CEUTA, la ciudad de los 70.000 invasores: ANATOMÍA DE UNA MATANZA SIN ÓRDENES

Setenta mil llegadas en una semana

Ceuta es una ciudad española en el norte de África, con una frontera que en el relato que circula se convierte en embudo. Cerca de 70.000 migrantes atravesaron el paso del Tarajal en una semana. La operación fue bautizada como «la Segunda Marcha Verde». El Gobierno aseguró que la situación estaba bajo control. No lo estaba.

El problema no era solo migratorio. Era de suministros. Ceuta carecía de viviendas, alimentos, empleos y servicios para absorber semejante población. Los recién llegados tampoco tenían, en su mayoría, medios propios de subsistencia. Durante las primeras 72 horas hubo cierta solidaridad. Después la Administración comenzó a clasificarlos por nacionalidad, etnia, procedencia, familia, fecha de llegada, situación documental y posibles destinos.

Esa clasificación no era neutral. En una situación de escasez, cada lista se convierte en un precio. Quien aparece en una lista puede acceder a una cama, a comida o a un traslado. Quien no aparece queda fuera. La información oficial era escasa y la extraoficial se contradecía. Pronto circuló que unos tendrían prioridad para alojamiento, que otros serían trasladados antes a la Península, que algunos recibirían documentación y que otros serían devueltos.

Clasificar, rumorear, competir

El resultado fue devastador. Personas que habían llegado juntas empezaron a competir entre sí. Primero se disputaban comida y alojamiento. Luego aparecieron intermediarios. Decían tener contactos con funcionarios, organizaciones humanitarias o policías. Prometían alimentos, documentación, plazas de alojamiento o inclusión en listas de traslado. Cuando el Estado raciona mal, alguien vende acceso.

Pronto esos intermediarios dejaron de ser intermediarios. Se convirtieron en dirigentes. Ceuta ya no contenía setenta mil recién llegados. Contenía territorios en el Tarajal. Cada territorio tenía sus líderes, sus redes de distribución, sus rumores y sus enemigos. Las autoridades adoptaron una decisión aparentemente técnica: trasladarlos al puerto y concentrar a la policía en proteger a la población civil y las infraestructuras esenciales. Los conflictos internos se tratarían mediante mediadores de cada grupo. La Administración lo llamó «autogestión de emergencia».

En la práctica, el Estado se apartaba. Dejaba la gestión de la comida en manos del grupo minoritario, no del mayoritario. Ahí empezaron las sospechas de corrupción. Primero hubo robos. Después peleas. Luego desapareció un hombre. Dos días después encontraron su cadáver. Nadie preguntó cómo se llamaba. La pregunta que recorrió los campamentos fue otra: «¿De qué banda era?».

Autogestión, intermediarios y corrupción

Aquella pregunta cambió todo. Una muerte individual se convirtió en una agresión colectiva. La primera represalia produjo otra. Después otra. Cada cadáver justificaba el siguiente. Cuando comenzaron las matanzas, el lenguaje oficial volvió a transformarse. Ya no existía una crisis provocada por setenta mil personas abandonadas en una ciudad incapaz de mantenerlas. Existían «enfrentamientos internos». Ya no existía abandono institucional. Existían «tensiones históricas entre colectivos». Ya no existía una catástrofe política. Existía una «emergencia humanitaria».

La investigación que sostiene este relato conduce hasta un mismo alto funcionario. No se publica su identidad. Lo extraordinario, según esa investigación, es que no aparece ninguna orden suya que pueda calificarse de criminal. Miles de documentos administrativos contienen órdenes de suministro, protocolos policiales, planes de alojamiento, programas de mediación e informes de seguridad. No hay una sola orden que diga «Enfrentadlos». No hacía falta.

Según la hipótesis que manejan algunos investigadores, alguien comprendió una ecuación elemental. 70.000 personas unidas constituían un problema político gigantesco. Diez comunidades enfrentadas constituían diez problemas policiales mucho menores. La estrategia, si existió, habría consistido en no crear directamente la violencia. Bastaba con que aquellas personas dejaran de considerarse víctimas de una misma situación y creyeran que la causa de su desgracia estaba en el grupo vecino. Después solo había que esperar.

La cuenta económica de no hacer nada

Meses después, una comisión parlamentaria interrogó al funcionario. La sesión apenas tuvo repercusión mediática. Un diputado le preguntó: «¿Sabía usted que terminarían matándose?». El funcionario permaneció unos segundos en silencio. «Sabía que setenta mil seres humanos sin medios de subsistencia, sin perspectivas y convencidos de que otros estaban recibiendo lo que les correspondía a ellos constituían una situación extraordinariamente peligrosa». «¿Y qué hizo usted?». Su respuesta ocupa apenas cuatro palabras en el diario de sesiones: «Administré la situación».

Económicamente, la historia es reconocible. No hace falta dar una orden de matar para que la escasez organice la violencia. Basta con retirar los mecanismos públicos de reparto, permitir que intermediarios capturen el acceso y dejar que el rumor sustituya al dato. El coste no aparece en una partida presupuestaria. Aparece en cadáveres, en desconfianza y en una ciudad que tarda años en recuperar la normalidad. Si el relato es correcto, nadie organizó las matanzas: alguien construyó las condiciones y luego encontró el nombre burocrático adecuado, violencia intercomunitaria.

Nada de esto constituye una conclusión judicial. Las afirmaciones sobre responsabilidades y documentos exigen verificación oficial. En violencia, migración y derecho, la cautela es obligatoria.