Díaz prepara un golpe de más de 3.000 millones para la sanidad y la educación privada

Díaz quiere gravar al 21% la sanidad y la educación privada​

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa subir del 0% al 21% el IVA de la sanidad y la educación privadas. La cifra que maneja el sector: más de 3.000 millones de euros adicionales para las arcas públicas. Lo dijo en una entrevista con la Agencia EFE, en plena negociación de los nuevos presupuestos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y lo justificó con una pregunta: «¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?». La respuesta, según los afectados, es que el golpe no lo encajarían las grandes clínicas, sino el dentista de barrio, la academia de inglés y las familias que ya pagan dos veces por lo mismo.

Qué se grava exactamente y a quién le duele​

El planteamiento de Díaz excluye la escuela concertada y apunta a la privada pura. En la práctica, el 21% alcanzaría desde una consulta de podología hasta una clase particular de matemáticas, pasando por comedores escolares, escuelas infantiles, academias y clínicas dentales. El presidente de la patronal sanitaria Aspe, Carlos Rus, lo resume sin adornos: «Aplicar el 21% de IVA a los servicios sanitarios privados significa gravar a los pacientes que utilizan los servicios sanitarios».

El sector sanitario privado no son solo los grandes grupos hospitalarios. Está formado en buena parte por autónomos con pequeña clínica o consulta propia, el eslabón más frágil ante una caída de clientes. La lógica que se impone en ese tramo es sencilla: si el paciente tiene que pagar un 21% más, una parte deja de ir. Y el que deja de ir no se queda en casa, vuelve a la pública.

El efecto boomerang sobre la sanidad pública​

Aquí está el nudo del asunto. La sanidad pública arrastra listas de espera que no se han recuperado del colapso de la pandemia y, en algunos casos, han empeorado. Si miles de pacientes que hoy se costean su seguro privado regresan al sistema público, la sobrecarga se multiplica. Rus lo cifra sin paños calientes: el ingreso extra «muy probablemente se convertirá a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos». Es decir, se recauda por un lado y se gasta más por otro.

En el tramo educativo el argumento se repite con otro envoltorio. La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) advierte de que aplicar el IVA en plena crisis económica derivada de la pandemia encarecería «de forma insoportable» un servicio elegido libremente por las familias, hasta el punto de poner en riesgo la supervivencia del sector. Su presidente, Alfonso Aguiló, lo enmarca en el artículo 27 de la Constitución, que protege el derecho a elegir educación y la libertad de creación de centros.

La factura del inicio de curso​

El impacto doméstico tiene número. Según Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, el gasto de inicio escolar pasaría de una media de 450 euros por hijo en el curso 2023-2024 a más de 1.000 euros por hijo. Las familias numerosas serían las más golpeadas. «No me parece lógico que un derecho fundamental tenga que costar más a las familias», sostiene. Y remata: «Si Yolanda se quiere cargar la educación privada que lo haga, pero no de esta manera».

Hay un detalle que se repite en los análisis más fríos: la educación y la sanidad privadas no son un coto de ricos. Son también el dentista que la Seguridad Social no cubre, la academia de refuerzo del hijo que va justo, la consulta del especialista que evita meses de espera. Gravar eso no es gravar un lujo, es gravar una válvula de escape.

El argumento de la doble tributación​

La corriente crítica con la medida insiste en un punto que no es menor: quien paga un seguro privado o un colegio privado ya está financiando con sus impuestos la sanidad y la educación públicas que no usa, y encima paga de su bolsillo el servicio alternativo. Añadir un 21% convierte esa doble carga en triple. De ahí sale la propuesta que circula en los márgenes del debate: cheques escolares o médicos para quien renuncia a usar el servicio público, en lugar de gravar al que lo complementa.

Enfrente, la tesis oficial no es recaudatoria sin más. Díaz la enmarca en una idea más amplia: que las rentas del trabajo tributen menos que las del capital y que se corrijan los elementos regresivos del IVA. Que un servicio sanitario tribute al 0% mientras otros productos de primera necesidad sí lo hacen es, para ella, una anomalía.

Lo que puede pasar si sale adelante​

El escenario que dibujan los afectados tiene tres patas. Una: caída de clientes en consultas y academias pequeñas, con cierres y destrucción de empleo. Dos: trasvase de pacientes y alumnos a la pública, con el consiguiente aumento de gasto. Tres: fuga de tratamientos no urgentes a países vecinos, donde el mismo servicio puede salir más barato incluso con desplazamiento incluido.

Nada de esto está decidido. La medida se cuece en la negociación presupuestaria entre Díaz y Montero, y de momento es una propuesta, no un texto legal. Pero el sector ya ha puesto el grito en el cielo y las cuentas, según sus propios cálculos, no salen por ningún lado. Si el objetivo era recaudar 3.000 millones, el riesgo es acabar pagando bastante más por la puerta de atrás.