Resumen del debate: Al Dr. Muerte se le va de las manos: huelga por vivienda

Sol pide la huelga general por la vivienda con el decreto sin cerrar​

¿Se puede convocar una huelga general por el precio de la vivienda cuando buena parte de los convocados no tiene una nómina que defender? La asamblea de Sol lo ha intentado: ha pedido una huelga general por la vivienda después de una tercera noche con unas mil personas acampadas en la plaza. El Sindicato de Inquilinas, impulsor de la convocatoria, llamó a sostener y expandir la indignación hasta arrancar «soluciones estructurales y definitivas». La consigna que resume su estrategia es una: la acampada es el instrumento, no el objetivo.

El detonante es el decreto de vivienda del Gobierno, que sigue sin cerrarse y cuyo rechazo se da por hecho. La plaza vive en vilo ante su letra pequeña y ante la amenaza de desalojo que se atribuye a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La respuesta ya está escrita en las pancartas: si nos echan, volveremos.

Qué pide exactamente la acampada de Sol​

Convivencia vecinal, cartón, pancartas y una asamblea que se ha convertido en el órgano de decisión. La primera gran asamblea popular del campamento sirvió para fijar dos ideas: sostener la acampada y no confundir el medio con el fin. Quien dirige el mensaje insiste en que el problema desborda a cualquier dirigente concreto y a cualquier decreto aislado. De ahí el salto a una huelga general centrada en la vivienda.

Lo que sí tiene es calendario. El Ejecutivo debe mover ficha en el Congreso y la acampada ha decidido condicionar ese trámite con presión en la calle. Falta por ver si el pulso se juega en la Cámara o en la plaza.

Huelga general, ¿contra el Gobierno o contra la oposición?​

Aquí se abre la grieta más interesante. Una lectura sostiene que el destinatario real no es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino el bloque que puede tumbar los decretos: se convoca el paro cuando el PP y Vox aparecen más de quince puntos por delante de la izquierda, según una de las versiones que circulan en el debate. Otra versión, más cínica, apunta que la protesta estalla justo cuando el ciclo electoral castiga a quienes ahora la reciben. Y una tercera lo dice sin rodeos: esto es una huelga contra la oposición, porque si el decreto cae será porque otros lo han tumbado.

Sumar y los socios parlamentarios aparecen en las quinielas como quienes habrían empujado al presidente contra la espada y la pared. La protesta, en ese relato, no iría contra Sánchez sino contra quienes le impiden cumplir.

¿Por qué se duda de que la huelga general tenga recorrido?​

Porque una huelga general se sostiene con cotizaciones, afiliación y nómina, y la acampada no las aporta. Para pedir un paro hay que tener una hoja de cotización reciente, y buena parte de los acampados, se argumenta, trabaja de forma precaria o directamente no trabaja. De ahí la comparación que corre por las redes: pedir un paro en esas condiciones equivale a convocar una huelga de no lavarse. Otros recuerdan que los paros generales llegan y se van según el color del Gobierno y ponen el ejemplo de Italia, donde se convoca una o dos huelgas generales al año cuando manda la derecha.

También hay quien desplaza el foco hacia la inmigración y reclama cerrar la entrada al país y construir más vivienda. Es una postura que se repite en redes y que la propia asamblea no ha asumido como reivindicación.

De 1934 al 15M: los precedentes que se citan en Sol​

El repertorio histórico es amplio y algo tramposo. Se recuerda que el 15M estalló con un Gobierno socialista y se apunta que Aznar y Rajoy salieron de sus mandatos sin episodios de este tipo. Faltan tres días para que se cumplan 92 años del golpe de octubre de 1934, una fecha que alguien ha traído a la conversación con más retranca que rigor. Y ya está sobre la mesa un nuevo rodea el Congreso, la fórmula que en su día acabó en la calle y en los juzgados.

A eso se suma una denuncia que circula sin pruebas aportadas, según la cual la acampada habría contado con 3,7 millones de euros y unos locales en la antigua Tabacalera. Conviene subrayar que no pasa de ser una acusación. En paralelo, se cita el caso del País Vasco, donde 500 familias con vivienda protegida tendrían hasta 2028 para buscarse la vida tras la venta de bloques a un fondo de inversión.

Con tres noches de acampada, una huelga sin fecha y un decreto cuyo contenido no se ha detallado, lo único verificable sigue siendo la tienda de campaña.