Sánchez recula y no alojará a los invasores en polideportivos ante las protestas ciudadanas.

Ceuta fuerza al Gobierno a rectificar: adiós a los polideportivos como refugio​

¿Hasta cuándo se sostiene una política migratoria que no tiene dónde alojar a la gente? La pregunta sobrevuela Ceuta después de que el Gobierno diera marcha atrás y anunciara que los polideportivos de la ciudad dejarán de usarse como centros de acogida para personas migrantes.

La rectificación se conoció el 26 de agosto, en plena crisis. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó que se habilitarán otros espacios para filiar a los llegados y proceder a su retorno "cuanto antes". Una retirada que, para muchos, no es tal: el Ejecutivo habría soltado una medida insostenible para justificar después un endurecimiento que de otro modo no colaría.

La sombra de la legalidad planea sobre toda la operación. Mientras los tribunales matizan cuándo se puede frenar a quien cruza sin saltar barreras, Ceuta asume el coste humano y económico de una crisis que se repite desde 2021, cuando ya se reclamó sin éxito reformar la ley para declarar el estado de alarma por entradas masivas.

La opción de las tiendas de campaña en el Tarajal se ha llegado a plantear como alternativa más barata que mantener polideportivos ocupados, aunque nadie ha cuantificado el ahorro. El erario seguirá pagando la factura, sea en cemento o en lona. Mientras, los vecinos calientan motores: el escepticismo ante el relato oficial es directamente proporcional al número de promesas incumplidas.

Palabras mayores: la próxima vez que alguien invoque derechos y fronteras, que pregunte primero quién paga la factura. La respuesta, como siempre, estará en el BOE. Eso sí, a condición de que alguien se lo crea.