Desastre en todas las webs de las administraciones del estado, todas con errores y fallos.

El caos digital del Estado: cuando cada trámite se convierte en una odisea​

La administración electrónica española acumula fallos que van desde la DGT hasta la Agencia Tributaria, pasando por la Carpeta Ciudadana, la Seguridad Social o Correos. Un rosario de errores, webs caídas y sistemas colapsados que el ciudadano ha terminado por asumir como parte del paisaje. La queja no es nueva, pero el goteo de ejemplos convierte la excepción en norma: lo raro sería que algo funcionara.

La lista de fallos es tan extensa que casi da vértigo. La DGT falla al consultar vehículos; la Carpeta Justicia impide acceder al visor de procesos; la Carpeta Ciudadana no carga datos ni conecta entre administraciones; el campus virtual de la Universidad Complutense arrastra temarios sin subir; la Agencia Tributaria no descarga bien las notificaciones móviles; el sistema de cita para el DNI pierde quince minutos; la Seguridad Social colapsa para citas presenciales o telefónicas. Y así, un día tras otro.

Correos, el IBI y la guinda de la Diputación de Toledo​

El mensaje inicial añade dos capítulos más. Correos: cada paquete que llega por esta vía genera temblores. La web de seguimiento no encuentra el código, los paquetes desaparecen durante días o el cartero pasa una sola vez cuando debería pasar dos. La segunda edición incorpora la web de pago de tributos de la Diputación de Toledo: para pagar el IBI de una vivienda, la página no funciona, no cargan los recibos, no se puede ver el expediente. Un caos administrativo más.

El diagnóstico: funcionarios, política y empresas públicas​

En el análisis de fondo, hay quien sostiene que todo lo que hace el Estado funciona mal por definición. La web de Renfe es famosa por ser un desastre a pesar de haber invertido millones. Se argumenta que una organización dirigida por políticos y gestionada por empleados públicos difícilmente puede funcionar bien. La paradoja: pagar en la AEAT siempre ha funcionado. Se ve qué es lo importante de verdad.

Otra corriente apunta a la relación inversa entre número de funcionarios y calidad del servicio. Cuantos más, peor. Y si un servicio que funcionaba se publicita, empieza a dar problemas. El ejemplo que se cita son las ITV de la Comunidad Valenciana.

INDRA, becarios eternos y el negocio de las licitaciones​

El dedo se señala también a las empresas que desarrollan las aplicaciones. INDRA aparece como el nombre recurrente. Se describe un ecosistema de becarios ingenieros eternos que, aunque lleven veinte años, siguen cobrando sueldo junior. Los que se quedan, se dice, es porque no tienen mejor opción. Los enchufados al ser semi pública. Esa gente hace las aplicaciones del Estado.

El proceso de licitación tampoco ayuda: las webs las hacen proveedores que pujan, y gana siempre el más barato. Los funcionarios no tienen por qué saber de frameworks, seguridad o mantenibilidad, y las peticiones de oferta son un desastre. Cuando llegan las ofertas, se adjudica al más barato, con un coste por jornada hombre absurdo.

La teoría del programador: sistemas obsoletos y seniors que huyen​

Un programador lo explica sin paños calientes: una web del Estado con decenas de integraciones con servicios SOAP obsoletos y lógicas de negocio que nadie entiende no la hace un crío de trece años en cuarenta y ocho horas. Tampoco la pican bien los becarios de las consultoras que ganan los contratos. La realidad es que los senior que programan bien no programarían ni borrachos para las administraciones públicas porque son sistemas obsoletos que no aportan nada a nivel de desarrollo personal y además pagan poco. Es algo que se hace en la etapa junior y en cuanto se puede, se vuela.

El patrón: cobrar sí, atender no​

La conclusión que se repite es que para cobrar los sistemas funcionan a la perfección. Las notificaciones fallan, las webs se caen, pero los embargos llegan puntuales. Se denuncia que se embargan cuentas hasta dejarlas a cero, incluso los últimos cincuenta euros de una mujer de setenta años, o pensiones de ancianos en veinte o treinta euros si superan el SMI. Son gentuza, se llega a decir. La administración te encuentra cuando quiere, pero tú no la encuentras a ella.

La carpeta ciudadana: saben todo de ti, pero tú no puedes hacer nada​

La Carpeta Ciudadana merece capítulo aparte. En ella se ve todo: viviendas, coches, sueldos, prestaciones, informe médico, antecedentes penales, títulos académicos, inscripciones en el paro. La administración sabe hasta el pie que calzas. Pero cuando necesitas algo, no está. El diseño de las webs se describe como arcaico, malísimo, poco intuitivo, retorcido y hasta hecho a mala fe para que no encuentres lo que buscas y no molestes a los señores funcionarios.

La experiencia de Correos y el IBI desaparecido​

Un caso concreto: una reclamación en Correos porque las cartas tardaban meses en llegar, las repartían cuando les salía del nabo y en verano no había reparto. La respuesta, semanas después: «muchas gracias por sus observaciones, nos ayudan a mejorar el servicio». Todo sigue exactamente igual. Otro: un IBI desaparecido. Toda la vida domiciliado y no aparece ni en notificaciones ni en ninguna parte de la web. A ver si me han incautado esa casa.

El debate de fondo: ¿público o privado?​

La discusión deriva hacia el papel del Estado. Hay quien sostiene que no debería haber nada no imprescindible que sea público, salvo defensa y justicia. Se pide desmantelar lo público y que los funcionarios devuelvan con intereses lo cobrado. Enfrente, la constatación de que en la administración general del Estado ya hay automatizaciones en procesos repetitivos y que el cuerpo de informáticos no lleva tanto tiempo y ha estado años sin cubrir plazas. Ahora se quiere centralizar desarrollos desde la SGAD y estandarizar.

La pregunta queda en el aire: si el Estado fuera una empresa, ¿cuánto tardaría en quebrar?