La Abogacía pide al Supremo levantar la suspensión del voto de la ley de nietos

La Abogacía pide al Supremo levantar la suspensión del voto de la ley de nietos​

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que levante la suspensión sobre el censo de la ley de nietos ante el adelanto electoral. La noticia, publicada por RTVE el 8 de octubre, ha reabierto el hilo con una pregunta incómoda: si el Supremo acepta, ¿quiénes votan y cómo lo hacen?

Qué se ha sabido​

El enlace de RTVE confirma que la Abogacía solicita al Supremo levantar la suspensión del voto de la ley de nietos. Un participante lo resume: «Los abogados del estado SOLICITAN al Tribunal Supremo que levante la suspensión sobre el censo de la ley de nietos, pero hasta dónde yo entiendo aún depende de dicho tribunal desbloquear o no esa medida cautelar». Otro apunta que la cifra que se maneja es de 400.000 personas y calcula que solo votaría un 10%, es decir, 40.000 votos. Se menciona que en Argentina hay «cientos de miles de gallegos» que obtuvieron la nacionalidad y no votaron en las últimas elecciones. También se pega un tuit de @Jusapol Madrid que pide votar en persona y denuncia que el Estado Mayor de la Guardia Civil esté en manos de dos imputados.

Dónde está la bronca​

El hilo se parte en dos. Unos sostienen que los nuevos nacionalizados no votarán: «No van a votar solo quieren la doble nacionalidad». Otros replican que el problema no es que voten, sino que alguien vote por ellos: «Que quieran votar es lo de menos, que alguien coja su documentación y vote por ellos es más que posible». La discusión deriva hacia el voto por correo y la gestión de Correos. Hay quien recuerda que una exresponsable del PSOE estuvo al frente de ese operativo. Frente a eso, otro participante lanza un cálculo: si esos 40.000 votos se colocan en circunscripciones donde el último diputado se decide por 1.000 votos, pueden mover de 20 a 30 escaños. La sospecha de fondo es que el adelanto electoral busca que esos votos no lleguen a tiempo. La Abogacía del Estado se lleva palos por su doble rasero: se la acusa de estirar el argumentario cuando el caso es político y de replegarse cuando el asunto es técnico.

Qué cambia respecto a antes​

Hasta ahora se daba por hecho que el fallo quedaba congelado. Ahora la Abogacía mueve ficha y pide al Supremo levantar la suspensión. Eso introduce un actor nuevo: el tribunal. La predicción que falla es la de que no habría movimiento hasta después del 29-N. La que se refuerza es la sospecha de que el calendario electoral es el que manda. Y entra un asunto nuevo: el censo. «No hace falta que vote, con estar censado basta», dice un participante. La discusión ya no es solo si votan, sino si están en el censo y quién controla ese censo.

El cálculo que circula​

Un participante hace números: de 400.000 posibles votantes, un 10% son 40.000 votos. En circunscripciones ajustadas, eso puede valer de 20 a 30 diputados. No es un dato oficial, es un cálculo que se lanza en el hilo. Otro añade: «cada voto no emitido es un voto del PSOE al 100% de probabilidad». La conclusión que se impone es que el Supremo tiene la pelota.