Fuente, quiero la fuente con esos historiadores que hablan de las justas oposiciones franquistas...Por mi parte le puedo decir que conozco un montón de gente que entro a dedo: por tener familiares ya funcionarios, por haber hecho la guerra con Franco, por tener padre cura y un largo etc.
Pues puede leer este artículo de Juan Francisco Martín Seco, que fue secretario de estado con el Psoe:
Ninguna otra razón que una tendencia autocrática que pretende prescindir de la división de poderes y considera a los tribunales obstáculo para sus fines.
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".....Un destacado administrativista escribió que las oposiciones han sido el único elemento democrático que permaneció durante el franquismo. Al menos en el tardo franquismo la inamovilidad en el empleo de los cuerpos superiores fue un factor que incidió positivamente en la neutralidad de la Administración, y permitió ocupar puestos relativamente relevantes a funcionarios con ideología alejada e incluso opuesta a la del régimen.
En 1976, recién muerto Franco fui testigo directo de la diferencia que había entre una Administración basada en las oposiciones como la española, a otras Administraciones en las que el acceso se fundamenta en procedimientos más arbitrarios como las que mantenía, al menos entonces, la mayoría de los países latinoamericanos. Trabajaba en el Servicio de Estudios del Banco de España y tuve que participar durante seis meses en el FMI en un curso de análisis monetario y política financiera, y en el que el resto de los asistentes (excepto uno que también era español) eran latinoamericanos.
Como yo adoptase en público, con frecuencia, posturas críticas sobre las ideas y teorías que desde el FMI se vertían en el curso, aquellos de los participantes que habían adquirido más confianza conmigo se acercaban asustados a recomendarme más prudencia, pues temían que desde el Fondo escribiesen quejándose a las autoridades de mi país, y que estas me expulsasen de la Administración. Comprendí entonces la libertad que concedía haber ganado el puesto de trabajo por oposición, y al mismo tiempo la garantía de objetividad que otorgaba a los ciudadanos este sistema de acceso a la función pública. Ha sido una creencia que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional y que he podido corroborar en otros muchos momentos.
Si se trata de “garantizar la igualdad de oportunidades en cuanto al sesso y la igualdad económica”, que es lo que parece preocuparles a los firmantes del acuerdo, pocos sistemas lo cumplen mejor que el de oposiciones. Ha sido uno de los mecanismos más eficaces de movilidad social, permitiendo el acceso a puestos socialmente elevados a personas de extracción humilde. Y en cuanto al género, actualmente ingresan más mujeres que hombres en la función pública. En la Administración no ha sido necesario establecer ninguna regla de paridad para que el número de puestos de relevancia ocupados por mujeres sea mayor o al menos igual que los que mantienen los hombres.
Fui de aquellos que, en los primeros años de la Transición, consciente de los defectos que a pesar de todo tenía nuestra Administración, temía que los cuerpos superiores y especiales, los asignados a una determinada función, terminasen por patrimonializarla. No ocurrió nada de eso. Los funcionarios actuaron con toda profesionalidad y disciplina. El verdadero peligro, por el contrario, se encontraba en que los políticos sean los que pretendan patrimonializar la Administración. El riesgo se fue haciendo tanto más real según se fueron constituyendo las Comunidades Autónomas, ya que, al surgir las Administraciones ex novo, el factor de pertenecer a un determinado partido o profesar la misma línea ideológica pesaba más que el mérito y la capacidad.
Dado que se ha venido produciendo un deslizamiento hacia arriba de niveles, los secretarios de Estado actuales equivalen a los directores generales de antes, y las hoy direcciones generales son las subdirecciones, cuando no las jefaturas de servicio, de los 25 o 30 años atrás. Ello debería conducir a la obligación de que al menos de director general hacia abajo todos los puestos tuviesen que cubrirse por funcionarios. En principio así está estipulado, pero como quien hace la ley hace la trampa, en el caso de los directores generales se prevé la excepción; eso sí, debidamente justificada, pero el papel lo aguanta todo, de manera que lo que teóricamente es una excepción se convierte muchas veces en la regla. Cada nuevo gobierno tiene la tentación de considerar la Administración como su propio cortijo y de realizar todo tipo de cambios. Especial importancia adquieren en esta dinámica las empresas públicas, en la mayoría de ellas han desaparecido los funcionarios y casi todos los trabajadores se han reclutado a dedo por los respectivos gobiernos, que han aprovechado estas instituciones para colocar a los afines y a los escogidos.
Si las oposiciones, al menos en la Administración Central, garantizan a los funcionarios la seguridad en el empleo, no aseguran, sin embargo, la inamovilidad del puesto de trabajo, porque la forma de proveerlos en muchos casos es la de libre designación, que comporta también la libre remoción. Ello concede al poder político una posibilidad cierta de presión, pues a menudo el cambio de puesto de trabajo repercute de modo apreciable en las retribuciones. Buen ejemplo de ello es lo ocurrido con Pedro Sánchez y los abogados del Estado.
Periódicamente surgen voces que ponen en duda el valor de las oposiciones. Lo consideran un mecanismo obsoleto y antiguo, y dirigen la mirada a aquellos métodos a través de los que el sector privado capta a su personal, que con frecuencia están condicionados por la recomendación y el tráfico de influencias. En uno de los gobiernos de Zapatero, Jordi Sevilla, que era el de las grandes ideas, el de enseñar la economía en dos días y el del tipo único en el impuesto sobre la renta, fue ministro de las administraciones públicas. Sus ocurrencias se centraron en convertir toda la Administración en agencias y en cambiar el sistema de acceso a la función pública, criticando el sistema de oposiciones y sustituyéndolo por la entrevista, y la valoración de méritos entre otros criterios; en definitiva, los procedimientos del sector privado, todos ellos de difícil cuantificación y valoración y que permiten la discrecionalidad cuando no la arbitrariedad. Menos mal que no supo, o no le dio tiempo, llevar a cabo sus propósitos...."
Un ejemplo claro de la imparcialidad de las oposiciones durante el franquismo es el caso de Angel Viñas, que sacó las oposiciones al cuerpo de técnicos comerciales del estado en el 68, y luego se ha dedicado a escribir libros de historia con una visión muy negativa del franquismo.
