Detenidos el anestesista y la dueña de la clínica dental de Alzira
La Policía Nacional detuvo este miércoles al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira donde una niña de seis años fue sedada y falleció horas después en el Hospital de la Ribera. Al especialista, un hombre de 43 años, se le imputan presuntamente homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, delito contra la salud pública y hurto por la presunta sustracción de fármacos en el hospital donde trabajaba. A la propietaria del centro, una mujer de 50 años, se le atribuyen presuntamente omisión de socorro y delito contra la salud pública. La investigación sigue abierta y se centra en si hubo mala praxis en la aplicación de los sedantes.
El modus operandi: anestésicos de hospital en una clínica sin autorización
El caso no va de un descuido. Según las fuentes policiales citadas, el anestesista sustraía los medicamentos en el hospital donde prestaba servicios habituales y los usaba después en clínicas privadas. La clínica dental de Alzira carecía de autorización administrativa para sedación consciente, según señaló la Conselleria de Sanidad, y no disponía de los recursos exigidos para ese tipo de intervenciones. La combinación —fármaco sin trazabilidad y centro sin medios— es la hipótesis que sostiene la imputación.
¿Por qué el propofol robado pudo ser letal?
El fármaco más señalado en el material es el propofol, un anestésico intravenoso de uso hospitalario que no se dispensa en farmacias. Su alto contenido lipídico lo convierte en un caldo de cultivo para bacterias si se conserva mal o se reutiliza. La práctica estándar es desechar los restos de cada ampolla; reutilizarlos o transportarlos sin cadena de frío puede inyectar toxinas y desencadenar una sepsis. Los datos disponibles apuntan a una intoxicación aguda: la niña presentó vómitos, somnolencia y fiebre antes de perder el conocimiento. No hay confirmación oficial de la causa exacta de la muerte.
Tres menores afectados y una investigación que se amplía
La investigación no se limita a Alzira. La Policía estudia un tercer caso de supuesta imprudencia profesional en una clínica dental de Paterna, donde otro menor sufrió complicaciones tras ser sedado por el mismo especialista. La clínica ha borrado de su web el nombre del anestesista investigado. Además, una segunda niña de cuatro años permaneció dos semanas ingresada en el Hospital Clínico de València, con paso por la UCI pediátrica, y ya ha sido dada de alta. El número de afectados confirmados asciende a tres, todos menores.
El negocio de la sedación barata en clínicas sin UCI
El trasfondo económico es el que explica por qué ocurren estas cosas. Un anestesista cobra en torno a 45 euros netos por sedación en el circuito privado, una tarifa que muchos rechazan porque no cubre el riesgo. El fármaco robado añade un margen extra: cuesta entre 5 y 20 euros y se factura a precio de producto hospitalario. La clínica se ahorra el coste de autorización, el equipamiento de monitorización y el personal de reanimación. El resultado es una sedación sin red de seguridad: si algo se tuerce, no hay UCI, no hay tiempo y no hay protocolo.
Lo que la investigación todavía no ha cerrado
Queda por determinar si la muerte se debió a contaminación del fármaco, a sobredosificación o a una reacción imprevisible. También está sin resolver la responsabilidad de la odontopediatra que realizó el tratamiento, cuyo nombre no aparece en las detenciones. La causa sigue en instrucción y ninguna de las personas detenidas ha sido condenada. La clínica dental de Alzira operaba sin la autorización que la Conselleria de Sanidad exige para sedación consciente, un trámite administrativo que cuesta unos 200 euros y que implica una inspección de instalaciones. Ese papel, según los datos disponibles, nunca se tramitó.