Amancio Ortega dona 10 máquinas de protonterapia 280 millones de euros

Amancio Ortega dona 10 equipos de protonterapia: 280 millones​

Amancio Ortega ha puesto 280 millones de euros sobre la mesa de la sanidad pública española: diez equipos de protonterapia, la tecnología oncológica más cara que se puede comprar. El gesto es indiscutible. Todo lo demás —dónde van, quién los enciende, cuándo empiezan a tratar pacientes— es donde arranca el ruido.

La protonterapia es un tipo de radioterapia externa que dispara haces de protones de alta energía en lugar de los rayos X tradicionales. Su ventaja es física, no comercial: los protones sueltan casi toda su energía justo encima del tumor, con mucho menos daño al tejido sano. Cada equipo incorpora un ciclotrón y un gantry, y ronda los 28 millones por unidad. La donación global de la fundación a la sanidad pública asciende a esos 280 millones.

¿Por qué pueden acabar las máquinas guardadas en un almacén?​

Aquí llega el primer choque de trenes. Una corriente de análisis sostiene que un equipo de estas características no se instala como una lavadora: cada consejería de sanidad tiene que coordinar el montaje, la puesta en marcha y la formación del personal, y ahí es donde las administraciones se atascan. La compra de una máquina de 28 millones incluye en el mismo contrato la instalación y la capacitación técnica, pero el hospital que la recibe tiene que encontrar hueco, personal y presupuesto para todo lo demás. Y para muestra, un caso que se cita: el robot quirúrgico DaVinci de Ceuta, 3 millones, sigue sin cirujanos formados porque no hay recursos para parar a los médicos y enseñarles a usarlo.

La protonterapia añade otro problema: su manejo exige servicios de física médica y protección radiológica con experiencia. En España, según los datos que se manejan, muy pocos centros han operado equipos de este tipo, y son privados. El sistema público llega a la fiesta sin haber tocado nunca un ciclotrón.

Madrid y el equipo de 40 millones que nunca instaló​

Hay un precedente que reaparece. Hace una década, Madrid rechazó instalar un equipo de protonterapia por unos 40 millones llave en mano. Lo compró la sanidad privada y acabó en Pozuelo. Desde entonces, la sanidad pública madrileña paga a la privada cifras notables por cada tratamiento completo de sus pacientes. El desglose de cuánto cuesta derivar a la privada lo que se podría tratar en casa merece un apartado propio, y no sale barato.

¿Donar o pagar impuestos?​

El otro frente es fiscal. Se argumenta que Ortega podría haber pagado más impuestos y dejar que fuera el Estado quien comprara las máquinas. La respuesta que gana terreno es legal: el impuesto de sociedades es del 25% y lo paga Inditex como persona jurídica, no él como persona física. Que su factura fiscal sea menor de lo que a muchos les gustaría no es un delito: es lo que permite la ley que otros redactan. Y sobre el destino del dinero público, sobra desconfianza: hay quien directamente da por hecho que se lo gastaría en cualquier cosa menos en sanidad.

Pharmamar, el sospechoso favorito​

Como en toda donación de un multimillonario, no falta la teoría del interés oculto. Hay quien sostiene que la familia de Ortega tiene intereses en Pharmamar, la antigua Zeltia, dedicada a antitumorales de origen marino, y que donar máquinas a la oncología pública retroalimenta su negocio. La tesis tiene defensores y detractores, y quien la rebaja recuerda que Pharmamar es una compañía pequeña comparada con un grupo que factura 40.000 millones al año: el potencial beneficio es calderilla frente al coste de la donación. La sospecha, en cualquier caso, sigue viva.

Un gesto con la letra pequeña pendiente​

Con 280 millones donados, el sistema sanitario gana equipos que ninguna comunidad parecía dispuesta a pagar. Lo que no se compra con esa cifra es la certeza de que vayan a funcionar: el cuello de botella no es el dinero, es la gestión. Si en un par de años las diez máquinas tratan pacientes, la donación será un hito. Si acaban en una nave cogiendo polvo, será la prueba de que el problema de la sanidad pública nunca fue quién pone el dinero, sino quién se atreve a moverlo.