Interinos: 14 años de temporalidad y el muro de la hipoteca
En julio de 2024, el Gobierno seguía sin cumplir su promesa de rebajar la temporalidad pública al 8%. Los datos disponibles mostraban que las Administraciones Públicas mantenían cerca de un 30% de trabajadores temporales, con sectores como Educación rozando el 40%. La paradoja es conocida: el sector privado registra una tasa de temporalidad del 14%, menos de la mitad que el público. El Ejecutivo se comprometió a reducir la interinidad tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la realidad es que miles de interinos acumulan hasta 14 años encadenando contratos temporales.
El testimonio que resume el problema
«Llevo casi 14 años de interino en un juzgado, ya demandé mi situación en 2018 y me hicieron caso omiso», relata J. A. R., que prefiere mantener su anonimato por miedo a represalias. Su caso no es aislado. Con 42 años, no puede pedir una hipoteca ni establecer un lugar fijo de residencia. «Vivir así te condiciona por todos los lados», añade. La precariedad no es solo económica: es vital.
M. G., con 10 años como interina en el ámbito de la Justicia, señala otra dimensión del problema: «Los interinos tenemos miedo a decir que no». La sobrecarga de trabajo, las horas extra no pagadas y la exigencia de un nivel de conocimiento que no se corresponde con su categoría son moneda corriente. Durante años, las
oposiciones estuvieron congeladas. Ahora se convocan, pero compatibilizar el estudio con un trabajo precario es una carrera de obstáculos.
La queja que indigna: «Te adelanta un recién licenciado»
«Viene un recién licenciado, que no tiene que trabajar sino solo estudiar, y te adelanta por la derecha», critica J. A. R. La frase, que da título a este análisis, condensa el resentimiento de una generación de interinos que se siente atrapada. El sistema premia a quienes pueden dedicarse en exclusiva al estudio, mientras que quienes llevan años trabajando no tienen tiempo ni energía para preparar una oposición.
O. S., interina en la Universidad desde 2017, lo explica con claridad: «Tienes que trabajar, estudiar y conciliar si tienes familia. Sin un puesto fijo, tienes que presentarte a todas las convocatorias porque si no te presentas y suspendes, fuera». En Educación, la temporalidad se acerca al 40%, uno de los sectores más afectados. «Los interinos y laborales tenemos el sueldo base, pero no puedo ser jefe de servicio. No puedo promocionar y me pueden cambiar de destino», añade. «Me pueden echar en cualquier momento».
La solución de emergencia: acogerse a un programa
L. M., interina en la Generalitat Valenciana desde 2018, aporta una visión más pragmática. «Dentro de lo malo no me quejo. La suerte que tengo es que, como siempre saco buena nota en los exámenes, siempre puedo elegir y me he ido acercando a mi casa», relata. Su recomendación es clara: «A día de hoy, como interino, la mejor opción es acogerse a un programa». Estos programas, financiados con fondos europeos, garantizan tres años de estabilidad, prorrogables uno más.
Pero no todos tienen esa suerte. Otra trabajadora de la Generalitat de Cataluña, que se quedó fuera de la regulación masiva, cuenta: «Durante la estabilización no me regalaron el puesto». Lleva 13 años como interina y su examen de oposición se canceló. En las que sí valieron, suspendió por medio punto.
El fraude de ley que nadie quiere ver
La legislación es clara: los puestos de trabajo estructurales deben ocuparse en un plazo máximo de tres años por personal fijo o amortizarse. Sin embargo, la realidad muestra un tercio del total de empleados públicos con carácter temporal. «Mantener a una persona 14 años con un contrato de interino es un fraude», sostiene un análisis recurrente. La responsabilidad no recae solo en los interinos, sino en las administraciones que perpetúan esta situación.
Hay quien defiende que los interinos entran por enchufe y luego se regularizan con un examen de pinta y colorea. Otros argumentan que son los propios funcionarios de carrera quienes, desde los tribunales, suspenden injustamente para mantener el sistema de interinidad. La realidad es más compleja: según un participante, en la Comunidad Valenciana, más del 60% de los aspirantes que superan un proceso selectivo solicitan excedencia voluntaria para seguir como interinos en mejores puestos. Un efecto dominó que evidencia las grietas del sistema.
La promesa de reducir la temporalidad al 8% sigue sin cumplirse. Los interinos siguen atrapados en un limbo administrativo que les impide pedir una hipoteca, formar una familia o planificar su vida. La pregunta no es si el sistema está roto, sino por qué nadie lo arregla.