15 paises firman para llevar a los forasteros-patera a centros fuera de Europa

Quince países de la UE piden centros de migrantes fuera de Europa​

Quince Estados miembros han remitido una carta a la Comisión Europea para reclamar un endurecimiento de la política migratoria que incluye crear centros fuera de la UE para los migrantes rescatados en el mar y acelerar las expulsiones de quienes no obtienen asilo. Entre los firmantes figuran Italia, Grecia, Malta, Países Bajos y Dinamarca. España, Francia y Alemania no aparecen en la lista. La propuesta llega justo cuando la Unión acaba de poner en marcha el pacto migratorio alcanzado en diciembre.

El modelo que se quiere replicar tiene nombre propio: el acuerdo que la primera ministra italiana Giorgia Meloni cerró con Albania. Bruselas lo ha avalado con un argumento técnico que estos quince países quieren convertir en doctrina: el pacto entre Roma y Tirana queda fuera del ámbito de aplicación de la legislación comunitaria, por lo que no la infringe. Traducido al castellano: si el centro está fuera de la UE, las garantías europeas no viajan con él.

Qué propone exactamente la carta de los quince​

El texto plantea tres patas. La primera es externalizar la tramitación: detectar, interceptar o, en caso de peligro, rescatar a los migrantes en alta mar y llevarlos a un lugar predeterminado y seguro en un país socio fuera de la UE, donde se resuelvan sus solicitudes. La segunda es crear centros de retorno en esos mismos países socios para los migrantes irregulares, a la espera de que sus países de origen acepten readmitirlos. La tercera es acelerar las expulsiones de quienes no tienen derecho al asilo.

La elección del verbo importa. No se habla de acoger, se habla de detectar e interceptar. El rescate aparece como excepción, condicionado al peligro. Es la diferencia entre una política de fronteras y una política de traslado, y explica por qué el documento ha tardado en aparecer: hasta que la presión política no ha subido, nadie quería firmar según qué.

Por qué España no firma y qué se juega​

La ausencia española en la lista tiene lectura doble. Por un lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que los traslados a terceros países no garantizan seguridad en fronteras ni derechos humanos. Por otro, hay quien sostiene que España acabará sumándose a la medida, pero en el sentido inverso: como país receptor de los cupos que otros deriven. La sospecha circula con fuerza en el análisis más crítico con el Ejecutivo.

El argumento de fondo es económico antes que moral. Mantener un solicitante de asilo en territorio europeo cuesta una cantidad que ningún gobierno detalla en público; externalizarlo a un país socio se factura como ahorro. El precedente turco se cita como prueba: Alemania pagó al gobierno de Ankara para que alojara en campos a un contingente de migrantes, con la ventaja añadida de que las cláusulas de derechos humanos se firman y luego se incumplen sin que nadie devuelva el dinero.

El precedente de Albania y el aval de Bruselas​

El acuerdo Meloni-Albania funciona como laboratorio. Las organizaciones comunitarias lo criticaron con dureza, pero la Comisión de Ursula von der Leyen lo respaldó: sostiene que no infringe la legislación comunitaria porque queda fuera de su ámbito de aplicación. Ese aval es la pieza clave. Sin él, los quince no habrían movido ficha; con él, el modelo se puede replicar a escala europea sin tocar los tratados.

La pregunta que sobrevuela el expediente es geográfica. ¿Dónde se instalan esos centros? Se han mencionado países del norte de África y del Sahel, con Mauritania como candidata por proximidad y por dependencia de la ayuda exterior. El cálculo logístico es simple: cuanto más cerca del punto de salida, más barato el traslado y más probable la readmisión. Cuanto más lejos, más garantías de que el migrante no vuelva a intentarlo.

Quién gana y quién pierde con el modelo​

El negocio tiene dos caras. Para los países socios, los centros significan ingresos directos, contratos de seguridad y munición. Para las ONG que operan en el Mediterráneo, significa el fin del modelo actual: si el rescate desembarca directamente en un tercer país, la organización pierde su función y su financiación. No es casualidad que el sector más beligerante contra la propuesta sea precisamente el que vive de ella.

En el plano electoral, el cálculo es otro. Quince gobiernos han decidido que el coste de parecer duros es menor que el coste de parecer blandos. La ultraderecha crece en toda Europa y los partidos de gobierno han optado por copiarle el programa antes que competir contra él. La externalización es, en ese sentido, una medida defensiva: quitarle al adversario el argumento antes de que lo use en campaña.

El punto exacto donde el análisis se atasca es la ejecución. Los centros fuera de la UE requieren acuerdos bilaterales con países que no tienen por qué aceptarlos, financiación plurianual que ningún presupuesto ha detallado y un mecanismo de control que Bruselas ya ha dicho que no supervisará porque queda fuera de su ámbito. Quince países quieren el marco. Ninguno ha explicado todavía cómo se paga ni quién responde cuando algo salga mal.