Campaña del gobierno contra la cultura del erotismo, ¿notáis algo?

La cruzada contra la pornografía se lee como control, no como moral​

Una campaña oficial contra el acceso de menores a la pornografía y el resultado es un debate sobre el control de internet. Ese es el giro que ha tomado el asunto. El vídeo institucional acumula 8,3 k visualizaciones, 43 valoraciones positivas y ninguna negativa —con los comentarios cerrados— y ha servido menos para discutir sexualidad que para discutir quién vigila la red. La pregunta de fondo ya no es qué ven los chavales, sino quién decide qué pueden ver.

Conviven aquí dos capas. La primera es la del discurso: proteger a los menores, un terreno donde casi nadie quiere llevar la contraria. La segunda, la que ocupa la mayor parte del intercambio, es económica y regulatoria: un sector que factura mucho y que en España apenas deja un euro en impuestos, y una infraestructura de verificación de edad que, una vez montada, sirve para cualquier cosa.

¿Por qué se sospecha que la campaña busca controlar internet?​

El argumento que más se repite es que la protección del menor funciona como ventana de Overton: se instala la idea de que hay que certificar la edad para entrar a determinadas webs y ese mismo mecanismo acaba extendiéndose a todo. «Es una ventana de Overton de manual para implantar el certificado digital para entrar a internet y tener controlado al personal estilo 1984», resume uno de los mensajes más valorados. La consecuencia práctica sería un DNI para navegar exigido por el operador de telecomunicaciones.

Hay más lecturas del mismo movimiento. Una parte sostiene que el poder hace simplemente lo que siempre hace —prohibir y censurar— y que el envoltorio moral es intercambiable según convenga. Otra apunta a lo simbólico: el anuncio se interpreta como una operación de imagen más que como una política con presupuesto y medios detrás. Nadie discute que el acceso temprano a contenidos para adultos exista; lo que se discute es que la respuesta pase por la puerta de entrada a la red.

El negocio del porno que no paga impuestos en España​

Si hay un hilo económico dentro del asunto, es este. Se afirma que desde hace un par de años se persigue a los propietarios de páginas pornográficas con multas basadas en interpretaciones discutidas de la ley de protección de datos. El efecto, según ese relato, no es el cierre del negocio: es su deslocalización. Plataformas que operaban desde España habrían trasladado su titularidad a sociedades extranjeras o puesto el negocio directamente en venta, y la recaudación se ha marchado con ellas.

La industria no desaparece: cambia de domicilio fiscal. Si el contenido se consume igual desde una web alojada en un servidor que nadie sabe localizar, la única diferencia real es qué Hacienda cobra. El detalle completo —con los casos concretos, los propietarios que ya figuran fuera y las plataformas que estarían buscando comprador— está en los mensajes más largos de la discusión y ayuda a entender por qué una cruzada moral puede terminar siendo una operación de vaciado de base imponible.

Del destape de los 70 a la cruzada actual​

La ironía histórica aparece una y otra vez. Se recuerda que cruzar a Perpiñán para ver cine pornográfico fue, durante el tardofranquismo, un gesto de liberación, y que el destape se vendió como una conquista frente a la represión. La pornografía se movía entonces en un terreno alegal, igual que al comienzo de la democracia. Ahora, argumentan varias voces, quienes celebraron aquello como libertad celebran esto como higiene.

El reproche circula en ambas direcciones. Unos acusan de hipocresía a una generación que vivió la liberación sexual sin complejos y ahora mira con alarma lo que hacen los demás. Otros enmarcan la campaña en una ofensiva moralista del Gobierno actual. En el fondo del desacuerdo no está el porno: está quién tiene autoridad para decidir qué es degradación y en qué momento se dictamina.

¿De quién es la responsabilidad: de los padres o del Estado?​

Aquí el consenso es mayor de lo que parece. La tesis de que el primer filtro es familiar —los padres deben educar a sus hijos y limitar el acceso a ciertos contenidos desde el móvil o el ordenador— aparece repetida incluso por quienes rechazan la campaña. El diagnóstico compartido: hay niños con teléfono propio desde edades muy tempranas y sin supervisión alguna, y una norma social que equipara tener móvil con no quedar excluido en el colegio.

El otro gran argumento se mueve en terreno psicológico. Se sostiene que el consumo intenso de pornografía afecta al sistema de recompensa del cerebro y que el acceso masivo desde edades tempranas es cualitativamente distinto del que existía con revistas o cintas de vídeo. Es una afirmación discutida: enfrente está quien niega que exista problema alguno y lo atribuye a campañas moralizantes sin base científica. En un terreno así, conviene tratarlo con prudencia.

En el plano de las cifras, los datos que maneja la propia campaña se ponen en duda. Se repite que un 70% de los menores ve pornografía de forma involuntaria, porcentaje que varios leen como artefacto de cómo se formula la pregunta. Y sobre la edad, la fractura es total: para unos, a los 15 ya no se es un niño; para otros, el problema arranca a los 12.

Queda una pregunta que nadie cierra del todo. Si el objetivo real fuera proteger al menor, bastaría con filtrar en los dispositivos que ese menor ya tiene en la mano. Si el objetivo es montar un registro para entrar a internet, el porno era el argumento más fácil de vender. ¿Cuál de las dos cosas se está aprobando?