Ejemplo de un votante de izquierdas afectado por la inquiocupación.

Un propietario particular en Valencia lleva más de dos años y 3.000 euros en abogados intentando recuperar su vivienda después de que la inquilina se negara a abandonarla al terminar el contrato en agosto de 2025. El caso ilustra el atasco judicial que convierte el fin de contrato en una vía muerta para el arrendador.

La historia empieza con una hipoteca y una madre. Un votante de izquierdas compró una segunda vivienda para que su madre, que vivía de alquiler, no acabara en la calle. Cuando ella falleció, puso el piso en alquiler en Valencia por 400 euros al mes. Precio asequible, contrato firmado, todo en orden.

El fin de contrato que no termina de acabar

En agosto de 2025 se cumplió el contrato de la inquilina. El propietario comunicó que no renovaba porque necesitaba vender. La respuesta fue un no rotundo y una invitación a demandar. Ella se declaró vulnerable. Él puso la demanda de desahucio por fin de contrato.

Hoy, más de dos años después de aquello, sigue sin recuperar la vivienda. La justicia, dice, aún no ha cumplido su misión. El gasto en abogados asciende ya a 3.000 euros. El piso sigue ocupado.

La factura de un problema que no es suyo

El propietario no niega el problema de la vivienda. Lo llama gravísimo. Lo que no acepta es que se cargue sobre los particulares un asunto que las administraciones no han resuelto durante años. Hay quien heredó. Hay quien llevó media vida pagando hipoteca y renunciando a cosas.

Reconoce que existen abusos y que deben regularse. Pide alquileres asequibles y vivienda pública. Más que nunca. Construir, invertir, gestionar, gobernar. Y si hay pisos vacíos en manos de bancos o grandes tenedores, estudiar qué hacer con ellos.

Menos oferta cuando el propietario se cansa

Su advertencia es sencilla: si cada vez es más difícil alquilar, habrá propietarios que dejen de hacerlo. Y entonces habrá todavía menos oferta. El círculo se cierra sobre quienes buscan un techo.

Se define de izquierdas. Ha salido a la calle, ha militado, ha protestado por la sanidad, la educación y los derechos sociales. Sigue creyendo en esas luchas. Pero pide autocrítica: no todo vale porque venga de los nuestros. Defender a quien no puede pagar un alquiler no es lo mismo que convertir en culpable a quien tiene una propiedad.

La vivienda digna es un derecho, concede. Pero los derechos necesitan políticas públicas que los hagan posibles. Mientras tanto, él sigue esperando. Más de dos años. Tres mil euros. Y un piso que no puede vender.