El 40% de la renta: el lastre de la vivienda en España
El
40% de la renta familiar destinado a pagar la casa. Esa es la cifra que el
Banco de España pone negro sobre blanco para
1,5 millones de hogares, y que la prensa económica ha llevado al titular tras las elecciones del 23 de julio, esas que dejaron los pactos de Estado sobre la mesa. Lo que hasta hace poco sonaba a lamento generacional —los jóvenes que no se emancipan, las parejas que se quedan con un solo hijo— ha aterrizado en el balance de las empresas que necesitan mano de obra y consumo. El
lastre ya no es solo social. Es contable.
El diagnóstico de la prensa económica no ahorra eufemismos: la vivienda «envenena» la economía española y explica buena parte de sus disfunciones productivas. La lista de efectos perversos es larga y conocida: merma el ahorro para el retiro, retrasa la emancipación, se lleva por delante el gasto en educación y hunde la movilidad geográfica de los trabajadores. Bien mirado, es el mismo problema que alimenta la baja natalidad y esa sensación de que la vida se planifica a plazos.
El 40% de la renta y el desplome de las hipotecas
A la dificultad endémica se ha sumado la subida de los tipos de interés y el encarecimiento del crédito, que levanta aún más la barrera de entrada a la propiedad. El número de hipotecas constituidas se desploma: un
18,3% en abril y un
24% en mayo, según los últimos datos del INE. El calendario aprieta. El informe trimestral de vivienda de CaixaBank Research proyecta para
2024 el máximo de precio desde la crisis financiera, con 3.000 euros por metro cuadrado, y coloca la brecha de precio entre la costa y el interior en su nivel más alto en una década, con un 75% de diferencia.
Mientras tanto, la inversión extranjera empuja el precio de la vivienda turística a cotas que se antojan de otro planeta y la compra al contado se dispara en las capitales. La vivienda puede ser un negocio, pero también un derecho básico. El problema es cuándo deja de comportarse como lo primero y empieza a morder como lo segundo.
¿Faltan casas o sobra dinero?
El fondo del asunto es una pelea vieja. Una corriente sostiene que es pura oferta y demanda: desde 2008 hay
500.000 personas más viviendo en la Comunidad de Madrid, y no se han construido las casas necesarias para absorberlas. Otro análisis contraataca con que el porcentaje de viviendas vacías es mínimo justo donde más demanda hay, y recuerda que la
SAREB —el banco malo nacido del rescate— recibió las sobras de las sobras: pisos en zonas de muy baja demanda o enredados en litigios, no en el centro de las capitales.
El pulso tiene su punto de caricatura. Si el diagnóstico dominante señala a los fondos y a los propietarios que dejan pisos sin usar, la pregunta incómoda es por qué no se apoya entonces la construcción de vivienda pública protegida. Construir es lento, caro y políticamente expuesto. Regular es gratis hasta que deja de serlo.
El censo que reparte las casas vacías por el mapa
El censo de vivienda de 2021, el primero que no se elabora con encuestas sino cruzando datos de consumo eléctrico, padrón y catastro, pone números al mapa. En
Madrid capital, por debajo del 5% de casas vacías. En Barcelona, entre el 8 y el 9%. En la Galicia profunda, hasta el
55%. En el secarral estepario, entre el 35% y el 45%. El stock desocupado está, sobre todo, donde nadie quiere vivir. Un forero lanza la cifra de
150.000 viviendas vacías solo en Madrid, que se desactiva al mirar el mapa.
Eso complica el relato fácil de que basta con movilizar las casas paradas. En las zonas tensas apenas hay margen, y buena parte de lo que aparece son alojamientos turísticos, no vivienda libre esperando inquilino.
De la fiscalidad a la expropiación: el abanico de recetas
Las propuestas se agolpan y no encajan. Hay quien pide bajar los impuestos que gravan la promoción y la adquisición, con el argumento de que hasta la mitad del precio de una vivienda son tributos de ayuntamientos, autonomías y Estado. Otros escalan: nada para la primera vivienda, impuestos para la segunda y presión máxima sobre la tercera. No faltan defensores de castigar fiscalmente la vivienda vacía, una figura que, según algunos foreros, ya se aplica o prepara en Cataluña, País Vasco o Asturias, y que otras administraciones —Madrid entre ellas— ni se plantean activar.
En el extremo, la expropiación y la socialización del parque de viviendas. Es la línea que algunos consideran la única salida y que otros leen como el anuncio de un país distinto. También se pide revisar el sistema de visados de oro para los extranjeros que compran propiedad, un incentivo creado en los coletazos de la crisis que, según el artículo, hoy no tiene sentido.
Cuando el diagnóstico se tuerce
Como suele pasar cuando un problema económico se cronifica, la conversación deriva. Una parte del análisis acaba señalando a la inmigración como causa del encarecimiento, un argumento que se repite sin cuantificar y que choca con el dato de que el stock vacío está fuera de las zonas de demanda. Otra parte pone el foco en el suelo y en la corrupción de las licitaciones públicas, con la sospecha de que con los sobrecostes de grandes obras se habrían levantado decenas de miles de viviendas públicas.
El cierre del asunto no existe. Con estos diferenciales, la construcción debería ser masiva, la fiscalidad reordenarse y la vivienda pública dejar de ser una promesa de campaña. Nada de eso avanza a la velocidad del problema. Y ahí, justo ahí, el análisis se atasca.