Trabajo: 68.000€ en churros y bollería en siete meses, según un tuit
Una cifra.
68.000 euros en churros, porras y bollería industrial. Ese es el gasto que el Ministerio de Trabajo habría asumido en siete meses, según un tuit de
The Objective que abre el debate. La partida, lejos de ser un detalle administrativo, ha servido para reabrir una pregunta incómoda: ¿qué come, a costa de quién y por qué, la maquinaria del Estado cuando nadie mira la caja pequeña?
El desglose que circula no es menor. De esos
68.000 euros, una parte corresponde a porras —3712 unidades, según el recuento que se maneja—, lo que añade al churro clásico una variante más larga y más gorda. La broma se escribe sola. El problema es que detrás de la broma hay una factura que, según los foreros, paga el contribuyente y una pregunta que ningún comunicado ha respondido todavía: cuántas personas desayunan gratis en ese edificio y con qué justificación legal.
Cuántos churros son 68.000 euros
La aritmética es lo primero que se hace cuando aparece una cifra así. Si se asume un precio mayorista de
2 euros la docena, el cálculo arroja 34.000 docenas, es decir, 408.000 churros. Si el precio sube a 3 euros, la cifra baja a unos 272.000. Y si se toma el precio de barrio —
6 euros la docena, el que se paga en cualquier cafetería de barrio—, el resultado se queda en torno a 136.000 unidades. Cualquiera de los tres escenarios da la misma conclusión: son muchos churros.
Repartidos entre los días laborables de siete meses, el ritmo diario se mueve entre los 900 y los 1.500 churros. La cifra no es un chiste: es un indicador de cuánta gente desayuna ahí dentro. Y abre la pregunta que nadie ha contestado con un documento: ¿cuántos empleados públicos tienen el desayuno cubierto por el presupuesto?
El desayuno de los funcionarios no es gratis por ley
Aquí es donde el asunto se complica. El desayuno no figura entre los conceptos retributivos de ningún funcionario. No hay complemento de churro, no hay ayuda de comedor que cubra la bollería, no hay artículo que obligue al Ministerio a servir café con porras a su plantilla. Si el gasto existe, existe por otra vía: una cafetería interna con precios subvencionados, un contrato de suministro, un catering. La diferencia entre esas tres fórmulas es la diferencia entre un servicio y un agujero.
Hay quien sostiene que se trata de una cafetería de ministerio con cientos de trabajadores, y que
68.000 euros en siete meses no son una cifra disparatada para dar servicio a esa plantilla. El argumento tiene sentido si el servicio se paga. Pierde fuerza si el desayuno sale gratis. Y esa es, exactamente, la línea que separa la anécdota del escándalo.
El cálculo que desmonta el relato oficial
El desglose completo, partida a partida, con el precio unitario, el número de unidades y el reparto por días laborables, deja un cuadro que sorprende más que el titular. No es solo el volumen. Es la estructura: un gasto corriente, repetido, anual, que se ha convertido en parte del paisaje administrativo sin que nadie lo haya discutido en sede parlamentaria.
La comparación con otros ministerios, con otras administraciones y con el sector privado arroja diferencias que no se explican por el tamaño de la plantilla. Y la pregunta de fondo —¿por qué el desayuno de un empleado público lo paga el erario?— sigue sin respuesta oficial. Mientras tanto, la partida anual supera los
92.000 euros, según los datos que se manejan.
Qué dice el contrato y qué no dice
Los contratos públicos de suministro de alimentación existen, son legales y están regulados. Lo que no está regulado es que el beneficiario final sea el empleado sin contraprestación. Si la cafetería cobra, el gasto se recupera. Si no cobra, el gasto es subvención encubierta. Y si cobra por debajo de coste, el gasto es la diferencia.
Ninguna de las tres opciones aparece detallada en la información disponible. Lo que aparece es la cifra, el periodo y el tipo de producto. Con eso, cada lector hace su propia cuenta. Y la cuenta, en cualquiera de los escenarios, no cuadra con el relato de austeridad que se vende en los presupuestos generales.
El asunto queda donde empezó: en una factura de churros y una pregunta sin contestar. Cuántos, para quién, pagado por quién. Tres datos que cualquier auditoría resuelve en una tarde. Que a estas alturas sigan sin estar sobre la mesa dice bastante sobre qué se considera prioritario revisar y qué no.