Noticia: Booom! mar1 Carmen 87 años incendia la mecha del problema de la vivienda cientos de miles de españoles salen a la calle !!

Mari Carmen, 87 años: el caso que centra el debate de la vivienda​

Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona. En varias grandes ciudades del país las calles se han llenado para protestar por el precio de la vivienda y del alquiler, según relatan participantes del foro, y el foco está en Mari Carmen, 87 años, a la que se pretende sacar de su casa. La convocatoria la han asumido los sindicatos de inquilinos y, según se relata, en algunos puntos la policía ha llegado a usar la fuerza. «La gente empieza a estar harta», dice un participante.

A partir de ahí, todo se tuerce. Porque el relato del desahucio de una mujer de 87 años es irresistible y, como todo lo irresistible, levanta sospechas. Sostiene un usuario que hace veinte años que el problema de la vivienda se lleva a portada y hace veinte años que la solución es la misma: subvención, regulación y más funcionarios mirando papeles.

¿Espontáneo o convocado? La sospecha sobre los sindicatos​

La primera duda no es de fondo, es de forma. Una protesta que convoca un sindicato no es un cabreo espontáneo: es un cabreo con hoja de ruta. Y la hoja de ruta, sostiene el análisis más cínico, casi nunca es la vivienda. Los colectivos que viven de la subvención, viene a decirse, desaparecen en tres semanas si se les corta el grifo. Habría que comprobarlo. Y nadie pone un palo a una abuela, y eso lo sabe cualquiera que escriba titulares, según este participante.

De modo que hay quien ve demanda social real y quien ve una operación de desgaste. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez.

El artículo 281 del Código Penal y otros clavos ardiendo​

En el fragor de la discusión aparece la vía penal. Se cita el artículo 281 del Código Penal, que castiga con uno a cinco años de prisión a quien detraiga del mercado productos de primera necesidad para forzar precios o perjudicar gravemente a los consumidores, con la pena agravada en situaciones de grave necesidad. Traducido: hay quien sostiene que los precios del alquiler son una estafa y que basta con aplicarlo.

En el otro extremo se propone una expropiación como la que, según un usuario, se plantea en Berlín: 220.000 viviendas a los grandes tenedores, coger directamente a La Caixa y al Santander. Unos ven aquí la única salida; otros, la ruina garantizada.

Los culpables según cada tertulia​

El reparto de culpas es el pasatiempo nacional. Hay quien señala al turismo y a la compra de vivienda por parte de no residentes con poder de compra. Hay quien apunta al exceso de demanda: si fuéramos 38 millones, dicen, los precios bajarían aunque todos los pisos fueran de un fondo buitre. Y hay quien culpa al inquilino que se beneficia de rentas antiguas mientras el propietario mira cómo se le queda el alquiler congelado en 500 euros al mes.

Ninguna de esas explicaciones niega a las otras. Eso es lo incómodo.

La pelea política que se monta encima​

El caso ha llegado a los ministros. Las declaraciones de Ada Colau han provocado, según un titular citado, el intercambio de mensajes en X entre Óscar Puente y Mónica García, con un «Se ha equivocado de adversario ella, no yo» como titular estrella. Gobierna el PSOE, se recuerda, y el problema no se ha resuelto. Hay quien sostiene que la derecha no tiene organizaciones subvencionadas para sacar gente a la calle.

El punto donde el análisis se atasca​

Ahí se queda todo. Entre la sospecha de que la protesta se orqueste y la de que el precio no baje, entre la ley que no se aplica y la expropiación que no se hará, el caso se queda en portada. Según el pronóstico de un participante, la manifestación se desinflará, el Gobierno sacará un paquete presentable y el recibo seguirá llegando cada primero de mes. Ese es el punto exacto donde el debate se atasca, y nadie ha movido la piedra.