Para iniciar la tramitación de zona tensionada deben cumplirse dos requisitos: que haya 100 demandantes de vivienda en alquiler inscritos en Etxebide que lleven dos años sin encontrar piso; y que los precios medios de alquiler en la zona sean un 10% superiores a la renta media de la localidad. Estas áreas serán declaradas mediante una orden del consejero de Vivienda a petición de los propios ayuntamientos o de oficio.
El alquiler forzoso se podrá efectuar en las desocupadas transcurrido un año desde su declaración como deshabitadas y obligará a tenerlas en alquiler público por un máximo de cinco años (prorrogables otros cinco). Las personas propietarias podrán percibir una renta o en caso de que no haya acuerdo, una indemnización.
El decreto también prevé para los casos más extremos la expropiación forzosa, que se aplicará a viviendas vacías por más de un año en zonas de acreditada demanda «cuando la expropiación resulte adecuada para garantizar su uso o en casos en los que esa residencia esté en riesgo de ruina o incumpla las normativas de conservación y genere inseguridad para las personas». En estos casos, se priorizará su rehabilitación y puesta a disposición de asociaciones sin ánimo de lucro.
Las personas propietarias de pisos sin uso podrán acceder a las ayudas públicas a la rehabilitación y fuentes de la viceconsejería han remarcado que, las obras para acondicionar aquellas que vayan a ser destinadas al alquiler protegido, «tendrán prioridad y ayudas adicionales». Además, los dueños tendrán la posibilidad de cederlas temporalmente al Gobierno vasco a través del programa Bizigune o al programa de intermediación de alquiler ASAP. En estos casos las rentas a percibir por los propietarios podrían llegar hasta 775 euros al mes.
