Girona:" el estado reconoce que los clanes etnianos armados tienen inmunidad para delinquir (mossos y alcalde lo dicen)"

Los Mossos admiten que permitieron destrozos de clanes en Figueras​

La noticia circula desde hace semanas: tras el tiroteo mortal de Girona entre clanes gitanos, un grupo de entre 60 y 70 personas se desplazó al barrio del Culubret de Figueras y destrozó tres pisos de la familia de uno de los implicados. Los Mossos d'Esquadra valoraron que era mejor permitir el destrozo que enfrentarse a ellos. La frase, recogida en la prensa, es un reconocimiento explícito de que el estado no interviene cuando el número y el armamento de los agresores hacen que la intervención sea costosa. El alcalde de Figueras, Jordi Masquef, habló de «colectivo» y recibió acusaciones de fomentar el antigitanismo. El episodio no es aislado: el día anterior al crimen se destrozaron dos casas en el barrio de la Font de la Pólvora, una masía con marihuana, y se quemaron coches vinculados a la familia. Los Mossos han abierto una investigación, pero no cuentan con que los afectados presenten denuncia. La impunidad no es un fallo del sistema: es una decisión operativa.

Qué pasó en Figueras y por qué no actuaron los Mossos​

El relato de los hechos es sencillo y brutal. Un grupo numeroso, con hachas, se presentó en el barrio del Culubret. Los Mossos evaluaron que detenerlos exigiría una fuerza excesiva y que no se podía crear un mal mayor del que se quería evitar. Esa lógica, que suena a manual de gestión de masas, deja un vacío: los delitos se cometieron igual. La investigación sigue abierta, pero sin denuncias de los afectados el proceso judicial se complica. La pregunta que sobrevuela es si el estado protege a todos por igual o solo a quienes no pueden organizarse en turba.

El precedente de Alcanar y la sombra de la incompetencia​

En el imaginario colectivo pesa otro episodio: los atentados de Cataluña de 2017. La explosión de Alcanar no se interpretó como un simple accidente con bombonas, y la coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional fue deficiente. El último terrorista fue abatido a tiros cuando podía haberse capturado vivo. Aquella cadena de errores costó vidas. Ahora, la discusión sobre la inmunidad de los clanes armados resucita la sospecha de que ciertos cuerpos policiales prefieren no intervenir cuando el coste político o físico es alto.

El doble rasero: multas a remeros y pasividad ante turbas​

La comparación más repetida es la de los ciudadanos de a pie. Un conductor que se salta un semáforo puede ser rodeado por tres patrullas y multado por desobediencia. Un grupo de personas con hachas destrozando viviendas queda impune. La sensación de agravio no es nueva, pero el reconocimiento oficial de que se evita la intervención por miedo a represalias la convierte en un hecho constatable. El estado manda el mensaje de que si eres muchos y vas armado, cede. Los que pagan multas por no separar basura toman nota.

La respuesta política: acusaciones de antigitanismo y silencio institucional​

El alcalde de Figueras, Jordi Masquef, se refirió al «colectivo» y fue acusado de estigmatizar al pueblo gitano. La polémica revela la trampa del lenguaje: hablar de etnia para describir delitos es racismo, pero ignorar la realidad de clanes armados que actúan con impunidad también tiene costes. Mientras, la investigación sigue sin detenidos y sin denuncias. El estado de derecho, ese que algunos invocan como dogma, se resquebraja cuando la ley no se aplica por igual.

Qué se juega el estado de derecho cuando la ley se aplica a la carta​

La impunidad de unos pocos erosiona la legitimidad del sistema para todos. Si la policía no interviene porque teme un mal mayor, está reconociendo que hay grupos capaces de imponer su ley. Eso no es un problema de un barrio concreto: es una grieta en el monopolio de la violencia estatal. Los Mossos han abierto una investigación, pero sin denuncias ni detenciones el mensaje que queda es que la justicia es opcional según quién y cuántos.

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El análisis se atasca en el mismo punto: nadie sabe cuántos casos similares no llegan a los medios. La impunidad reconocida en Figueras es solo la punta del iceberg.