Denuncian a la directora de aemet por homicidio imprudente

Manos Limpias denuncia a la directora de AEMET por la DANA​

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Valencia contra la directora de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo del Olmo, y contra el responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Javier Montoro Hernández. La acusación, según el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, apunta a los presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia a raíz de las repercusiones de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Manos Limpias pide al juzgado que abra una investigación contra ambos responsables por las posibles negligencias cometidas desde sus organismos.

Qué sostiene el escrito y qué papel jugó el radar de Valencia

La denuncia desgrana una serie de hechos que, a juicio del sindicato, evidenciarían la cadena de errores. Entre ellos, que durante los días previos al impacto del temporal «expertos de todo el mundo» avisaron de la tragedia que podía producirse. El detalle más incómodo es técnico: el 25 de octubre el radar situado sobre la zona de Valencia no funcionaba, aunque sí lo hacía el 28, jornada previa a la llegada de la gota fría.

Ese fallo de instrumentación es el punto donde se enreda buena parte del debate. Una corriente del análisis sostiene que sin radar operativo durante días clave es imposible exigir una predicción afinada. La contraria responde que los partes de la agencia se fueron renovando desde el día 25 y que el aviso llegó a tiempo de tomar medidas. El sindicato no se queda en la meteorología: extiende la responsabilidad a quien debía traducir el aviso en decisiones sobre el terreno.

¿Por qué AEMET habló de 90-190 l/m2 y Meteo France de 400 l/m2?

Aquí está el número que descoloca a todo el mundo. La agencia francesa anunció 400 l/m2 y riesgo mortal, mientras la AEMET manejaba horquillas de 90 a 190 litros y, en un comunicado posterior, entre 100 y 160. Para una zona acostumbrada a episodios torrenciales, 150 litros no disparan reflejos de catástrofe: se mueve el coche dos calles más arriba y se colocan un par de sacos de arena. La diferencia entre 190 y 400 no es de matiz; es la frontera entre una tarde complicada y una tragedia.

A falta de una explicación oficial cerrada, hay quien defiende que la AEMET declara el nivel rojo el mismo día del desastre, y que elevó la alerta cuando el agua ya estaba en las calles. La pregunta que queda sin respuesta técnica es por qué dos servicios meteorológicos del mismo fenómeno publicaron órdenes de magnitud tan dispares.

El precio de tanto aviso rojo: cuando ya nadie cree la alerta

La otra pata del caso no es meteorológica, sino de reputación institucional. Un buen número de análisis señala que la sobreabundancia de avisos rojos —por lluvia, por calor, por temperaturas elevadas en agosto— ha vaciado de contenido la señal. Si la alerta máxima se activa varias veces al año y casi nunca ocurre nada grave, el ciudadano aprende a ignorarla. Y el día en que el aviso es real, el mensaje llega gastado.

Ese desgaste convive con una discusión de fondo sobre la arquitectura del sistema. Se argumenta que la fragmentación en agencias autonómicas, frente a un servicio único para todo el territorio, complica la coordinación justo cuando más falta hace. También se cuestiona el perfil de la persona al frente de la agencia: se apunta que la máxima autoridad no procede de la meteorología, y que una ingeniería o un currículum de gestión no equivale a conocimiento del monzón mediterráneo.

La guerra de competencias: AEMET avisa, otros deciden

Avisar y actuar son dos cosas distintas. Quien controla protección civil, guardia civil, policía y cierre de carreteras es la administración autonómica y el Estado central, no la agencia meteorológica. Una parte del análisis sostiene que la gestión valenciana reaccionó tarde: alerta a las 20:15 cuando la jornada laboral ya había terminado, tras mensajes institucionales a mediodía que daban por superado el episodio. La otra parte reparte culpas hacia arriba y reprocha al Gobierno central no haber movilizado al ejército con carácter obligatorio, lo que describe como dejación de funciones.

Lo que ambas versiones comparten es la sospecha de que hubo una concatenación de errores sostenida en el tiempo. Y eso, con víctimas mortales contadas por decenas y daños que han destruido el patrimonio de miles de familias, convierte cualquier denuncia en un instrumento incómodo.

Hay un consenso bastante incómodo en torno a la oportunidad del movimiento: se cuestiona que unos muertos sirvan para ajustar cuentas políticas, se duda del recorrido procesal de la denuncia y se advierte del riesgo de que quien la firma pierda legitimidad. Bajo el agua todavía no había aparecido todo. El análisis se atasca justo ahí, en el punto donde poner un nombre al culpable y encontrar la causa real deja de coincidir.