Abascal y los 600.000: ¿es viable echar a los inmigrantes ilegales?
La cifra es contundente: 600.000 personas al año. Santiago Abascal, líder de Vox, propone expulsar a todos los inmigrantes sin papeles de España a ese ritmo. La declaración ha reabierto un debate que enfrenta a quienes consideran la inmigración ilegal una carga insostenible con los que alertan de la inviabilidad logística y legal de una deportación masiva. Mientras unos aducen que "2 de cada 3 inmigrantes no cotiza", otros recuerdan que hay millones ya nacionalizados y que la Constitución protege sus derechos.
La propuesta de Abascal: ¿realista o populista?
La idea de expulsar a 600.000 personas anualmente choca con la realidad actual: en España se ejecutan menos de 50.000 expulsiones al año. Para alcanzar esa cifra haría falta multiplicar por doce la capacidad operativa, lo que implicaría un despliegue logístico sin precedentes. Quienes apoyan la medida señalan que la inmigración ilegal supone un drenaje para los servicios públicos y que muchos de estos extranjeros no contribuyen al sistema de Seguridad Social. Por contra, los críticos argumentan que la mayoría de los inmigrantes, incluso los irregulares, trabajan y tributan (aunque sea en economía sumergida), y que la deportación masiva sería contraproducente económica y socialmente.
El impacto económico de la inmigración ilegal
Uno de los datos más repetidos es que "2 de cada 3 inmigrantes no cotiza". Sin embargo, esta afirmación debe matizarse: incluye a menores, jubilados y amas de casa. En el debate, se contrapone que la inmigración ilegal abarata la mano de obra y perjudica a los trabajadores nacionales, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico. Además, se menciona que entran unos 50.000 inmigrantes ilegales al año (según cifras oficiales), muy lejos de los 600.000 que Abascal pretende expulsar. Esto sugiere que el stock de irregulares podría estar sobreestimado o que se incluye a personas en situación administrativa irregular derivada de estancias caducadas.
Los obstáculos legales y prácticos
Varios participantes señalan que la expulsión masiva es jurídicamente inviable: la Constitución y los tratados internacionales protegen los derechos fundamentales de las personas, incluso de las que están en situación irregular. Además, muchos inmigrantes ilegales llevan años en España y han creado vínculos familiares y laborales. Para deportarlos habría que reformar la Carta Magna. También se destaca que millones de extranjeros ya son españoles de pleno derecho gracias a la Ley de Memoria Democrática, que facilitó la nacionalización a latinoamericanos. En este punto, el debate se divide entre quienes piden revisar esas nacionalizaciones por presunto fraude y quienes las consideran irreversibles.
La cuestión de fondo, sin embargo, sigue sin respuesta: ¿qué hacer con los millones de inmigrantes legales que ya forman parte del país? El debate, lejos de cerrarse, apunta a que el verdadero desafío no es la expulsión, sino la integración.
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