El ministro de Función Pública, Óscar López, ha dicho que hará «todo lo posible» para dejar encarrilada la subida salarial de los funcionarios correspondiente a 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El acuerdo con los sindicatos ya está cerrado e incluye también mejoras retributivas para 2028, pero aún no tiene fecha de aplicación.
La pelota está en el tejado del Gobierno. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró en una entrevista en el programa Malas Lenguas, de TVE, recogida por Europa Press, que hará «todo lo posible» para impulsar la subida salarial de 3,5 millones de empleados públicos en 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. No es una promesa nueva: el acuerdo con las organizaciones sindicales ya está firmado y contempla mejoras retributivas para 2027 y 2028. Lo que falta es el paso administrativo, la decisión que convierte el pacto en nómina.
Un acuerdo firmado que aún no se nota en la nómina
La subida de 2027 forma parte de un pacto más amplio con los sindicatos que también incluye mejoras salariales para 2028. Ese documento está cerrado, pero su ejecución depende de que el Gobierno apruebe las medidas necesarias. López insistió en que su intención es dejar encaminada la aplicación del acuerdo retributivo antes de la cita electoral, aunque no concretó cuándo podrían aprobarse las medidas pendientes. Es decir: hay acuerdo, hay voluntad declarada, pero no hay fecha.
El ministro vinculó este compromiso con las actuaciones de su departamento para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y modernizar la Administración. La pregunta que sobrevuela es qué margen real tiene un Gobierno en funciones o a punto de disolverse para aprobar una subida que afecta a millones de personas. La respuesta técnica es que puede hacerlo si hay acuerdo de Consejo de Ministros y dotación presupuestaria. La política es otra cosa.
El calendario electoral manda
López hizo hincapié en que el Gobierno «tiene palabra» y cumple sus compromisos «hasta el último minuto». Con las elecciones convocadas por Pedro Sánchez a la vuelta de la esquina, la actualización salarial de los funcionarios está entre las prioridades a abordar antes de que termine la legislatura. La intención es avanzar en la ejecución sin esperar a la formación del próximo Gobierno, lo que evita que el acuerdo quede en el aire si cambia el inquilino de la Moncloa.
Ese es el nudo del asunto. Si la subida se aprueba antes del 29 de noviembre, queda blindada en los presupuestos y el próximo Ejecutivo tendrá difícil revertirla. Si no se aprueba, el pacto firmado con los sindicatos queda como un compromiso heredado que el siguiente Gobierno puede cumplir, retrasar o reinterpretar. Los sindicatos ya han firmado, así que su presión se centrará en que no se quede en un cajón.
Qué supone para 3,5 millones de nóminas públicas
La cifra no es menor: 3,5 millones de empleados públicos en España. La subida acordada para 2027 y 2028 afecta a personal de administración general, sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad y administración local, entre otros. El acuerdo con los sindicatos no detalla en el mensaje un porcentaje concreto para cada año, pero sí confirma que hay mejoras retributivas pactadas para ambos ejercicios.
Para un funcionario medio, la diferencia entre que se apruebe antes o después de las elecciones no es solo de calendario. Afecta a la nómina del año, a los atrasos y a la negociación colectiva futura. Para el Gobierno, aprobarlo antes de las urnas es una señal política clara hacia un colectivo tradicionalmente movilizado. Para la oposición, es margen de crítica si se percibe como un movimiento electoralista. El dinero, en cualquier caso, sale de las arcas públicas y eso siempre tiene consecuencias en el déficit.
Un compromiso con fecha límite
El ministro no puso fecha concreta, pero el límite es evidente: el 29 de noviembre. A partir de ahí, el Gobierno entra en modo electoral y las decisiones de calado se congelan por convención. López lo sabe y por eso habla de dejar «encarrilada» la aplicación, no de aprobarla necesariamente. La diferencia entre encarrilar y aprobar es la que separa un anuncio de un hecho.
Si finalmente se aprueba, será una de las últimas medidas económicas de la legislatura con impacto directo en millones de hogares. Si no, quedará como promesa pendiente y los sindicatos tendrán un argumento para sentarse a negociar con quien venga después. En política económica, el timing lo es casi todo.
