Cuántas constructoras quebrarán (con sus edificios con envolventes termicas "seguras") tras el incendio de Valencia? Atención a la Bolsa hoy.

«Las grandes constructoras no quebrarán: les da obra»​

El incendio de un edificio de viviendas en Valencia ha puesto el foco sobre las envolventes térmicas: esos revestimientos de aislamiento que se han ido pegando a las fachadas de miles de bloques antiguos para mejorar su eficiencia energética. La Bolsa apenas reaccionó. Según un mensaje del hilo, la cotización cayó un 0,3% el día de la noticia y recuperó al siguiente. Y en el fondo del debate aparece la contradicción que repiten varios participantes: no hay ilegalidad, hay material legalizado.

¿Qué material llevan las fachadas que se están rehabilitando?​

Poliuretano. En casi todas, en algún formato, apunta un participante: está en la cámara de ladrillo de los edificios viejos y, proyectado o en panel, en los nuevos. El sistema más citado en rehabilitación es el SATE y dentro de esa etiqueta conviven soluciones muy distintas: poliestireno expandido, extruido, espuma proyectada, lana mineral.

El matiz técnico es donde varios mensajes sitúan el problema. Según la ficha de un aislante de poliestireno con grafito que cita un participante, el producto declara una reacción al fuego clase E: material combustible con contribución alta al fuego. Sobre el papel no debería ir en fachada salvo que el sistema de colocación garantice un comportamiento mejor o se proteja con una capa de estabilidad EI 30. Frente a eso, otro mensaje sostiene que el SATE que se instala hoy es autoextinguible y que el poliestireno no arde con la facilidad que sugiere el relato apocalíptico. El viento fuerte, el efecto chimenea y una temperatura ambiental alta, que también aparecen en el hilo, dejan ese argumento en terreno incómodo.

¿Van a quebrar las constructoras tras el incendio?​

Las grandes, no. Es al menos lo que repiten varios mensajes: las grandes constructoras españolas son empresas de obra civil, edificación y servicios diversificadas por medio mundo y un siniestro no mueve ese balance. La Bolsa, de momento, apenas lo reflejó.

Otra cosa son las miles de empresas pequeñas que, según un participante, viven de la rehabilitación de fachadas. El mismo mensaje afirma que solo en Navarra hay 56 trabajando a destajo, con pedidos por delante y agendas cerradas. Si las comunidades congelan las obras ya aprobadas, esa parálisis no se la come una gran empresa: se la come el autónomo con tres furgonetas. El sector ha ido engordando con las subvenciones de eficiencia energética, señalan varios mensajes; ahora mismo no sabe si le toca frenar o multiplicarse, porque revisar miles de edificios es también trabajo.

¿Quién responde si la fachada era legal?​

Nadie, o casi nadie. El argumento que más se repite es simple: si el edificio se levantó conforme a la normativa vigente en su momento, no hay responsabilidad que reclamar. El material no solo era legal, era el que la propia norma empujaba a poner. La factura de cambiarlo recae sobre los propietarios, que es exactamente donde duele.

El precedente que muchos miran está en Reino Unido, donde, según un participante, se llegó a prohibir la venta —también de segunda mano— de pisos con determinados revestimientos de fachada. La pregunta queda flotando, incómoda: ¿quién responde cuando el que exige, el que certifica y el que instala cumplen todos a la vez y el resultado arde igual?

El negocio redondo de la derrama​

Aquí está el dinero. Un participante cuenta que su comunidad desestimó por unanimidad una obra de aislamiento de fachada de más de 600.000 euros, unos 12.000 por vecino, después de que la subvención que daban por hecha desapareciera a mitad de camino; según su versión, hay comunidades que pidieron un préstamo contando con esa ayuda. La derrama, en todo caso, no entiende de subvenciones fallidas.

Y luego está el desgaste físico. Otro mensaje sostiene que los paneles de las fachadas ventiladas empiezan a descolgarse a los 8 o 10 años; en el edificio de un conocido, la segunda derrama para reponerlos rondaba los dos millones de euros mientras la primera aún se estaba pagando. Un tercer mensaje, de alguien que dice trabajar en el sector, apunta que existe una versión con placas cerámicas en lugar de aluminio: más pesadas, sujetas con escuadras y con antecedentes de desprendimientos. En caso de incendio, el problema se multiplica para quien tenga que apagarlo.

¿Qué van a exigir los vecinos?​

Entre las exigencias que se apuntan está cambiar el aislamiento por otro más resistente al fuego, con la lana de roca como favorita en las quinielas. También pedir inspecciones. Y, sobre todo, entender que la cuota cero de estos años era un espejismo. Los administradores de fincas tienen por delante un par de ejercicios movidos, con juntas en las que se preguntará por certificados y sobrecostes.

¿Cuántas de esas comunidades moverán ficha de verdad y cuántas se quedarán en el lamento de tres días? Esa es la pregunta que el sector se hace en voz baja, y para la que nadie tiene número.