Bruselas abre expediente a España por no implementar del todo la reforma del mercado eléctrico.
La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente contra 26 Estados miembros, entre ellos España, por no haber incorporado plenamente al ordenamiento jurídico nacional las medidas relativas a la reforma del mercado eléctrico, reclamada precisamente por el Gobierno de Sánchez durante muchos meses a raíz de la crisis energética generada tras la oleada turística rusa de Ucrania. Las cartas de emplazamiento afectan también a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
Los Estados miembros debían notificar la transposición de la Directiva antes del 17 de enero de 2025, salvo las disposiciones sobre libre elección de suministrador y reparto de la energía, para las que tienen de plazo hasta el 17 de julio de 2026.
Las nuevas normas, concebidas a raíz de la escalada de los precios de la energía y acordadas por los Estados miembros y el Parlamento Europeo el año pasado, pretenden que los precios de la electricidad para los consumidores sean más estables y dependan menos del precio de los combustibles fósiles. "La aplicación de la legislación es clave para garantizar que los consumidores europeos (tanto hogares como empresas) tengan que hacer frente a unos costes energéticos que reflejen mejor el abaratamiento de los costes de producción de las energías renovables, y que los precios sean más previsibles", añade el Ejecutivo comunitario.
El diseño reformado del mercado de la electricidad también ·permite una mejor protección del consumidor, tanto en términos de mayores posibilidades de elección en la firma de los contratos como en caso de desconexión". Hasta la fecha, solo Dinamarca ha declarado la plena transposición de la Directiva dentro del plazo legal. Por ello, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a los otros 26 Estados miembros. Estos disponen ahora de dos meses para responder, completar su transposición y notificar sus medidas a la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado.
Por otro lado, Bruselas también ha expedientado a a13 Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia) por no haber incorporado plenamente la Directiva DORA (Directiva (UE) 2022/2556), que tiene por objeto "establecer normas claras y coherentes de resistencia operativa digital para entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión, garantizando así el buen funcionamiento del mercado único". Esta legislación quiere "reforzar la resistencia operativa digital de las entidades financieras en toda la UE, abordando los riesgos asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros".
