¿Deberían ir los paguiteros a limpiar bosques?

Limpiar bosques a cambio del subsidio: el pulso que divide​

La propuesta suena simple: quien cobra una prestación pública y está en condiciones de trabajar, que arrime el hombro en tareas de utilidad social —desbrozar montes, cuidar mayores, acompañar a dependientes— o se le retira la paga. El planteamiento, lanzado en un contexto de incendios forestales y de debate sobre el gasto público, ha cuajado con rapidez en amplios sectores. La respuesta mayoritaria es un sí sin matices: si con mis impuestos te mantengo y puedes trabajar, arremángate. Pero el asunto se rompe en cuanto se baja al detalle de quién es «paguitero» y quién no.

Qué se propone exactamente​

El punto de partida es una distinción que muchos consideran de sentido común: hay personas con discapacidades graves —paralíticos, dependientes severos— cuya prestación nadie discute. Y hay, sostiene el planteamiento, otra franja con limitaciones menores que podría perfectamente recoger papeles del bosque y que sin embargo recibe pagas vitalicias por quedarse en casa. La propuesta no pide eliminar el subsidio, sino condicionarlo a una contraprestación laboral de carácter social.

La lista de tareas posibles que se maneja es amplia: limpieza de bosques y montes, desbroce de cunetos y carreteras, retirada de maleza de ríos y playas, cuidado de personas mayores, apoyo a protectoras de animales, regulación del tráfico a la salida de los colegios. Trabajo útil, preventivo y de bajo coste, argumentan. La idea de fondo es que el subsidio deje de ser una renta incondicional y se convierta en una retribución por un servicio prestado.

El contraargumento que nadie esperaba: los discapacitados​

El golpe más duro al planteamiento llega desde dentro del propio colectivo señalado. Una persona con un 65% de discapacidad y grado 4 sobre 5 relata que cobra 250 euros al mes desde hace tres meses, que lleva diez años con la enfermedad y cinco trabajando pese a la discapacidad, y que está estudiando para acceder a un empleo mejor. Su respuesta a la propuesta es tajante: no va a limpiar bosques por la cara ni a cuidar a otros discapacitados siendo él mismo discapacitado. Cuando se le acabe el paro, calcula, le quedarán 550 euros.

Ese testimonio desmonta la separación limpia entre «discapacidad grave» y «discapacidad menor» que sostiene la propuesta original. La frontera no es nítida. Y añade un agravio comparativo: mientras él pelea por 250 euros con un 65% de discapacidad reconocida, observa que una persona sola sin discapacidad puede cobrar 800 euros de renta garantizada en algunas comunidades, más ayuda al alquiler. El cabreo, dice, no es con el sistema de prestaciones en abstracto, sino con la sensación de que el esfuerzo propio no compensa.

¿Cuánto cuesta y quién lo paga?​

El debate deriva pronto hacia las cifras. Se apunta que una unidad familiar de un adulto y cuatro menores podría acumular 1.652 euros de ingreso mínimo vital, y que un adulto solo percibe 840 euros, lo que en un mismo hogar suma 2.492 euros. Se mencionan también los divorcios de conveniencia y los no registrados como tales para engordar la unidad de convivencia. Son cálculos que circulan sin verificación oficial y que conviene tratar como lo que son: estimaciones de parte.

En paralelo aparece el argumento de la prevención de incendios. Se sostiene que los montes no se limpian por falta de mano de obra, sino por falta de permiso: quien corta una caña o retira ramas sin autorización se expone a una multa considerable. La paradoja es evidente. Se pide mano de obra para una tarea que la propia normativa dificulta. Y se añade un dato que descoloca: la partida destinada a prevención de incendios se habría reducido a menos de la mitad en trece años, hasta unos 180 millones, una cifra que se compara con el coste de mantener a miles de menores no acompañados.

La objeción práctica: no es tan fácil​

El entusiasmo inicial choca con la logística. Organizar cuadrillas de beneficiarios de prestaciones para desbrozar montes exige supervisión, herramientas, transporte, seguros y, según varios testimonios, una capacidad de aguante considerable. Quien ha trabajado en programas de empleo subvencionado por ayuntamientos lo describe sin paños calientes: la cantidad de perfiles problemáticos que se concentran en estas iniciativas hace que muchos prefieran quedarse en casa antes que aguantar según qué compañías. La conclusión pesimista es que de veinte personas, trabajan dos o tres, y el resto genera más coste que beneficio.

Frente a eso, la alternativa que gana terreno es la de los presos. Varios mensajes coinciden: si hay que limpiar montes con mano de obra no voluntaria, los candidatos naturales son los internos en prisión, y si son políticos condenados por corrupción, doble turno. Es una idea que esquiva el problema del incentivo —el preso ya está privado de libertad— y que evita el conflicto con el sistema de prestaciones.

El trasfondo: paguita sí, paguita no​

Debajo del asunto forestal late una discusión más vieja: qué es una paguita y qué es un derecho. Se distingue entre el subsidio de desempleo, que se presenta como devolución de lo cotizado durante la vida laboral, y la renta incondicional, que se percibe como regalo. Hay quien lleva la crítica más lejos y propone que las prestaciones se cobren en vales de comida y con prohibición de gastarlas fuera del país, o que impliquen la pérdida de derechos como el voto. Y hay quien recuerda que las pensiones también son una paga estatal, y que nadie pide a los jubilados que desbrocen.

La sombra de la automatización planea sobre todo ello. Un mensaje sostiene que, con la inteligencia artificial, la robótica y la computación cuántica, el trabajo tal como lo conocemos perderá sentido y la renta básica será universal. Si eso es cierto, el debate sobre quién limpia el bosque es una discusión del pasado.

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El punto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: la frontera entre quien puede y quien no puede trabajar no la traza ningún baremo con precisión. Y sin esa frontera, cualquier sistema de contraprestación obligatoria acaba castigando a quien menos margen tiene para defenderse.