El exministro del pp eduardo zaplana, condenado a 10 años y 5 meses de prisión

Zaplana, condenado a 10 años y 5 meses por las mordidas de las ITV​

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años y 5 meses de prisión por el cobro de mordidas en la concesión de las ITV valencianas. La sentencia llega 25 años después de los hechos y coloca en el centro del tablero una pregunta incómoda: si el condenado hubiera militado en otro partido, ¿seguiría descojonándose fuera de la cárcel?

La noticia, adelantada por Público y desarrollada por El País, detalla que el también expresidente de la Generalitat Valenciana recibió sobornos de la empresa familiar de Juan Cotino. Mientras tanto, el nombre de Zaplana se ha convertido en el último capítulo de una discusión más amplia: la de si la corrupción en España tiene color político o, simplemente, impunidad selectiva.

Qué se le imputa y por qué la condena llega ahora​

El tribunal considera probado que Zaplana participó en una trama de cobro de comisiones ilegales vinculada a la concesión de las estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana. La empresa beneficiaria estaba controlada por la familia Cotino, según la información publicada. Los hechos se remontan a finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando Zaplana ocupaba la presidencia de la Generalitat y, posteriormente, el Ministerio de Trabajo.

La lentitud judicial es, en sí misma, un dato. Veinticinco años entre los hechos y la sentencia. En ese tiempo, Zaplana ha pasado por el Gobierno de España, por la alcaldía de Benidorm —donde, según una intervención en el debate, se hicieron promociones urbanísticas gigantescas a crédito— y por un sinfín de prórrogas procesales. La pregunta que sobrevuela no es solo si robó, sino por qué la justicia tarda tanto en decirlo.

La respuesta del entorno popular: Griñán y el y tú más​

La reacción en el espectro conservador ha sido rápida y previsible: y tú más. Varios mensajes han recordado que el expresidente socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, también fue condenado por el caso de los ERE. «Como Griñán», se ha repetido hasta la saciedad. La comparación, sin embargo, tiene trampa: Griñán fue condenado por prevaricación y malversación en un sistema de ayudas públicas, no por cobrar mordidas directas de una empresa concesionaria.

La discusión derivó hacia el terreno de la simetría política. Hay quien sostiene que el PSOE es un partido de políticos íntegros porque «en 45 años de democracia ninguno ha acabado en la cárcel». La afirmación, lanzada sin sonrojo, ignora que Griñán fue condenado y que otros cargos socialistas han pasado por prisión. Pero en la refriega dialéctica, los hechos importan menos que el marcador.

El PP valenciano y la sombra de Cotino​

El nombre de Juan Cotino, fallecido en 2020, planea sobre toda la sentencia. La empresa familiar de Cotino fue la beneficiaria de las concesiones de ITV que, según la acusación, generaron los pagos ilegales a Zaplana. Cotino fue presidente de las Cortes Valencianas y hombre fuerte del PP en la región. Su figura nunca fue investigada a fondo: murió antes de que la justicia llegara a él.

La trama de las ITV no es un caso aislado. Forma parte de un ecosistema de corrupción que en la Comunidad Valenciana tuvo nombres propios: Gürtel, Brugal, Emarsa. La condena de Zaplana es la pieza más visible de un puzle que nunca se completó del todo. Como señala un análisis del debate, «hubo más corrupción que la de Cotino, y esa no ha salido».

El PSOE, Andalucía y la batalla por el relato​

El debate derivó hacia Andalucía con la misma facilidad con que un río busca el mar. Varios mensajes han contrapuesto la condena de Zaplana con la situación de la región andaluza, gobernada por el PP desde 2018. «Andalucía es la región más empobrecida de toda la Unión Europea», se ha llegado a afirmar, con una tasa de pobreza del 30,5%, tres veces mayor que la del País Vasco.

La respuesta no se hizo esperar: «Andalucía no remontaría hasta dentro de 30 años después de décadas de PSOE». La discusión sobre el estado de la región se mezcló con la corrupción, con el indulto y con la memoria histórica de cada partido. El resultado fue un intercambio de golpes en el que los datos servían más como arma arrojadiza que como base de análisis.

La pregunta que nadie responde: ¿entrará en prisión?​

La condena de 10 años y 5 meses es, sobre el papel, una de las más duras dictadas contra un exministro en democracia. Pero la experiencia española invita al escepticismo. Zaplana tiene más de 70 años y ha alegado problemas de salud. Varios mensajes han ironizado con que «está enfermito» y que «tal y como entra volverá a salir».

La ley permite que las condenas no firmes se recurran ante el Tribunal Supremo, lo que puede alargar el proceso varios años más. Si finalmente ingresa en prisión, será el primer exministro del PP en hacerlo por corrupción. Si no lo hace, la sensación de impunidad se reforzará. La pelota está en el tejado del Supremo.

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La condena de Zaplana no cierra nada. Abre, más bien, una nueva ronda de preguntas sobre la justicia española, su lentitud y su selectividad. Con estos mimbres, lo probable es que el caso siga dando titulares durante años. Lo que no está tan claro es que Zaplana llegue a pisar la cárcel. La historia reciente invita a no apostar demasiado fuerte.