Koldo García y la trama de mascarillas: contactos con el PP
El auto judicial del 7 de febrero que autorizó la prórroga de las escuchas telefónicas a los principales investigados del caso Koldo recoge que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, aseguró al empresario Juan Carlos Cueto que había contactado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con una persona llamada «Alberto». La conversación es del 2 de diciembre. La trama buscaba paralizar una reclamación del Gobierno balear, ya en manos de la popular Marga Prohens tras las elecciones de mayo, contra una de las empresas que gestionó la compra de mascarillas. Tellado lo niega «rotundamente» y el PSOE pide explicaciones. El caso, desmantelado por la Guardia Civil, sigue abierto.
Qué dice el auto y qué niega Tellado
El auto del 7 de febrero, al que ha tenido acceso
El País, autoriza la prórroga de las intervenciones telefónicas a los principales sospechosos. En él se recoge que Koldo García, en conversación del 2 de diciembre con el empresario Juan Carlos Cueto —otro de los imputados—, dijo que «le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado» y con una segunda persona a la que solo menciona por su nombre de pila: Alberto. Según el mismo escrito, el juez añade que «el devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a José Luis Ábalos». El portavoz parlamentario del PP ha negado «rotundamente» haber mantenido una supuesta reunión con Koldo García o haber recibido una llamada para hacerlo. «No hemos mantenido ninguna relación personal con el señor Koldo García», dijo en Antena 3. Poco después, en los pasillos del Congreso, añadió: «Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán». La declaración deja un contraste: niega el contacto personal y, a la vez, admite trato semanal con investigados en el hemiciclo.
La reclamación balear que se quería frenar
El origen del movimiento era una reclamación de la Administración balear, que dirigía Francina Armengol y que pasó a manos de Marga Prohens tras las elecciones de mayo, contra una de las empresas que gestionó la compra de mascarillas. El contrato se había gestionado a través del Govern balear y a Soluciones de Gestión —la principal empresa de la trama— se le había reclamado el dinero de las mascarillas de vuelta por influctuosas. Los empresarios se sabían investigados y el nerviosismo se apoderó de sus reuniones: trataron de quedar en persona y cuidar sus documentaciones. En ese contexto se enmarcan los contactos con el PP y con el «Alberto» que el auto menciona sin apellido.
El otro negocio: mascarillas y facturación
El foco no se queda en un solo contrato. Según un mensaje difundido en el hilo, otra empresa, Sibucu 360, pasó de facturar algo menos de 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones en 2020, un crecimiento de aproximadamente el 4.000%. Tenía cuatro trabajadores y ninguna relación conocida con el sector sanitario. Las administraciones —entre ellas Madrid y Galicia, con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza— recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para acceder a material sanitario. La sociedad controla la empresa de iluminación MoonOff. El dato alimenta la tesis de que el pelotazo de las mascarillas no fue patrimonio de un solo color político.
Quién es Jacobo Pombo, el otro intermediario
El nombre de Jacobo Pombo aparece vinculado al caso como otro intermediario. Exempleado de FAES y del Ayuntamiento de Madrid, y exdirector de proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo hace una década, cobró relevancia en los veranos santanderinos al frente de la Global Youth Leadership Forum, un encuentro de jóvenes dirigentes que debaten junto a veteranos políticos y empresarios. Su perfil refuerza la idea de una red de contactos que cruza administraciones y colores.
El estado del asunto
El caso sigue en instrucción. Las escuchas se prorrogaron, los investigados niegan y las explicaciones cruzadas entre PP y PSOE no han cerrado ninguna incógnita. La conversación del 2 de diciembre y el auto del 7 de febrero son piezas de un sumario que aún no tiene conclusiones. Tellado niega el encuentro; el PSOE exige aclaraciones; y el juez mantiene abierta la investigación sobre una trama que, según la Fiscalía Anticorrupción, se gestó en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Lo que ocurra con la reclamación balear y con los contactos que el auto atribuye a Koldo García dependerá de lo que el sumario vaya confirmando o descartando. Con estos mimbres, cualquier pronóstico es aventurado: la única certeza es que el caso no se cierra aquí.