Un disco duro y dos pendrives de Ábalos: el caso que el Gobierno no quiere que se abra
¿Qué hay realmente en el disco duro y los dos pendrives atribuidos a José Luis Ábalos que, según las informaciones publicadas, guardan grabaciones y fotografías «privadas y personalísimas»? La pregunta planea sobre un Gobierno que ya ha vivido demasiados episodios similares. La respuesta oficial, de momento, es un silencio que alimenta todo tipo de especulaciones. Y mientras tanto, la maquinaria judicial y mediática se pone en marcha con la lentitud habitual.
El material intervenido incluye numerosas grabaciones y fotografías de carácter privado, según las informaciones publicadas. La cadena de custodia, la encriptación de los dispositivos y la posible prescripción de los delitos se convierten en los próximos campos de batalla. Nadie espera una bomba informativa. Todos esperan, en cambio, que la bomba no estalle.
¿Qué contiene el disco duro y los pendrives de Ábalos?
Según las informaciones publicadas, el material intervenido incluye
numerosas grabaciones y fotografías de carácter privado y personalísimo. No hay confirmación oficial sobre su contenido exacto. La encriptación de los dispositivos impide, por ahora, conocer el alcance real de lo que guardan. Hay quien sostiene que lo que hay es «muy gordo», pero nadie ha podido verificarlo de forma independiente.
La ausencia de filtraciones contrasta con la expectación generada. En otros casos similares, el goteo de información ha sido constante. Aquí, el hermetismo es casi absoluto. Esa combinación de expectativa y silencio es, precisamente, lo que mantiene vivo el asunto.
La encriptación: ¿un obstáculo real o una excusa?
La encriptación de un disco duro no es un impedimento insalvable para la Guardia Civil, que cuenta con herramientas forenses para acceder a dispositivos protegidos. Sin embargo, el proceso puede alargarse meses o años. Y en ese tiempo, la actualidad política sigue su curso.
Hay quien señala que la encriptación se ha convertido en un recurso narrativo habitual: primero se anuncia que el disco «no se ha podido desencriptar», después aparece «misteriosamente» borrado, más tarde la cadena de custodia se incumple y el juez declara que la prueba no sirve. El caso, finalmente, prescribe. Es un guion que se repite con sospechosa frecuencia.
La pregunta clave no es si se puede desencriptar, sino si se quiere. La tecnología existe. La voluntad política es otra cosa.
El precedente Bárcenas y la manta que nunca se tira
La comparación con el caso Bárcenas es inevitable. También entonces se esperaba que el extesorero del PP tirara de la manta y arrastrara a medio partido. No ocurrió.
La libreta de Bárcenas incluía a Mariano Rajoy en la lista de corruptos, y el expresidente sigue leyendo el Marca mientras se fuma un puro. Perro no come perro.
Ese precedente pesa como una losa sobre cualquier expectativa de que este caso sea diferente. La experiencia acumulada sugiere que los grandes escándalos de corrupción en España rara vez terminan con consecuencias penales para los altos cargos. Se quedan en el limbo de lo presunto, lo archivado o lo prescrito.
La ciudadanía lo sabe. Por eso la reacción dominante no es indignación, sino escepticismo. Otra bomba de humo, piensan muchos. Otra cortina para desviar la atención de otros asuntos.
El contexto económico: Ineco, los encargos públicos y los sueldos pagados con impuestos
Ábalos percibía un sueldo de Ineco, empresa pública que vive fundamentalmente de los encargos de las administraciones. Es decir, de los impuestos de todos. Ese detalle, que puede parecer menor, es central para entender el enfado. No se trata solo de corrupción política: se trata de dinero público que acaba financiando estructuras opacas.
La conexión entre cargos públicos, empresas beneficiarias de contratos públicos y retribuciones paralelas es un patrón conocido.
Ineco depende en gran medida de los encargos públicos, lo que difumina la frontera entre lo público y lo privado. Cuando esa frontera se difumina, la rendición de cuentas se vuelve casi imposible.
Las reacciones: entre el «que lo digan» y el «no va a pasar nada»
La reacción mayoritaria oscila entre dos polos. Por un lado, quienes exigen que, si hay algo verdaderamente grave, se diga ya, sin filtraciones interesadas ni globos sonda. Por otro, quienes dan por hecho que no pasará nada: que el disco se borrará, que la cadena de custodia fallará, que el caso prescribirá.
La misma música suena desde la época de Felipe González, y el resultado siempre ha sido el mismo.
Hay también quien señala que este tipo de casos sirven para calentar al populacho y desviar la atención de problemas más acuciantes: el precio de la vivienda, el coste de la vida, la precariedad laboral. La corrupción como cortina de humo. Una hipótesis cínica, pero no descabellada.
¿Qué puede pasar ahora con el caso Ábalos?
El escenario más probable, a la vista de los precedentes, es que el caso se diluya entre recursos, plazos procesales y filtraciones controladas. La encriptación de los dispositivos añade una capa adicional de opacidad. Si el material no se desencripta a tiempo, la causa puede decaer.
La otra posibilidad es que alguna de las partes implicadas decida tirar de la manta para salvarse. Pero eso, como demuestra la experiencia, rara vez ocurre. El instinto de supervivencia del sistema es más fuerte que cualquier amenaza judicial.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste al espectáculo con una mezcla de hastío y resignación. Otro caso, otra promesa de transparencia, otro final previsible.
Al final, lo más revelador no es lo que hay en el disco duro, sino lo que se hará con él. Si la historia sirve de guía, la respuesta es: nada. O casi nada. Lo suficiente para que parezca que se investiga, lo bastante poco para que nadie acabe en la cárcel. La justicia, como siempre, es selectiva. Y el olvido, democrático.