Ayuso breaking news: Tremenda movida que llega al juzgado porque Ayuso se niega a mostrar su expediente académico

Ayuso recurre al TSJM para no mostrar su expediente académico​

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha preferido los tribunales a la transparencia. Una ciudadana reclamó por la vía de la ley de transparencia el expediente académico de Isabel Díaz Ayuso y la Administración se lo denegó alegando datos confidenciales. El Consejo de Transparencia le dio la razón e instó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Pública a permitir el acceso. Lejos de acatar, el Ejecutivo autonómico ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El detonante viene de lejos: en diciembre de 2022, Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

¿Qué expediente se pide y qué se quiere comprobar?​

La reclamación es minuciosa: conocer el nombre de cada asignatura de la carrera y la calificación obtenida, tanto en la licenciatura en Ciencias de la Información como en el Máster en Comunicación Política y Protocolo cursado después en la misma facultad. El objetivo declarado era valorar si la presidenta merecía un reconocimiento de esa envergadura.

La facultad justificó el nombramiento en dos hitos: ser la primera alumna de Ciencias de la Información en presidir una comunidad autónoma y la primera licenciada en periodismo en liderar un Gobierno regional. Para buena parte de la comunidad educativa, esos méritos no bastaban para un galardón así. De esa discrepancia nació la petición de las notas. De la negativa, un litigio.

Datos personales frente a interés público: el choque jurídico​

Aquí se abre la grieta. La Comunidad de Madrid sostiene que la información es de carácter personal y que no es requisito para ejercer el cargo: se apoya en el Reglamento General de Protección de Datos de 2016. El Consejo de Transparencia, en cambio, invoca el interés público por tratarse de una persona declarada alumna ilustre, y se remite al artículo 48 de su propio reglamento de organización y funcionamiento. Ese artículo le faculta para abrir un procedimiento sancionador si la solicitud no se cumple.

¿Quién manda cuando una administración ignora a su propio órgano de control? La respuesta, de momento, la tiene que escribir el tribunal. Y el tribunal tarda.

¿Es público el expediente académico de un cargo electo?​

No, y esa es la clave del asunto. Las tesis doctorales se publican y se consultan en repositorios públicos, pero un expediente académico es otra cosa. En los procedimientos donde las notas puntúan como mérito, el acceso se limita a la alegación y a la consulta interna por un funcionario, sin entrega de copia al interesado. Hasta llegar al juzgado, no hay documento.

Es el argumento que más se repite: si las calificaciones no se usaron para acceder a un puesto público, pertenecen a la esfera privada y no aportan nada al debate sobre la gestión. La defensa del título, en cambio, sostiene que un diploma de alumna ilustre es una distinción honorífica, como un honoris causa, y que no depende del expediente. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez, lo que complica el asunto más de lo que parece.

Un currículum con más de una versión​

Según la información publicada en la Asamblea de Madrid, Ayuso es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense y tiene un Diploma de Estudios Avanzados en la misma universidad. Otras versiones hablan del Máster en Comunicación Política y Protocolo. La biografía difundida por el PP añade un Máster en Comunicación Corporativa sin especificar dónde se cursó.

Ahí está el nudo de todo. No es un detalle menor cuando lo que se discute es, precisamente, el historial académico que sostiene el reconocimiento. Cuadrar las versiones es lo que se pidió. Y lo que ahora se niega desde el plano judicial.

El ruido alrededor de la Complutense​

El nombramiento nunca fue pacífico. Buena parte de alumnos, profesores y trabajadores lo rechazó en su momento, y el eco de aquella polémica llega hasta el recurso actual. Añádase el ruido de fondo: una parte del análisis sostiene que el escrutinio académico se aplica de forma desigual según el partido del afectado, mientras cargos de otros signos con historiales igual de opacos nunca llegaron a los tribunales.

En el lado contrario se responde que la transparencia no es un castigo, que un cargo público acepta un nivel de exposición mayor y que exigir las notas es legítimo cuando la propia institución las convierte en aval de un título honorífico. Nadie discute el principio. Todos discuten a quién se le aplica.

La política: la pregunta que Ayuso no respondió​

El asunto llegó a la Asamblea de Madrid. El portavoz del PSOE, Juan Lobato, preguntó a la presidenta por qué no publica esos datos: «¿Qué es lo que intenta ocultar?», según recoge la información publicada. Ayuso respondió con evasivas y enumeró logros de su Gobierno sin entrar en la pregunta.

Es el movimiento más previsible de la política madrileña: cuando el dato es incómodo, se cambia de tema y se habla de gestión. Funciona casi siempre. Menos cuando hay un juez mirando.

Qué queda por resolver​

Con el recurso ya presentado, la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si la Comunidad gana, quedará fijado que el expediente de un cargo electo no se entrega. Si pierde, el precedente incómodo no será solo para un partido. La sentencia no ha llegado. Y esa es, exactamente, la parte que sigue sin escribirse.