltó de lo patrimonial a lo político en cuestión de horas. Se mezcló con los audios atribuidos al juez Joaquín Aguirre —«la ley de amnistía se tumbó por mí», recogidos por un medio digital— y con la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno. La secuencia importa: primero se cuestiona el patrimonio del instructor, después su independencia, y el debate se convierte en un pulso sobre quién vigila a los vigilantes.

En paralelo aparecieron menciones a cuentas en paraísos fiscales atribuidas al juez, a presiones del Tribunal Supremo para frenar esa investigación y a un expediente que, según una de las versiones, vendría de mucho antes. Nada de eso está acreditado en el material disponible. Son atribuciones periodísticas sin resolución conocida, y así deben leerse.

El argumento del nombre repetido que desmonta el escándalo​

La objeción más repetida es de sentido común estadístico: en España hay cientos o miles de personas llamadas Juan Carlos Peinado. Si dos de ellas figuran en el Registro con documentos distintos, no hay delito, hay homonimia. Bajo esa lógica, el escándalo se desmonta solo y la noticia pasa a ser un ejemplo de cómo un dato registral mal leído puede alimentar una acusación grave.

La contraargumentación no es menos sólida: si el único material para defender la inocencia de una investigada consiste en auditar el patrimonio del juez que la investiga, el problema no es el Registro, es la estrategia. Y si el juez tuviera dos DNI operativos, el delito no sería registral sino de falsedad documental, con implicación de más administraciones. Nadie ha aportado esa prueba.

Qué se juega el sistema judicial en este intercambio​

El episodio deja una foto incómoda: un error administrativo convertido en arma política y una causa judicial convertida en campo de batalla mediático. La pregunta de fondo no es si el juez Peinado tiene dos DNI, sino si el sistema registral español permite que un ciudadano aparezca vinculado a bienes que no son suyos. Eso sí es verificable, y afecta a cualquiera.

Mientras la respuesta no llegue, el caso seguirá funcionando como espejo: cada bando ve en él la confirmación de lo que ya creía. Los que desconfían de la judicatura ven una trama; los que desconfían del Gobierno ven una cortina de humo. El Registro, entretanto, sigue confundiendo apellidos. ¿Cuántos ciudadanos anónimos estarán en la misma situación sin saberlo?