Los toreros merecen lo que piden

El coste oculto de las políticas que se aplauden​

Cada vez que se sube el SMI, se amplía la sanidad pública o se promete una pensión digna, alguien paga la factura. La discusión pública suele ignorar quién. Un forero sostiene que el coste de mantener el sistema actual recae sobre los mismos contribuyentes que luego critican los recortes. La contradicción no es nueva, pero el detalle de las partidas sí.

El SMI se ha convertido en el campo de batalla donde se cruzan dos relatos incompatibles. Para unos, subirlo destruye empleo; para otros, es la única forma de garantizar un salario mínimo vital. Un participante afirma que el impacto sobre el empleo es menor de lo que se pronosticaba, pero el coste para las empresas pequeñas no es despreciable. La discusión, sin embargo, rara vez entra en el detalle de qué sectores absorben mejor la subida.

La sanidad pública es otro de los frentes. Un forero señala que el gasto sanitario por habitante ha crecido de forma sostenida, pero la percepción ciudadana es que el sistema se deteriora. La paradoja tiene explicación: el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas elevan el coste por paciente, mientras la financiación no sigue el mismo ritmo. El resultado es una lista de espera que se alarga y un personal sanitario que se quema.

En el apartado de pensiones, la sostenibilidad del sistema depende de la ratio entre cotizantes y pensionistas. Esa ratio se estrecha cada año. Las proyecciones demográficas no son halagüeñas, y las soluciones que se plantean —retrasar la edad de jubilación, incentivar planes privados— generan un rechazo inmediato. Nadie quiere pagar más ni recibir menos, pero la aritmética no admite muchas interpretaciones.

La discusión sobre privatizaciones suele simplificarse en un eslogan: o todo público o todo privado. La realidad es más matizada. La gestión privada de servicios públicos ya existe en sanidad, educación y pensiones, y su eficiencia es objeto de debate. Los datos comparados no ofrecen una conclusión única: depende del sector, del modelo de financiación y de la regulación.

El trasfondo de todo esto es una pregunta incómoda: ¿está dispuesta la sociedad a pagar lo que cuesta el Estado del bienestar? Las encuestas dicen que sí, siempre que no les toquen el bolsillo. La cuadratura del círculo sigue sin resolverse. Mientras tanto, la factura se acumula.