El gobierno prepara una "jubilación reversible" para que los pensionistas puedan volver a trabajar

El Gobierno prepara la jubilación «reversible» para volver a trabajar​

El Gobierno va a facilitar que los jubilados regresen al mercado laboral. Sobre el papel se vende como una ampliación de derechos; en la práctica es el rebautizo de algo que ya existe —la jubilación flexible— y que el propio Ejecutivo considera tan poco atractiva que apenas se usa. Lo anunció el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ante la comisión del ramo en el Congreso.

Qué cambia: de jubilación flexible a «reversible»​

Suárez fue explícito: el real decreto de 2002 que regula la jubilación flexible la hace «muy restrictiva» y «muy poco atractiva», y su departamento trabaja ya con patronal y sindicatos en un texto nuevo. El marco no es improvisado. El decreto ley 11/2024 incluía un mandato al Gobierno para regular una nueva jubilación flexible, y el ministerio de Elma Saiz ha arrancado la tramitación —algo fuera del plazo inicialmente previsto— después de llevarla al diálogo social.

El objetivo declarado pasa por «establecer incentivos que permitan que personas que se han jubilado decidan volver al mercado de trabajo como asalariados o por cuenta propia». Traducción: también como autónomos. Y ahí está la primera grieta del relato, porque reincorporarse por cuenta ajena a los 70 exige un empleador dispuesto, y el que quiera emprender a esa edad se enfrenta a una cotización de autónomos que se negocia aparte.

La escala: del 45% al 100% según los años de demora​

La jubilación activa, en vigor desde abril, permite cobrar pensión y sueldo a la vez con un porcentaje creciente según cuánto se aplace el retiro: 45% el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y hasta el 100% a partir del quinto. El desglose año a año, aplicado a una pensión media, da un cuadro que conviene mirar con calculadora en mano antes de decidir nada.

Quien ya se jubiló y ahora quiere volver no entra exactamente en esa escala, y de ahí el interés del Gobierno en reescribir la norma. Los datos que maneja el Ejecutivo apuntan a un cambio de tendencia real: las jubilaciones demoradas ya representan el 11,4% de las nuevas altas, frente al 4,8% que suponían en 2019, con un crecimiento interanual del 25,3% hasta mayo. La edad media de acceso se sitúa en 65,2 años, frente a los 64,4 de 2019.

Por qué repunta la jubilación activa​

Según ha explicado el secretario de Estado, la jubilación activa registra «incrementos significativos» y también ha crecido el número de mujeres que optan por ella tras suprimirse el requisito de tener una carrera completa de cotización. Tradicionalmente ellas arrastran trayectorias más cortas e intermitentes por el cuidado de hijos y familiares. El resultado es que más gente puede combinar sueldo y prestación donde antes no llegaba.

¿Quién contrata a un septuagenario?​

Aquí es donde el plan choca con la realidad del mercado. Varios participantes apuntan que los oficios de desgaste físico —albañilería, limpieza, transporte— rara vez aguantan hasta el retiro, y menos después. La duda razonable no es legal, sino práctica: si, como sostienen algunos, el paro golpea con dureza a partir de los 55, no parece probable que el mismo tejido empresarial se pelee por contratar a quien pasa de 67. Un participante menciona excepciones como despachos profesionales, farmacias o negocios propios donde el titular decide cuándo para.

En el debate se menciona también el caso británico: un participante relata haber visto en la zona de Cambridge a personas mayores conduciendo autobuses urbanos o trabajando como cajeras de supermercado, más cerca de los 70 que de los 65.

El fondo del asunto: quién sostiene el sistema​

Debajo de la reforma técnica late una pregunta incómoda sobre la sostenibilidad. Hay quien sostiene que este tipo de medidas son el paso previo a un ajuste silencioso, con pensiones que se irán reduciendo sin necesidad de anunciarlo. En el otro extremo se argumenta que el envejecimiento y el gasto asociado obligan a buscar fórmulas de compatibilidad, y que impedir trabajar a quien quiere hacerlo es tan mala política como forzarlo.

Las comparaciones con otros países aparecen constantemente: un participante que sigue el caso argentino sostiene que el grueso de los jubilados cobra alrededor de 300 dólares al mes y que muchos necesitan seguir trabajando para sobrevivir. También se señala que economías más ricas y productivas que la española pagan pensiones más bajas, un dato que descoloca a quien espera que el problema se resuelva solo con crecimiento. Y una parte del descontento deriva hacia el gasto público no social, las subvenciones y la estructura administrativa. El escenario más pesimista que circula —quiebra del sistema, nacionalización forzosa de planes privados, vuelta a la impresora— no está respaldado por ningún dato disponible; es una previsión, no un pronóstico oficial.

Lo que queda por negociar​

Seguridad Social ha convocado para el lunes 14 de julio la Mesa de Diálogo Social con organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos. El orden del día oficial no es la jubilación reversible, sino el nuevo esquema de cotización de los autónomos para los próximos tres años. Ambas cosas, sin embargo, van de la mano: si el plan es que los mayores vuelvan a trabajar por cuenta propia, el coste de cotizar determina si la puerta se abre o se queda entornada.

El texto queda ahora en manos del diálogo social. Queda por ver si la letra pequeña —los incentivos reales y la reacción de los sindicatos— moverá menos titulares que el nombre elegido para venderla.