Noticia: Booom! mar1 Carmen 87 años incendia la mecha del problema de la vivienda cientos de miles de españoles salen a la calle !!

Mari Carmen, 87 años: el caso que centra las protestas de inquilinos​

Las manifestaciones por el precio de la vivienda han dejado de ser un fenómeno de nicho. Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona y otras grandes ciudades han registrado concentraciones convocadas por sindicatos de inquilinos, y el nombre que se repite en el debate es el de Mari Carmen, 87 años, en proceso de desahucio y hospitalizada en el Gregorio Marañón. En algunas de esas protestas, según se afirma en el hilo, la policía ha metido hasta palos.

Qué ha pasado con Mari Carmen​

Una mujer de 87 años, inquilina de renta antigua en Madrid, a punto de perder la vivienda que ha ocupado durante décadas. Ese es el esqueleto del caso. Sobre él se han montado dos relatos que no encajan entre sí. Uno subraya la antigüedad del contrato y que la inquilina ha pagado religiosamente durante años; el otro recuerda que la renta antigua procede de una legislación de otra época y que hay quien defiende el derecho del propietario a recuperar el inmueble. El asunto ha acabado salpicando a la presidenta madrileña, destino habitual de las críticas cuando el desahucio se lee en clave política.

De un caso concreto a la calle​

La discusión que ha abierto el caso no es si el desahucio es triste —lo es— sino por qué este y no otro. Aquí está el nudo: una parte del análisis sostiene que la protesta estaba montada antes de que apareciera la protagonista y que las convocatorias sindicales responden a una hoja de ruta ajena al precio del alquiler. La réplica es que en ciudades gobernadas por signos distintos ha salido gente sin militancia, jóvenes sin voto y mayores con la hipoteca pagada. Que las dos cosas sean ciertas a la vez es lo incómodo.

Basta mirar el historial. Según el relato de un participante del debate, en 2018 otra inquilina madrileña se quitó la vida antes de ser desahuciada, tras acudir sin éxito a los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces no hubo manifestaciones. Ese contraste, se argumenta, habla menos del problema que del relato que lo envuelve.

El artículo 281 como pancarta​

Entre los argumentos que se citan en el debate hay uno jurídico: el artículo 281 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses a quien detraiga del mercado productos de primera necesidad con intención de alterar precios o perjudicar a los consumidores, con la pena agravada en situaciones de grave necesidad. La lectura que se hace de ese artículo es que la vivienda encaja en el supuesto. Se trata de una lectura particular, no de una calificación oficial, pero ya forma parte del vocabulario de la protesta.

El diagnóstico económico que queda debajo​

Debajo del ruido hay números. Según el cálculo que circula, las hipotecas concentran más del 75% de la deuda de las familias españolas, unos 345.400 millones de euros en saldo vivo. La tesis de fondo es que la vivienda funciona como un no-mercado controlado por las entidades financieras, y que la desregulación del Banco de España a mediados de los noventa —el fin del coeficiente de caja— cambió las reglas del juego.

Del lado opuesto, el diagnóstico apunta al exceso de demanda y al suelo público infrautilizado: sin construir cientos de miles de viviendas protegidas, cualquier medida sobre los precios es cosmética. Aquí la discusión se enreda, porque el suelo es competencia autonómica y municipal y nadie quiere firmar el ladrillo que no se pone.

El desvío migratorio​

Una parte del debate sostiene que la presión sobre el alquiler viene del desajuste entre oferta y demanda y señala el volumen de llegadas al país como factor principal. La objeción es doble: el parque de vivienda social no crece y, según otros participantes, el discurso que culpa al recién llegado desvía el foco del suelo, de los fondos de inversión y de la fiscalidad. El debate sigue abierto y lo seguirá cuando amaine la pancarta.

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Con Mari Carmen aún hospitalizada y el debate abierto, el único punto donde coinciden tirios y troyanos es la constatación de que el problema existe. El desacuerdo es quién lo paga. Y ahí no hay pancarta que valga.