Alvise pérez la lía: los dos cochazos de broncano gracias a pedro sánchez

Los dos coches de Broncano reabren la guerra del dinero público en televisión​

Dos vehículos de alta gama. Un presentador fichado por la cadena pública. Y un contrato que, según los números que circulan, ronda los 90.000 euros por episodio y los 28 millones por dos temporadas. La polémica no es nueva, pero vuelve cada vez que alguien fotografía al humorista bajándose de un coche que la mayoría no podrá pagar en tres vidas. Y vuelve, sobre todo, porque el pagador final es el contribuyente.

El detonante es un vídeo viral que atribuye la compra de los dos vehículos al sueldo que Broncano cobra de RTVE. La acusación de fondo es simple: si el dinero sale del erario, cada gasto del beneficiario debería ser escrutado. La defensa no lo es menos: el contrato lo firmó una empresa pública, el presentador ya tenía patrimonio antes y lo que haga con su nómina es cosa suya.

¿Cuánto cuesta el programa de Broncano en RTVE?​

Las cifras que se manejan en la conversación son las que alimentan el fuego. El contrato se habría cerrado a razón de 90.000 euros por episodio, lo que equivale a 14 millones por temporada y 28 millones por los dos años pactados. Para ponerlo en perspectiva, hay quien calcula que ese importe por temporada supera el sueldo anual de todo el Consejo de Ministros.

La comparación no es inocente. El argumento que recorre el asunto es que un presentador de entretenimiento no debería costar más que el aparato ejecutivo del Estado. Enfrente, la réplica habitual: RTVE es una empresa y ficha talento como cualquier otra, y el coste por hora de un programa líder puede salir más barato que producciones propias con audiencias menores.

Lo que nadie discute es el efecto llamada. Cada vez que se publica una cifra de este tipo, la conversación sobre el gasto público en televisión se reabre con la misma intensidad y los mismos bandos.

El doble rasero de los que cobran del Estado​

La crítica más repetida no va contra Broncano, sino contra quienes le señalan. Se argumenta que otros presentadores y humoristas con contratos públicos igual de abultados —y con patrimonios inmobiliarios notables— apenas reciben atención mediática, mientras que el fichaje de Broncano se ha convertido en arma política.

El ejemplo que más se cita es el de los presentadores que acumulan carteras de pisos en alquiler. La acusación es de hipocresía: los mismos que azuzan a la opinión pública contra los ricos y sus privilegios viven muy por encima de la media del ciudadano al que dicen representar. La pregunta que flota es incómoda: ¿el problema es el sueldo público o es quién lo cobra?

Hay una tercera vía que gana terreno en el análisis: el problema no es el patrimonio del presentador, sino el uso del dinero público para financiar entretenimiento que no es servicio público esencial. Bajo ese prisma, el debate no debería centrarse en los coches, sino en el contrato.

Alvise Pérez y el chiringuito financiero que se cierra​

El asunto se enreda cuando entra en escena el eurodiputado Alvise Pérez, señalado como el origen de la polémica. La conversación deriva hacia un terreno mucho más pantanoso: un supuesto chiringuito financiero con el que habría mezclado sus donaciones y que, según las informaciones publicadas, habría cerrado de forma repentina.

Ahí el foco cambia por completo. Ya no se discute el sueldo de Broncano, sino la credibilidad de quien le acusa. Se argumenta que el eurodiputado construyó su capital político prometiendo información reveladora y que, de momento, lo más concreto que ha producido es este tipo de escándalos cruzados. La pregunta que sobrevuela es si alguien que canaliza el descontento contra el gasto público está en condiciones de dar lecciones sobre gestión de fondos.

El resultado es un sistema de comunicación circular: cada bando usa el escándalo del otro como escudo. Y el ciudadano que llegó buscando saber cuánto cuesta el programa se va con dos polémicas en lugar de una respuesta.

Broncano, Wyoming y la lista de agravios comparativos​

La discusión deriva rápidamente hacia el catálogo de agravios. Se mencionan los coches de lujo de cargos públicos que nunca fueron juzgados, las vacaciones en yate, las casas adquiridas por una fracción de su valor. El argumento implícito es que el caso Broncano no es excepcional, sino la punta visible de una práctica extendida.

También aparece la comparación con otros presentadores de la casa. La pregunta es por qué unos generan indignación y otros no. La respuesta que se da en voz baja es política: el altavoz que ocupa cada uno y a quién molesta.

Y en medio de todo esto, el dato que descoloca: el presentador ya tenía dinero antes del contrato público. Lo que se discute no es si puede permitirse los coches, sino si debería cobrar lo que cobra del erario. Esa es la única pregunta que sigue sin respuesta.