Ayuso dice que ella no dio la orden de los protocolos para asesinar ancianos en las residencias

Residencias: el protocolo que nadie firma y todos aplicaron​

Cada vez que el asunto vuelve al primer plano, el debate sobre los protocolos de residencias aplicados durante los peores meses de la pandemia reabre la misma pregunta incómoda: quién los firmó, quién los ordenó y quién pudo haberlos frenado. Sobre la mesa hay documentos con fechas, resoluciones judiciales que cada parte lee a su manera y ninguna sentencia firme que señale responsables.

Hay un dato que ordena todo el laberinto. El protocolo señalado como origen del desastre en las residencias madrileñas está fechado el 26 de mayo de 2020. El argumento que se apoya en esa fecha sostiene que para entonces el pico de mortalidad ya había pasado. La acusación responde con otra, el 19 de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Sanidad dictó la orden que después las comunidades se limitaron a transponer. Es el mismo documento leído al derecho y al revés. El desglose por meses de las muertes —qué porcentaje cayó en cada tramo del estado de alarma— es justo lo que cada lado maneja a su conveniencia.

¿Quién era competente en las residencias durante el estado de alarma?​

Aquí el debate se encona y también aquí cada parte encuentra su coartada. Sobre la mesa está el Real Decreto 463/2020, el que declaró el estado de alarma, citado como el instrumento que concentró competencias en el Gobierno central. Con ese argumento, la responsabilidad de lo que ocurrió en las residencias salta de las autonomías al Ministerio. Según las resoluciones que circulan, un juez ya habría dictado que la gestión de las residencias durante la pandemia correspondía al Estado y no a la comunidad.

La versión contraria no discute el decreto, discute su lectura. Sostiene que las competencias sanitarias nunca salieron de las comunidades, que los protocolos se ejecutaron desde los servicios autonómicos y que quien gobierna Madrid responde de lo que hizo su consejería. El papel, dicen, sería el mismo en cada comunidad: un calco de lo que ordenaba el Ministerio. Y de fondo aparece la tesis que reparte la culpa entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el resto de presidentes autonómicos, a los que una parte señala como cómplices de la misma maquinaria.

El triage: a quién se atiende cuando no hay respiradores​

El punto más incómodo no es jurídico, es clínico. Cuando los hospitales se saturan, alguien decide a quién se entuba y a quién se seda. Una de las versiones más repetidas asegura que el protocolo establecía que fuera un coordinador —y no el médico de primaria— quien valorase el ingreso hospitalario, lo que en la práctica discriminaba por el lugar donde se vivía y no por la esperanza de vida. Otra lectura, defendida con dureza, añade que ese protocolo regulaba solo el traslado, no la admisión, y que los familiares que quisieron llevarse a sus mayores a casa pudieron hacerlo.

El contragolpe es directo: en una catástrofe sanitaria los protocolos existen para no improvisar, y la alternativa al triage no es salvar a todos, sino no salvar a ninguno. Se discute con porcentajes de supervivencia en la mano. Un joven con un 80% de probabilidad de salir adelante frente a un anciano con un 15%. Elegir al primero es una decisión que nadie quiere firmar y que, según esta versión, casi todos aplicaron. Quienes defienden el criterio recuerdan que no se diseñó para una residencia concreta, sino para cualquier escenario de recursos limitados.

El frente judicial: Olona, la UME y las actas del Supremo​

En paralelo al debate sanitario corre el político. VOX ha reactivado el asunto por vía judicial: su portavoz, Macarena Olona, anunció un nuevo recurso sobre las residencias y sostuvo que el Gobierno habría mentido al Tribunal Supremo en la tramitación del anterior. El objetivo declarado es obtener las actas de la UME cuando sus efectivos entraron en las residencias de ancianos. «Todos sabréis qué encontraron nuestros héroes», escribió. Son afirmaciones de parte y, por ahora, sin sentencia que las respalde.

De «ella lo hizo» a «lo hicieron todos»​

Hay una tercera tesis que gana terreno: la culpa es compartida. Que la orden salió de Madrid, pero que el marco lo puso el Gobierno central y que el resto de comunidades aplicó protocolos parecidos. Desde esa lectura, ajustar cuentas con una sola presidenta es una forma de escurrir el bulto de todo el sistema. En la misma dirección apuntan quienes reclaman que responda el personal sanitario que los aplicó, los gerontólogos que los redactaron y los directores de residencia que miraron para otro lado.

Ahí está el nudo: cada eslabón tiene una excusa que apunta al siguiente. El director de la residencia dirá que cumplía una orden; el consejero, que seguía un protocolo ministerial; el ministro, que ejecutaba la ley. La cadena no se rompe por ningún lado, y eso explica por qué nadie ha pagado por lo que pasó en las habitaciones.

Qué puede pasar ahora​

Con este material, lo previsible es que el caso avance por la vía judicial sin resolverse a corto plazo y que cada nuevo recurso reabra la misma discusión de fechas. Si los tribunales confirman que la competencia era estatal, el foco se moverá al Ministerio; si la confirman autonómica, volverá a Madrid. Y si no confirman nada, quedará exactamente donde está: en un cruce de acusaciones sin responsable. Ninguna de esas salidas devolverá a los que murieron, y eso —conviene recordarlo— es lo único que ninguna parte discute.