Resumen del debate: Opinión controvertida: España debe volver a 30-35 millones de habitantes inmediatamente

Volver a 30 millones de habitantes: el plan que choca con la edad​

La idea lleva tiempo circulando por los márgenes del análisis económico y ahora ha encontrado su fórmula más explícita: devolver a España a una población de entre 30 y 35 millones de habitantes. El argumento que se presenta de partida no es identitario, sino aritmético. Menos gente, menos presión sobre la vivienda, los servicios públicos y el territorio. Sobre ese punto coinciden voces que rara vez coinciden en nada. El problema asoma en la segunda frase, la de cómo se llega hasta ahí. Porque la cifra no se alcanza por decrecimiento natural en un plazo corto; se alcanza sacando del censo a millones de personas de golpe. Y en el otoño de 2026, con el país por encima de los 50 millones de residentes, el asunto ha dejado de ser un entretenimiento de sobremesa.

¿Cuántos habitantes tiene España y a cuántos se propone volver?​

El punto de partida del cálculo está en el año 2000, cuando —según los cálculos que se manejan en el hilo— España contaba con 40 millones de habitantes. Hoy supera los 50 y en el debate hay quien proyecta 60 millones hacia 2032-2035. La propuesta original pide dar marcha atrás hasta 30-35 millones y sostiene que con esa cifra la vivienda dejaría de ser un problema y las infraestructuras respirarían.

El matiz que se cuela en esas cuentas es que 30-35 millones equivale, según varios de los cálculos que maneja el sector más crítico, a la población de nacionalidad española anterior a la gran entrada migratoria de este siglo. La cifra no se presenta como un objetivo demográfico neutral, sino como una foto del pasado. Ahí el ejercicio deja de ser economía y pasa a ser otra cosa. Uno de los participantes eleva incluso el ideal a 60-70 millones, pero solo bajo el supuesto —nunca cumplido, admite— de una industrialización plena del país en los siglos XIX y XX, a imagen de Francia.

De 50 a 30 millones: las vías que se proponen y sus agujeros​

Las vías para bajar el censo que aparecen en la discusión son pocas y todas incómodas. La más repetida pasa por expulsar a la población migrante sin permiso de residencia, con cifras que algunos llevan hasta los 15 millones. Otra apuesta por retirar todo tipo de subsidios, convencida de que el incentivo económico bastaría para que una parte de los residentes hiciera las maletas. Un tercer grupo asume sin pudor que el objetivo no sería pacífico y lo compara —con crudeza— con episodios históricos de violencia masiva.

Cuando se pregunta por el mecanismo concreto, la discusión se atasca. Hay quien reclama un modelo tipo Australia, con acuerdos con terceros países para reubicar a quienes no puedan ser repatriados. Hay quien apunta a un marco legal que endurezca fronteras y ordene salidas. Y hay quien admite que, sin un clima mucho más duro, ningún incentivo mueve a nadie. Incluso entre los partidarios, la conclusión compartida es que la cifra no baja sola.

La pirámide de edad: el dato que rompe el cálculo​

El obstáculo mayor no es logístico, sino biológico. La objeción que atraviesa todo el asunto es que el número bruto de habitantes importa menos que la estructura por edades. Recortar la población a 30 millones no rejuvenece nada. Si los que quedan son mayoritariamente jubilados, el sistema de pensiones y la sanidad soportan una carga relativa peor que con 50 millones de residentes en activo. El espejo que se cita es Japón: una sociedad opulenta, envejecida y con dificultades serias para sostener su estado del bienestar.

La natalidad es el otro frente. Las propuestas van desde ayudas mensuales por hijo hasta los 18 años hasta la retirada de prestaciones, según se confíe en premiar o castigar. Sobre por qué las generaciones jóvenes tienen menos hijos, el diagnóstico se divide: unos culpan a la precariedad laboral y los sueldos congelados; otros, a un cambio de prioridades culturales. Ninguna de las dos lecturas cuadra con llegar a 30 millones sin décadas de transición.

Vivienda, turismo y presión sobre los servicios públicos​

El gancho de la propuesta es la vivienda, y ahí el asunto toca hueso. La presión sobre el mercado residencial, con las zonas turísticas como epicentro, es lo que hace atractiva cualquier tesis que prometa menos demanda. En paralelo aparece el turismo como fenómeno a discutir. Se llega a sostener, con retranca, que en media ciudad no queda nadie que no sea visitante y que la vivienda se adapta a ese flujo constante.

El problema es que ese mismo diagnóstico también se lee al revés. Una población que envejece y mengua consume menos, trabaja menos y sostiene peor hospitales y carreteras. No hay una cuenta que cuadre las dos cosas a la vez: el alivio inmediato sobre la vivienda y el equilibrio a largo plazo de las cuentas públicas.

Qué se propone desde el plano político​

En el terreno legislativo, la referencia que se cita es la de Vox, que defiende el control de fronteras, la llamada remigración y la protección del inquilino y comprador nacional. Es decir, une política migratoria restrictiva con medidas de acceso a la vivienda para residentes. Frente a eso, la crítica de fondo es que ninguna formación puede resolver por decreto lo que es una tendencia demográfica de fondo, y que esperar la solución de quienes forman parte del sistema que generó el problema es un callejón sin salida.

Con estos números, la pregunta no es si cabrían 30 millones de españoles en España. Es si cabrían 30 millones de personas en un sistema diseñado para sostener a un país mucho más numeroso. El análisis se queda exactamente ahí, atascado, en el punto donde la aritmética se cruza con algo que ya no es aritmética.