Apalean a un periodista de El Español en la UNAV
¿Puede un informador cubrir una protesta en un campus privado sin acabar en el hospital? La tarde del jueves, en la Universidad de Navarra, la respuesta fue que no.
José Ismael Martínez, reportero de
El Español, fue golpeado y pateado en el suelo mientras grababa con el móvil a un grupo de encapuchados que cruzaba el campus coreando consignas en euskera. Se identificó como periodista y llevaba la acreditación colgada del cuello. No sirvió de nada.
El contexto: el agitador
Vito Quiles había convocado un acto de su gira
España Combativa en la UNAV. La universidad lo canceló, la Policía Nacional le avisó de que no podía garantizar su seguridad y Quiles decidió no aparecer. La contramanifestación, anunciada como ilegal, se celebró igual. Centenares de jóvenes, según el relato del propio medio, tomaron las instalaciones y arremetieron contra quien grababa. El balance oficial:
cuatro policías heridos y tres detenidos.
Qué pasó exactamente en el campus
El relato del agredido es preciso y corto. Poco antes de las 18:00, Martínez se encontraba en los exteriores del edificio de Derecho y Ciencias Económicas. Al percatarse de su presencia, algunos radicales le gritaron que dejara de grabar y le lanzaron objetos. Después se acercaron, le acorralaron y le tiraron al suelo de una patada en la espalda. Mientras intentaba protegerse la cabeza con los brazos y rodar por el césped, recibió más golpes. Los antidisturbios, según su versión, estaban lejos. Solo pudo escapar porque el grupo seguía en movimiento.
Fue evacuado en ambulancia a un hospital de Pamplona. En redes circularon imágenes de un intento de agresión a una pareja y de actos vandálicos contra mobiliario urbano del campus. La universidad, privada y del Opus Dei, suspendió todas las actividades de la tarde.
El pago del relato: nueve días antes, Bildu pidió «frenar a los fascistas»
La cronología no es casual. Nueve días antes del ataque, la portavoz de Bildu en el Congreso,
Mertxe Aizpurua, reclamó al Ejecutivo «medidas firmes» contra la extrema derecha y habló de «cacerías nazis» y «matones ultras». Pedro Sánchez asintió desde la tribuna. Bajo ese paraguas ideológico actúan, según el medio, los grupos de la izquierda separatista
GSK e
Indar Gorri, que se movilizaron por redes sociales para boicotear el acto de Quiles.
Hay quien sostiene que la conexión es directa: un discurso que legitima la confrontación acaba produciendo agresiones. Otros responden que mezclar un debate parlamentario con una paliza es una cortina de humo. Y una tercera línea, minoritaria pero ruidosa, discute la etiqueta: no eran abertzales, eran
black blocks anarquistas llegados de distintos puntos. La discusión sobre el uniforme —todos de negro— ocupa más mensajes de los que debería.
La gira de Quiles y el precedente de Rentería
Quiles justifica su gira como reivindicación de la libertad de expresión, inspirada en el polemista estadounidense asesinado
Charlie Kirk. Varios de sus actos, como el de Pamplona o el de Albacete, han tenido que suspenderse por motivos de seguridad. El patrón recuerda a lo ocurrido en 2019 en Rentería, donde un mitin de Albert Rivera acabó con
23 radicales condenados.
La pregunta que sobrevuela el asunto no es quién es más simpático, sino quién paga la factura cuando un recinto privado se convierte en campo de batalla. La respuesta, hasta ahora, la paga un periodista con la acreditación al cuello.
La respuesta institucional: tibieza y cálculo electoral
El PSN-PSOE de Navarra publicó un mensaje en redes: «Navarra es una tierra de respeto y convivencia. Quienes vienen a provocar y dividir no representan la libertad de expresión». Una condena genérica que, leída en frío, equipara al agresor y al agredido bajo la etiqueta de «provocadores». Varios análisis del asunto señalan que ese equilibrio es precisamente el que deja el espacio libre para que la kale borroka vuelva a operar sin coste.
La Universidad de Navarra, por su parte, canceló el acto pero no impidió la contramanifestación. La policía detuvo a tres personas y atendió a cuatro agentes heridos. Ni una sola detención por la agresión al periodista, según los datos disponibles. La Fiscalía, apuntan algunas voces, depende de un gobierno que necesita a los partidos que amparan a estos grupos.
El efecto llamada: quién gana con el caos
El episodio tiene una lectura económica incómoda. La kale borroka no es gratis: destruye mobiliario, paraliza actividad, ahuyenta inversión y turismo en una comunidad que vive en parte del campus y de su entorno. Cada noche de disturbios se paga con presupuesto público y con reputación. Y el cálculo político de quien los tolera suele ser de corto plazo.
Mientras tanto, la conversación pública se atasca en si los agresores eran anarquistas o abertzales, si el acto era legal o no, si Quiles es un provocador o un mártir. Todo cierto y todo secundario. Lo que no admite discusión es que un profesional con acreditación visible acabó en el hospital por grabar lo que estaba pasando. Si eso no se condena sin matices, la próxima vez no hará falta ni encapucharse.