Descubren que los forasteros ilegales cobran de media unos 800 euros netos. De ayudas de las CCAA y no del Estado (esto era lo are negaban)

Un tuit afirma que las comunidades autónomas pagan hasta 790 euros a migrantes sin residencia legal​

Un tuit de @Canario Today abre la caja de los truenos: según su autor, la clave de la supuesta mentira sobre las ayudas a inmigrantes irregulares no estaba en el Gobierno central, sino en las comunidades autónomas. Mientras la izquierda desviaba el foco hacia el Ejecutivo de España para hablar de «bulos», la pelota estaba en otro tejado. La denuncia apunta a que las administraciones autonómicas sí contemplan pagos mensuales que, según los datos que se manejan, rondan los 800 euros netos. El asunto no es menor: afecta a la percepción de las políticas migratorias y al uso de fondos públicos.

De qué ayudas hablamos y quién las paga​

El núcleo del asunto está en las prestaciones autonómicas. No es el Estado quien gira esas transferencias, sino las comunidades. La Ley de la RGI vasca (14/22) se cita como ejemplo: su articulado incluye a personas refugiadas, víctimas de trata, violencia de género y a quienes han estado bajo el sistema de protección de menores. Es decir, hay vías legales para cobrar sin tener residencia legal acreditada. El debate no es si existen, sino si se están usando como coladero. Los críticos sostienen que estas normas se aprobaron con un alcance que desborda su objetivo inicial.

El cálculo que nadie desglosa: 800 euros de media​

La cifra que sobrevuela la discusión es clara: unos 800 euros netos al mes. No es una cantidad simbólica. Equivale a un salario de media jornada y compite con las ayudas que reciben colectivos vulnerables de origen español. Aquí está el quid: si un inmigrante irregular puede acceder a esa cantidad, el incentivo para regularizar su situación se diluye. Hay quien defiende que estas ayudas son necesarias para evitar la exclusión social extrema; otros replican que subsidian la irregularidad. El desglose completo de partidas y requisitos da una diferencia que sorprende, y no está en los titulares.

El abandono del discurso de las paguitas​

Una de las derivadas más llamativas es el giro de VOX. El partido que hizo bandera de quitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a todo el mundo ha ido silenciando ese mensaje. Ahora su discurso se centra en la expulsión de 600.000 inmigrantes al año, según las cifras que se repiten. La sospecha que flota es que temen perder votantes si insisten en recortar ayudas que también cobran españoles. El cálculo político es evidente: es más rentable agitar la bandera anti-inmigración que entrar en el detalle de quién cobra qué y por qué.

El dato que descoloca: 28.500 millones en ayudas a colectivos vulnerables​

Las ayudas a colectivos vulnerables subsidian a 7 millones de personas y cuestan 28.500 millones de euros, según los datos que se citan. La Airef ha propuesto modificar el IMV porque desincentiva la búsqueda de trabajo. Si a eso se suma que las comunidades autónomas tienen sus propias puertas de entrada, el mapa de la protección social se vuelve un laberinto. La pregunta que queda en el aire es cuántos de esos 7 millones cobran sin cumplir los requisitos que la norma exige. Nadie ha dado todavía una cifra exacta. Y mientras tanto, la discusión sobre los 800 euros sigue sin respuesta oficial.