No me parece justo que se responsabilice de lo de la dana a Mazon

Mazón dimite por la dana con el 92% de los fondos sin gastar​

La DANA que asoló la Comunidad Valenciana en 2024 fue una catástrofe de escala nacional y su factura política la está pagando, de momento, un solo hombre. Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, ha dimitido mientras la Generalitat mantenía sin ejecutar el 92% de los fondos destinados a reconstruir los colegios afectados, según los datos que circulan sobre el asunto. Ese es el hecho. Cuánta culpa cabe a cada administración es otra cosa, y ahí el consenso se rompe en pedazos.

La cifra que descoloca todo el relato

Caía un 700 litros por metro cuadrado. No es una metáfora ni una exageración de sobremesa: es la magnitud de lluvia que explica por qué el barranco del Poyo se convirtió en una trampa. Con ese volumen sobre el terreno, cualquier sistema de alerta trabaja al límite. Hay quien sostiene que muchos fallecidos murieron literalmente dentro de sus casas, sin margen material para reaccionar. Y hay quien responde que para eso existe un Cecopi, un protocolo y una cadena de llamadas que ese día, al parecer, no funcionó como estaba previsto.

Quién manda de verdad cuando hay una emergencia de este tipo​

El reparto de competencias es la clave jurídica de todo el asunto y el argumento que más se repite. La gestión de catástrofes está transferida a la autonomía, y el presidente de la Generalitat es la máxima autoridad para dirigir y coordinar el dispositivo de emergencia. Eso no admite mucha discusión. Lo que sí la admite es el escalón siguiente: la ley contempla que, si una autonomía no tiene recursos suficientes, la responsabilidad recae automáticamente en la Delegación del Gobierno o en el Ministerio del Interior. En una emergencia que afectó a seis comunidades autónomas, ese resorte no se activó.

De ahí sale el segundo argumento incómodo: la Confederación Hidrográfica del Júcar depende del ministerio de Transición Ecológica, y es quien supervisa la crecida de barrancos, cauces y embalses. Un año después, el propio organismo habría admitido que sus recursos son insuficientes para garantizar el mantenimiento de infraestructuras como la presa de Forata. La pregunta que nadie contesta con números es sencilla: si el vigilante del río no vigila, ¿de quién es la ronda?

El chivo expiatorio: cuando el grupo necesita un culpable​

Existe una explicación psicológica que se ha repetido hasta la saciedad en esta discusión. Ante desastres complejos, el grupo busca una explicación simple y una cabeza visible. Es el mecanismo del chivo expiatorio: redirige la culpa, alivia la frustración y, a corto plazo, cohesiona. No resuelve el problema original. Deja a la sociedad con la sensación de haber cerrado una herida cuando solo ha cambiado el vendaje.

Aplicado a este caso, el razonamiento es el siguiente: Mazón cargó con el desastre porque era el rostro más fotografiado y el más fácil de señalar. Su comida ese día lo convirtió en un símbolo perfecto. Y un símbolo, a diferencia de un informe técnico, se consume rápido.

Castilla-La Mancha y la amnesia selectiva​

La DANA no entendió de fronteras administrativas. En Castilla-La Mancha murieron siete personas y prácticamente nadie ha pedido responsabilidades con la misma intensidad. La comparación se lanza como dardo: si el baremo fuera el mismo para todos, la lista de dimisiones sería bastante más larga. No lo es. Y ese doble rasero es, probablemente, el argumento más difícil de rebatir para quien exige una única cabeza.

Los bulos que se cuelan entre los datos serios​

Conviene separar el grano de la paja, porque en una conversación tan larga se cuelan afirmaciones sin ningún respaldo. Circula la idea de que no llovió y que se abrieron las presas de forma deliberada, y también una cifra de víctimas muy superior a la oficial. Ninguna de las dos cosas está sostenida por pruebas. La cifra que maneja el asunto se acerca a los 300 fallecidos, y con esa cifra ya hay material suficiente para exigir explicaciones sin inventar ninguna.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso en un juzgado de Catarroja y el Parlamento valenciano tramita su propia comisión de investigación. El Gobierno central no ha enviado a sus ministros a comparecer allí. Detalle que, en clave política, vale más que cualquier discurso.

Lo razonable es esperar que la instrucción judicial acabe poniendo nombres y fechas sobre la mesa, aunque a este paso el calendario electoral llegue antes. Y si algo ha quedado demostrado ya es que nadie, ni en Madrid ni en Valencia, tiene prisa por que se sepa exactamente qué pasó en cada teléfono esa tarde.