Resumen del debate: Abogacía del Estado: no es posible aplicar la ley de nietos

La Abogacía del Estado alega que el adelanto electoral impide aplicar el fallo del Supremo sobre la ley de nietos​

La Abogacía del Estado ha comunicado que el adelanto electoral hace «imposible» aplicar el fallo del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos, según la información difundida por @elDiario.es. El fallo afecta a los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la conocida como ley de nietos, que permite a descendientes de españoles obtener la nacionalidad. La Abogacía sostiene que el calendario electoral impide depurar el censo antes de los comicios. La decisión ha generado una ola de reacciones que mezclan el análisis jurídico con la sospecha sobre el uso electoral de los nuevos nacionalizados.

Qué dice el Supremo y qué alega la Abogacía​

El Tribunal Supremo había ordenado suspender la aplicación de la ley de nietos mientras se depuraban los expedientes. La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, responde ahora que el adelanto electoral hace materialmente imposible cumplir ese mandato antes de la cita con las urnas. La cifra que sobrevuela el asunto es de 400.000 personas que, según los críticos con el proceso, ya estarían incluidas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El argumento oficial es de calendario: no hay tiempo material para revisar expediente a expediente. La lectura política es otra. Hay quien sostiene que la Abogacía se ha convertido en un instrumento para escurrir el bulto cuando el Supremo aprieta, y quien recuerda que en otros asuntos, como los arbitrajes de renovables, el mismo organismo ha tenido que replegarse tras perder en los tribunales. La paradoja es que la institución que debe defender la legalidad admite por escrito que no puede cumplirla.

El censo que nadie quiere tocar​

El CERA es el punto caliente. Los 400.000 expedientes de la ley de nietos se incorporaron al censo con fecha 2 de agosto, según los datos que manejan los críticos con el proceso. Eso significa que, si no se depuran, esas personas podrán votar por correo en las próximas elecciones. Y si se les impide votar sin identificarlas correctamente, se abre la puerta a impugnaciones. Es la cuadratura del círculo que la Abogacía no resuelve.

La formación Iustitia Europa ha pedido formalmente suspender las elecciones hasta que el censo esté depurado, según ha difundido su responsable. El argumento es que votar con un censo contaminado compromete la regularidad del proceso. La respuesta del Gobierno, por ahora, es que no hay margen. El resultado es un limbo jurídico: ni se depura ni se suspende.

El peso real de 400.000 votos​

En términos aritméticos, 400.000 votos no deciden unas elecciones generales. Pero el sistema electoral español no reparte escaños de forma proporcional al voto total, sino por circunscripciones. Un cálculo que circula en el análisis del asunto apunta a que si solo vota un 10% de esos 400.000, es decir, 40.000 personas, y esos votos se concentran en circunscripciones donde el último escaño se decide por diferencias de 1.000 votos, el impacto puede ser de 20 a 30 diputados arriba o abajo. Suficiente para inclinar la balanza o para impedir mayorías suficientes.

Esa es la razón por la que el asunto ha dejado de ser una cuestión administrativa. No se discute si los descendientes de españoles tienen derecho a la nacionalidad. Se discute si el procedimiento se ha usado para inflar el censo con votantes potenciales en un momento decisivo.

Las sospechas sobre el voto por correo​

El voto por correo es el mecanismo que centra todas las suspicacias. La crítica más repetida es que el sistema carece de garantías: el votante introduce su papeleta en un sobre, lo entrega en Correos y no hay un precinto numerado que asegure que ese sobre llega intacto a la mesa. A partir de ahí, las hipótesis se disparan: desde el cambiazo de sobres en grandes centros de clasificación hasta la suplantación masiva.

No hay pruebas públicas de un fraude de esa escala. Lo que hay es un diseño institucional que, según los críticos, no permite descartarlo con rotundidad. La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿es logísticamente viable manipular miles de sobres en miles de oficinas sin que nadie lo detecte? La respuesta no está en los tribunales, está en la confianza.

El precedente que nadie cita​

La ley de nietos no es la primera norma que genera dudas sobre el censo. Los críticos recuerdan que en 2023 ya se detectaron irregularidades en el voto exterior, con votos emitidos por personas fallecidas o suplantadas. No hay sentencia firme que respalde esas afirmaciones, pero el relato ha calado.

Lo que sí es firme es la contradicción institucional: el Supremo ordena depurar, la Abogacía dice que no puede, y el calendario electoral avanza. En medio, 400.000 personas con derecho a voto y un sistema que, según los críticos, no ha sabido garantizar que ese derecho se ejerza sin sombras. El cierre no lo pone un tribunal, lo pone el tiempo.