ABC ENTREVISTA a los ANTIGUOS PROPIETARIOS del PISO DE mar1CARMEN

Los antiguos propietarios del edificio de Sainz de Baranda, en Madrid, han dado su versión del caso Maricarmen Abascal. Según su relato, la familia compró el inmueble en los años cincuenta con el dinero de un negocio de zapatería y confección, mantuvo a la inquilina por decisión propia pese a que el contrato habría terminado y vendió el edificio en 2018 a Renta Corporación.

Un edificio comprado con el dinero de una zapatería

El abuelo de la familia nació en Brea de Aragón y llegó a Madrid con una maleta. Empezó a trabajar y terminó montando un negocio de zapatería y después otro de confección. Sus cuatro hijas —cuatro de seis hermanos— trabajaron toda su vida en la fábrica de confección. Con ese dinero, generado desde cero, la familia pudo comprar el edificio entero en Sainz de Baranda en los años cincuenta. No fue un regalo ni una herencia: fue el fruto de décadas de trabajo en unos locales que poco tenían que ver con el barrio en el que hoy se encuentran.

Cuando el abuelo adquirió el inmueble, aquello no era el barrio del Retiro que es ahora. Era un barrio de trabajadores con muchas casas de renta antigua. Uno de los nietos recuerda haber jugado de niño en los montones de arena de las obras y sus hermanos recuerdan haber visto ovejas pastando por allí. Los padres vivían en el segundo C y D. El padre, abogado, tenía además su despacho en el mismo edificio. La familia ocupaba varios pisos de la finca.

Una inquilina a la que decidieron mantener

Maricarmen Abascal llevaba años viviendo en el edificio. Según la situación jurídica de entonces, el contrato habría terminado. Pero las tías del entrevistado decidieron mantenerla. Tenía unos setenta años en 2007. Eran cuatro hermanas que habían trabajado toda su vida en la fábrica familiar y optaron por no forzar la salida de una mujer que ya tenía una edad. «Se habla mucho de propietarios que quieren echar a la gente de sus casas, pero en nuestro caso se hizo lo contrario», sostiene uno de los antiguos propietarios. «Se mantuvo una situación por empatía».

Las cifras de lo que pagaba Abascal aparecen en la documentación que maneja la familia. En febrero de 2010, el recibo total era de 436,06 euros. En la documentación de la finca de 2016 figura una renta de 154,38 euros. Esos recibos incluían otros conceptos: portería o conserjería, agua, calefacción y determinadas cantidades correspondientes a obras. El entrevistado, que se casó en 1999 y tuvo una hija en 2002, volvió al edificio en enero de 2003 y se fue a vivir al sexto D, justo enfrente de la vivienda de Abascal. Pagaba por el mismo piso que era suyo en parte a su familia 700,58 euros de renta y 758 euros de recibo total.

La venta de 2018 y el traslado de la familia

La convivencia no era fácil, según el relato de los antiguos propietarios. Abascal se quejaba constantemente de la calefacción, del ascensor, del ruido. El entrevistado tenía tres hijos pequeños y también recibía quejas porque los niños hacían ruido. «Allí las casas estaban a 28 grados», recuerda. Describe a la inquilina como una persona que protestaba por todo y que nunca mostró agradecimiento por el hecho de que la familia decidiera mantenerla en la vivienda.

Con el tiempo, la familia terminó asumiendo los gastos de reparación del edificio. Cada vez que había que hacer una obra —la pocería, los patios, arreglar la maquinaria del ascensor— les tocaba poner dinero. Terminaron vendiendo el inmueble en 2018, aproximadamente en mayo, a Renta Corporación. El entrevistado se fue a vivir de alquiler. Su hermano se mudó a Torrelodones y su hermana, que vivía en la casa de los padres, se marchó a una vivienda en Asturias. Él se instaló en Rivas-Vaciamadrid, donde pagaba 1.200 euros por un chalet.

«Nosotros no somos hijos de marqueses»

La imagen pública del caso ha generado incomodidad en la familia. «La imagen que se ha dado es la de una pobre anciana desahuciada y, desde mi experiencia personal, no encaja con la persona que yo conocí», afirma el entrevistado. En el barrio era conocida por un apodo que aludía a la lechería que tenía su madre entre Fernán González y Narváez. Cuando vendieron la casa, comentaron que se habían librado de aquella situación. Ahora, con el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, el entrevistado tiene la sensación de que la historia le ha salido bien a la inquilina. «Primero la tuvimos subvencionada nosotros durante años y ahora parece que vamos a seguir manteniéndola a través de nuestros impuestos», dice.

Lo que más indigna al entrevistado es que se haya olvidado la historia que hay detrás de la propiedad. «Una familia que ahorró, trabajó y que mantuvo durante décadas un edificio y unos contratos de alquiler. Y que después ese patrimonio se vendió legalmente», resume. Su preocupación es que se persiga a quienes intentan construir un ahorro para su jubilación o para sus hijos. «No nos regalaron un edificio en Sainz de Baranda», insiste.

Este relato no cuestiona las decisiones judiciales ni administrativas que hayan podido adoptarse en el caso. Solo añade la versión de una familia que, según sus propias palabras, no se reconoce en la imagen pública que se ha proyectado de ella. Cualquier decisión sobre contratos de alquiler o desahucios corresponde a los tribunales y a la administración.