Resumen del debate: El Estado se come ya el 54% del coste de un salario...

El Estado se queda con más de la mitad de lo que cuesta un trabajador​

¿Cuánto de lo que paga tu empresa por ti llega realmente a tu bolsillo? Un informe difundido estos días cuantifica en 21.100 euros anuales la carga que Hacienda y la Seguridad Social imponen al trabajador medio español, lo que equivale a decir que el Estado se queda con más de la mitad del coste total de un salario. La cifra, que circula acompañada de un gráfico de remos y galeras, ha reabierto el debate sobre hasta dónde puede llegar la presión fiscal sin que el contribuyente note que le están subiendo el sueldo por la vía de no bajárselo.

El punto de partida del descontento no es tanto el tipo nominal de cada tributo como su efecto acumulado. El IRPF no ha visto tocados sus tipos en bastante tiempo, pero tampoco se ha deflactado, lo que significa que cada subida salarial —aunque sea solo para compensar el IPC— empuja al trabajador a un tramo superior y Hacienda se queda con una porción creciente del aumento. A eso se suma el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que añade un punto porcentual sobre el sueldo, y el goteo de impuestos indirectos y tasas que no aparecen en la nómina pero sí en la cesta de la compra.

¿Por qué sube el IRPF si no han tocado los tipos?​

La respuesta técnica se llama progresividad en frío. Cuando la inflación corre más que los salarios, el trabajador pierde poder adquisitivo, pero su tipo efectivo de IRPF sube igualmente porque los tramos no se actualizan. El resultado es que Hacienda captura como mínimo un tercio de cualquier incremento salarial, incluso cuando ese incremento solo pretende mantener el nivel de vida. Con cada actualización de sueldos o pensiones, aunque sea del IPC o por debajo, el tipo efectivo aumenta.

Hay quien sostiene que este mecanismo explica por sí solo buena parte del aumento de la recaudación de los últimos años, y que llevamos casi una década perdiendo poder adquisitivo incluso los colectivos con rentas indexadas. La conclusión que se extrae es incómoda: no hace falta subir impuestos para subirlos.

La trampa del PIB: la deuda baja en porcentaje, no en euros​

Otro de los focos del análisis es la aparente mejora de las ratios macroeconómicas. La deuda sobre PIB ha bajado ligeramente, cierto, pero el PIB per cápita —el que de verdad importa a los ciudadanos— ha caído. El truco es doble: el PIB nominal crece porque somos más población, porque hay más gasto público y porque entran fondos europeos, no porque cada español produzca más. Y la inflación oficial con la que se deflactan esas series es bastante menor que la que percibe el consumidor en el supermercado.

El resultado es que la deuda sigue subiendo en términos absolutos, con cientos de miles de millones más que hace unos años, pero como el denominador se infla artificialmente, el porcentaje mejora. Si llega una recesión, aunque sea leve, el ratio se dispara y los intereses se comen lo que quede. La pregunta que flota es cuántas facturas pendientes hay todavía en los cajones.

Salarios estancados y productividad: el círculo vicioso​

El tercer eje del descontento es el estancamiento salarial. Los sueldos llevan más de quince años casi congelados, salvo las subidas del SMI, que han ido empujando los salarios medios hacia abajo por convergencia. La explicación más repetida apunta a la productividad dormida, la desindustrialización y el pequeño tamaño de las empresas. Pero hay una lectura alternativa: los salarios no los fija la productividad, la productividad solo marca el techo. Lo que determina el suelo es el poder de negociación, y ese se ha diluido con la entrada masiva de mano de obra, en su mayoría no cualificada, que empuja la economía hacia sectores de bajo valor añadido.

El resultado es un círculo vicioso: menos valor añadido, salarios más bajos, menos consumo interno, menos inversión en capital humano. Y mientras, el coste laboral total que paga la empresa sigue subiendo por la vía de las cotizaciones y los impuestos, aunque el trabajador no lo vea en su nómina.

¿A quién beneficia realmente el sistema?​

La sospecha que recorre el análisis es que el sistema no está diseñado para proteger al que cotiza, sino para sostener una estructura de gasto que crece sola. Se argumenta que una parte creciente de la población vive del esfuerzo ajeno a través de subsidios, rentas mínimas, ayudas al alquiler y empleo público, y que el que trabaja carga con la factura. En el lado opuesto, la defensa del Estado social recuerda que sin Seguridad Social y sin sanidad pública la alternativa es trabajar hasta los noventa años o pagar seguros privados inasumibles para la mayoría.

Entre ambos extremos, una corriente más matizada señala que el problema no es el tamaño del Estado en abstracto, sino su eficiencia: si todo ese dinero repercutiera en mejores servicios públicos, la carga sería defendible. El problema es que los servicios no mejoran al ritmo de la recaudación, y ahí es donde la confianza se rompe.

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La conclusión, si es que hay alguna, es que el sistema funciona exactamente como está diseñado: recaudar cada vez más sin que nadie tenga que subir nada en el BOE. Lo demás es literatura.