El FMI pide al gobierno que baje las pensiones

El FMI pide «considerar» recortar la pensión inicial: España paga el 86,5% del último sueldo​

La tasa de reemplazo española —la pensión inicial respecto al último salario— alcanza el 86,5% frente al 69,7% de media en los quince países comparables de la eurozona. Lo calcula la OCDE para un trabajador de 22 años con salario medio que empiece a cotizar en 2022 y se jubile a los 65. El Fondo Monetario Internacional lo ha convertido en argumento central de su revisión de la economía española, en el marco del Artículo IV, y recomienda al Gobierno «considerar» un recorte de esa tasa. Traducción: reducir la pensión inicial de los futuros jubilados.

El mecanismo que propone el FMI no es un tijeretazo directo, sino algo más silencioso: ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión, incorporando la carrera completa de cotización. Más años en la base de cálculo, menor cuantía resultante. El organismo añade dos sugerencias más: seguir elevando la edad efectiva de salida del mercado laboral y, como opción, subir las cotizaciones sociales, aunque advierte de que esto elevaría los costes laborales y podría afectar al empleo.

Qué significa tasa de reemplazo y por qué el 86,5% es la cifra clave​

La tasa de reemplazo mide qué porcentaje del último sueldo cobra un jubilado como primera pensión. En España ese porcentaje es de los más altos del entorno europeo. El jefe de la misión del FMI para España, Romain Duval, lo confirma: la media no ponderada de los quince países de la eurozona se queda en el 69,7%, con una edad media de jubilación prevista de 66,5 años.

Hay un matiz que el dato oficial no recoge y que emerge con fuerza en el análisis: en España los sueldos son tan bajos que las pensiones, siendo modestas, casi igualan a los salarios. La tasa de reemplazo elevada no refleja pensiones generosas, sino salarios deprimidos. El 60% de los pensionistas cobra menos de 1.200 euros al mes, según un cálculo que circula en el análisis. La comparación con «países comparables» queda coja si no se pone al lado el salario medio de cada uno.

La cláusula de salvaguarda de marzo de 2025 y el papel de la AIReF​

La segunda parte de la reforma de pensiones del anterior ministro José Luis Escrivá incluyó una cláusula de salvaguarda. A partir de marzo de 2025, y desde entonces cada tres años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal evaluará si la evolución de ingresos y gastos del sistema cumple los parámetros definidos. Si detecta desajuste, el Gobierno propondrá medidas, la AIReF las analizará, se negociarán con agentes sociales y Pacto de Toledo, y se votarán en el Parlamento.

La propia reforma ya aludía a la subida de cotizaciones como primera opción, hablando de «una propuesta para corregir, de forma equilibrada, el exceso de gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa». Si esas medidas no bastaran, se aumentaría directamente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la sobrecotización que pagan trabajadores y empresas desde 2023 y cuya recaudación nutre el Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. El objetivo declarado: acumular fondos para cuando se jubile en masa la generación del baby boom, en torno a 2050.

Pensiones máximas, funcionarios y el reparto de la carga​

El foco del malestar no apunta a las pensiones bajas, sino a las altas. La pensión máxima debería quedarse en 2.000 euros, sostiene una corriente del análisis, y el ajuste debería concentrarse en el 40% de pensionistas que supera los 3.000 euros con catorce pagas. Se apunta a perfiles concretos: prejubilados de grandes instalaciones industriales con cincuenta y pocos años que acumularon patrimonio inmobiliario y hoy suman pensión y alquileres.

El otro frente es el empleo público. Hay más españoles con nómina pública que privada, se argumenta, y el sueldo medio del sector público supera entre un 38% y un 50% al de la empresa privada según la fuente que se cite. La jubilación masiva de funcionarios con pensión máxima se perfila como el próximo problema de caja. El Banco de España calcula que cada pensionista recibe 1,74 euros por cada euro aportado, y que a los doce años de jubilación ya se ha cobrado todo lo cotizado.

La trampa generacional: quién paga y quién cobra​

El argumento que recorre todo el análisis es que el sistema ha derivado en un reparto asimétrico. Cuarenta años de aportes pueden acabar generando una pensión casi idéntica a la mínima contributiva, mientras quien no cotizó lo suficiente accede igualmente a prestaciones. La queja se repite: se ha premiado la cotización baja y castigado la carrera larga.

Frente a eso, la propuesta que gana peso es la del ahorro privado. Si los cuarenta años de aportes se hubieran indexado a un índice de renta variable, la pensión resultante sería superior a la pública. El corolario es incómodo: el sistema público no solo reparte peor, sino que rentabiliza peor el dinero de quien cotiza toda su vida.

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El FMI no ha pedido tocar el gasto autonómico, ni las estructuras administrativas, ni el coste político. Solo la pensión. Con la tasa de reemplazo en el 86,5% y la hucha todavía lejos de cubrir el pico del baby boom, la pregunta no es si habrá ajuste, sino a quién le tocará pagarlo.