El PSOE pide al supremo que puedan votar quienes no han acreditado ser nietos de exiliados.

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que levante la medida cautelar que suspendía el derecho al voto de los inscritos en el CERA por la ley de nietos, al considerar imposible verificar caso por caso antes del cierre del censo del 12 de octubre. El Supremo debe resolver tras dar 48 horas a las partes para alegar.

La Abogacía del Estado ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que sostiene que resulta materialmente imposible ejecutar la medida cautelar que suspende el derecho al voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la conocida como ley de nietos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El proceso de comprobación tendría que estar terminado antes del cierre del censo, previsto para el 12 de octubre. Por eso solicita el levantamiento de la suspensión y la estimación del recurso de reposición que presentó en septiembre.

Qué pidió el Supremo y por qué bloquea el voto

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó que quienes hubieran obtenido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y ya estuvieran inscritos en el CERA a través de la ley de nietos verían suspendidos "los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento". Es decir, la inscripción sigue ahí, pero no produce efecto electoral mientras no haya sentencia.

El problema, según los servicios jurídicos del Estado, es el calendario. Conforme al artículo 39.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el censo de electores debe estar disponible el 12 de octubre para su puesta a disposición de ayuntamientos y consulados, a efectos de consulta durante ocho días. En ese plazo cualquier persona puede formular una reclamación sobre sus datos censales. Si la revisión no está hecha para esa fecha, el efecto es la privación plena del derecho de sufragio activo con carácter irreversible, defiende el Gobierno.

168.896 electores y un registro que no distingue

La Abogacía del Estado cifra en 168.896 los electores que podrían verse afectados por la medida cautelar. En el escrito se explica que, si la imposibilidad material fijaba el 1 de enero de 2027 como lapso temporal razonable para poder certificar a esos votantes, esa imposibilidad se agrava cuando el plazo se acorta al 12 de octubre, y ello por exigirlo la LOREG.

El obstáculo técnico está en el Registro de Matrícula Consular. Según el escrito, ese registro no permite saber quiénes de los inscritos en el CERA lo están por la Ley de Memoria Democrática o por otro motivo, sin realizar una comprobación manual, caso por caso, de las anotaciones marginales practicadas. La ejecución del auto del Supremo requiere una adaptación informática que se está desarrollando. Dada la antigüedad de la aplicación de la ley de nietos, no es posible hacer el expurgo automático completo entre las distintas vías por las que se adquirió la nacionalidad, insiste la Abogacía.

Las cifras que maneja el Gobierno a través de sus servicios jurídicos son abultadas: hay 304.272 nuevas solicitudes pendientes de resolución y 1,1 millón de peticiones pendientes de tramitar.

Quién se ha movido para que la suspensión siga viva

Tras el anuncio del adelanto electoral del 29-N, Iustitia Europa y Vox presentaron sendos escritos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo para asegurar la eficacia de la suspensión cautelar. Iustitia ha pedido a la Sala que ordene determinar "de manera inmediata" a quiénes afecta la cautelar. Vox ha solicitado al Alto Tribunal que declare que la suspensión acordada "es aplicable a las elecciones del 29 de noviembre de 2026" y que ordene a la Junta Electoral Central tomar las medidas inmediatas para "salvaguardar la finalidad de la medida cautelar".

El Supremo ha dado 48 horas a las partes para que presenten alegaciones antes de resolver el recurso sobre la ley de nietos. La decisión que salga de ahí determinará si esos 168.896 electores pueden votar o no el 29-N. El asunto mezcla derecho electoral, extranjería y un calendario que no admite prórrogas: el censo se cierra el 12 de octubre y no hay margen para revisar a mano cada expediente.

Todo lo anterior son planteamientos jurídicos y electorales en curso. Cualquier decisión sobre derechos de sufragio o nacionalidad conviene consultarla con un abogado especializado.