El precio del alquiler y la línea entre ética y mercado
Hay una cifra que resume el pulso de este asunto: en Madrid hay quien alquila un piso por
550 euros al mes y reconoce que podría pedir el doble. No lo hace, dice, porque no quiere que le hagan a él lo que él no haría. Frente a esa postura, otra igual de extendida sostiene que el precio alto no es una inmoralidad, sino una señal: si el
alquiler sube, es porque faltan pisos. Y en medio, un propietario que se declara capitalista sin matices y lanza una acusación directa contra quienes participan en la escalada de precios: «No puedes alquilar una puta mierda de piso por 1.500 al mes, aunque haya demanda».
El planteamiento inicial no pide regular: pide vergüenza. Quien lo escribe se define como capitalista y aun así sostiene que el precio razonable no es el de mercado, sino el que dicta la ética. La comparación que usa es deliberadamente incómoda: no violaría a nadie aunque tuviera la seguridad de salir impune, y no sería corrupto si fuera político. La ventaja de posición no legitima el uso de la ventaja. La respuesta más repetida en el intercambio no tarda: cualquiera pondría el precio de mercado si tuviera un piso, y quien rabia es porque no tiene nada.
El imperativo categórico contra la ética de la virtud
El argumento más sólido que aparece en contra del precio «ético» no es moral, es mecánico. Si hay
100 familias y 80 pisos, a las 20 que se quedan fuera les da igual el precio que paguen las otras 80. Bajar el alquiler por debajo de mercado no crea vivienda: solo reparte la escasez existente entre quienes llegaron antes. Y si todo el mundo aplicara el mismo criterio, el resultado sería el mismo número de pisos con menos ingresos para el propietario, no más tejado para el inquilino.
La discusión deriva pronto hacia Kant. Se invoca el imperativo categórico —solo es ético lo que lo sería si lo hiciera todo el mundo— y la réplica llega con nombre propio: eso vale si uno se adscribe a la deontología kantiana, pero existen la ética de la virtud y el utilitarismo. La postura que se defiende es la de la virtud: uno solo controla cómo actúa uno, y poner el piso a un precio no inflado no cambia el mercado, pero sí permite actuar con dignidad. Es un argumento que no exige resultados, solo coherencia.
«El precio es la señal de que faltan pisos»
La objeción económica vuelve una y otra vez con la misma forma: el precio exorbitante no es la causa del problema, es el síntoma. Enmascararlo produce una apariencia ética hoy y una situación peor mañana. Quien sostiene esto no pide compasión, pide construcción. Y añade un dato que descoloca: Adam Smith, padre de la teoría capitalista, no era profesor de economía sino de ética. Sin una ética de los negocios, las naciones se empobrecen, la sociedad se degrada y la violencia física acaba irrumpiendo en el diálogo económico.
El diagnóstico compartido por casi todas las corrientes es que el problema de fondo es la oferta. Se menciona la liberalización del suelo, la construcción en altura, el teletrabajo como forma de descongestionar las zonas tensionadas y ventajas fiscales para el empleo en remoto. También aparece la carga impositiva sobre la vivienda —ITP, IVA, IBI, plusvalías— como factor que encarece el producto final. Y una observación geográfica que nadie rebate: la gente no quiere irse a Cenicientos, quiere vivir en el centro.
El casero que cobra menos y el que se protege del moroso
Aquí el asunto deja de ser abstracto. Un propietario cuenta que tiene un piso alquilado por
550 euros en Madrid y que podría pedir el doble, pero no lo hace porque le daría vergüenza. Otro plantea un intercambio de condiciones: prefiere cobrar 1.000 euros con la garantía de que el Estado le pague la renta durante un desahucio, antes que 1.500 con la legislación actual. La protección social, argumenta, la tiene que dar el Estado, no el arrendador. Es la misma lógica que lleva a otro a señalar que si el banco no se fía de ti para darte una hipoteca, tampoco tiene por qué fiarse el casero.
La inseguridad jurídica aparece como telón de fondo de muchos precios altos. Si no puedes recuperar el piso de un inquilino vulnerable, si el desahucio se eterniza, si algunos destrozan la vivienda, el propietario reacciona subiendo el precio para compensar el riesgo. No es caridad ni avaricia: es prima de riesgo. Quien lo discute responde que eso es precisamente lo que hay que arreglar por ley, y que mientras no se arregle, el inquilino paga la factura de un sistema que no le protege a él ni al casero.
La sospecha de que el discurso ético es de otros
La desconfianza hacia la moralina ajena recorre buena parte del intercambio. Se cuenta el caso de propietarios con varios pisos alquilados que votan a partidos de izquierda y mantienen precios de mercado; cuando se les señala la contradicción, responden que el ser humano es mezquino. La conclusión que se extrae es amarga: la ética se exige mucho para las cosas de los demás. Otros señalan que el discurso sobre la vivienda como derecho choca con la realidad de un país que recibe población a un ritmo que la construcción no sigue, y que la presión demográfica sobre el suelo urbano es un hecho, no una opinión.
El cierre del intercambio no llega a acuerdo. Quien defendía el precio ético revela al final que abandonó el mercado inmobiliario tras catorce años como propietario y que hoy vive en un pueblo donde cultiva casi toda su comida. Quien defendía el precio de mercado sigue preguntando de dónde sale el dinero para sostener lo contrario. Entre ambos, un dato que nadie discute: el precio lo fija la escasez, y la escasez no se arregla con buenas intenciones.